- Después de más de diez años de la agresión militar en contra de ambas mujeres Me’phaa, la impunidad castrense permanece intocada.
- Activistas de diversas regiones del mundo urgen al Presidente de la República a que garantice la cooperación de la SEDENA con la FEVIMTRA de PGR para que los responsables sean llevados ante un tribunal civil a la brevedad.
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 30 de septiembre 2012.– A dos años de que fueran notificadas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, continúa pendiente el cumplimiento de los fallos, principalmente en materia de justicia.
Como es sabido, en dichas resoluciones la CorIDH determinó que en diferentes circunstancias durante el año 2002, a la edad de 25 y 17 años respectivamente, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas del pueblo Me’phaa, habían padecido graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominó “violencia institucional castrense”. Las sentencias emitidas por la CorIDH en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo contienen 16 y 17 resolutivos respectivamente, con reparaciones de carácter individual, familiar, colectivo, estructural y comunitario.
Pese a que las sentencias tienen un carácter definitivo e inapelable, el Estado mexicano no ha dado pasos efectivos suficientes para el cumplimiento de la totalidad de las medidas de reparación. Esto es particularmente notable respecto de los nulos avances en las investigación de las violaciones sexuales cometidas por los elementos del Ejército Mexicano, atribuibles a la falta de cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Procuraduría General de la República.
En este sentido, la investigación que se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) se ha centrado en efectuar diligencias para subsanar las deficiencias generadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En esta labor, ha sido notoria la falta de cooperación de la SEDENA, que continúa sin subordinarse al poder civil. A la fecha, la FEVIMTRA no ha consignado los expedientes ante la Justicia Federal a pesar de que hay elementos de prueba suficientes para ello. Paradójicamente, a más de diez años de la agresión militar en contra de Inés y Valentina y a dos años de emitidas las sentencias, la circunstancia que motivó la denuncia ante el Sistema Interamericano no ha cambiado: la impunidad militar hoy persiste.
Al margen del rubro justicia, continúa pendiente el cumplimiento de varios extremos de las sentencias, tales como la creación de un fideicomiso público para asegurar la reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos al término de esta administración, mecanismo transexenal necesario para que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú –así como otras víctimas- accedan a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta necesidad de concretar medidas transexenales, cuyo seguimiento compete a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, es urgente también respecto de las medidas reparatorias, educativas, comunitarias y de salud.
Pero las omisiones no sólo recaen en PGR y SEGOB; los tres poderes de la Unión enfrentan rezagos. En cuanto al Ejecutivo, es necesario que ante el inminente fin de la administración se concreten las medidas reparatorias pendientes. En lo tocante al Poder Judicial, es el momento oportuno para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie la discusión del Expediente Varios 1396/2012, hoy en la ponencia del Ministro Ortiz Mayagoitia, relativo a la determinación de las obligaciones que para la judicatura emanan de las sentencias dictadas por el Tribunal Interamericano en los casos de ambas mujeres. Finalmente, el Senado de la República debe llevar a cabo en el presente periodo la reforma al Código de Justicia Militar, que ha sido ordenada en cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este marco, ante la persistencia de la impunidad castrense y frente al incumplimiento de varias medidas reparatorias, durante el mes de septiembre se lanzó la campaña “Contra la impunidad militar: Verdad, justicia y reparación para Inés Fernández y Valentina Rosendo”. En dicha iniciativa, más de 1,300 personas de México, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Finlandia, Austria, Argentina, España, Italia, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Italia -entre otros países-, demandaron al Presidente Calderón que garantice la total cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con la PGR para que los responsables de los hechos sean consignados ante un juzgado federal a la brevedad, antes de que termine el sexenio. Por su parte, las organizaciones ACAT (Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura) y Amnistía Internacional lanzaron con sus activistas sendas campañas de apoyo para exigir al Presidente Felipe Calderón el cumplimiento de las sentencias.
Para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, así como para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es imprescindible señalar que en el segundo aniversario de la emisión de las sentencias y a más de diez años de la agresión militar, la impunidad permanece intocada. En ese sentido, pese al desgaste acumulado, ambas mujeres Me’phaa seguirán demandando justicia con la determinación y valentía que lo han hecho a lo largo de todos estos años.