CON IMPUTACIONES FALSAS Y TESTIGOS ALECCIONADOS SE VINCULA A PROCESO A DETENIDOS DE LA CONCEPCIÓN
Acapulco, Guerrero, 16 de enero de 2018.
Con investigaciones viciadas, irregulares, imputaciones falsas y testigos aleccionados por parte de la Fiscalía, la Juez de control y enjuiciamiento Penal de Acapulco, vinculó a proceso, por el delito de homicidio calificado a las 25 personas detenidas el pasado 7 de enero. Tres de los procesados son adultos mayores, dos se encontraban en proceso de reeducación y 23 de los 25 forman parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). Esta práctica de imputar de manera generalizada a todos los detenidos sin ponderar las circunstancias particulares de cada caso, vulnera los principios de imparcialidad e independencia que debe observar el Ministerio Público.
La Fiscalía arribó 8 horas después de los sucesos trágicos de la madrugada del 7 de enero. Hasta ese momento resguardó la escena del crimen, sin que los cuerpos se encontraran en el lugar donde cayeron. Por su parte, los policías estales detuvieron de manera arbitraria a las personas que llegaron a la Concepción para participar en la Asamblea dominical del CECOP. En el operativo infligieron tortura a su dirigente Marco Antonio Suástegui y propinaron malos tratos a varios miembros del CECOP y mantuvo incomunicados a los detenidos. Con esas actuaciones ilegales la Fiscalía obtuvo pruebas que utilizó para conseguir un auto de vinculación a proceso.
Las declaraciones vertidas por 4 testigos, presentadas de última hora, muestran la intención deliberada de fincar responsabilidades penales a Marco Antonio Suástegui por ser el líder histórico del CECOP, apartándose de su deber de realizar una investigación objetiva e imparcial. La fiscalía utilizó el aparato estatal para criminalizar a quienes disienten del gobierno, vulnerando sus derechos.
La Investigación plagada de irregularidades por parte de la fiscalía, ponen en entredicho su mandato de ser un órgano de buena fe. Violentó los derechos de los detenidos y los de sus familiares, colocando al CECOP como una organización delincuencial, que sufre el escarnio de las autoridades y la persecución de los policías ministeriales. En lugar de procurar justicia, usó la ley para ajustar cuentas, porque la forma de investigar no clarifica los hechos del domingo 7 en la madrugada, por el contrario, los enturbia y contamina.
Lamentamos que pese a la reforma penal se siga utilizando el aparato de justicia para criminalizar a una organización comunitaria como el CECOP y se les dé trato de delincuentes peligrosos a los 25 detenidos, cuya lucha ha sido defender su territorio contra el proyecto hidroeléctrico La Parota.
Como Tlachinollan demandamos justicia para todos los asesinados. Se requiere una investigación exhaustiva, imparcial y objetiva para dar con los verdaderos responsables de estos asesinatos, así como el pleno respeto a las reglas del debido proceso, para los detenidos.