Tlachinollan y organizaciones contra partes en EEUU (CRFK, WOLA, LAWG y AI) informan a autoridades del gobierno de EEUU sobre las obligaciones de DH de México frente a la Iniciativa Mérida,
A un año de emitidas las históricas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo en Washington DC para informar ante diversas autoridades del gobierno de EEUU sobre el proceso de implementación de ambas sentencias; el funcionamiento del fuero militar y sus implicaciones en las investigaciones de Inés y Valentina; y los contenido para una adecuada reforma al Código de Justicia Militar.
En las reuniones sostenidas se informó que las sentencias dictadas en los casos de Inés y Valentina no sólo imponen la obligación de que ambas mujeres accedan a la justicia, sino que también proveen pautas precisas para que violaciones a derechos humanos tan graves como las que ellas vivieron no vuelvan a ocurrir. Este aspecto es de especial relevancia en el presente pues el cumplimiento de las sentencias fortalecería los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, hoy que el despliegue del Ejército y de la Marina en todo el país se ha traducido en un aumento dramático del número de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos castrenses, pese a las salvaguardas impuestas en la Iniciativa Mérida respecto a este rubro.
Asimismo, en las reuniones se hizo énfasis en los efectos negativos del fuero militar, lo cual se discutió a partir de los términos en que ocurrió el envió al fuero civil de las investigaciones, en donde se ha podido constatar como las actuaciones que durante prácticamente todo el año realizaron las autoridades del ámbito militar, están orientadas a encubrir a los soldados que torturaron y violaron a las señoras Fernández Ortega y Rosendo Cantú.
Los casos de Inés y Valentina son parte de un gran número de graves abusos militares que se mantienen en la impunidad. A la fecha, en México la Procuraduría Militar continúa investigando violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles, a pesar de la decisión de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que ordenan las cuatro sentencias emitidas por la CoIDH, y de las obligaciones contraídas en el marco de la Iniciativa Mérida. La incapacidad para juzgar apropiadamente aun los casos con perfil internacional y con un alto costo político refleja la negativa de establecer controles civiles en México sobre las fuerzas armadas.
Para conocer más sobre la información entregada a las autoridades estadounidenses, ir al sitio delRFK Center [en inglés]