COMUNICADO | Lamentables las acciones del gobierno federal en contra de personas defensoras de derechos humanos que acompañan el caso de los normalistas de Ayotzinapa

Las organizaciones exigimos al gobierno que explique las acciones del CISEN en contra de las y los defensores de derechos humanos de la Montaña de Guerrero

Las estrategias de inteligencia deberían estar dirigidas a investigar a los narcoalcaldes y no a quienes defienden los derechos humanos

México, D.F a 8 de diciembre de 2014.- En relación con la nota de Reporte Índigo publicada el día de hoy titulada Ficha Cisen a abogado de normalistas[1] las organizaciones abajo firmantes lamentamos las acciones del gobierno federal a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para investigar a quienes defienden los derechos humanos y descalificar su trabajo tildándolos de “peligrosos para la gobernabilidad”.

Según la información publicada, el CISEN reporta que “Rosales Sierra y Abel Barrera, por las causas que abanderan a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, forman parte de los elementos considerados peligrosos para la gobernabilidad”.

Es indignante que los recursos públicos se utilicen para debilitar al movimiento de derechos humanos en lugar de utilizar los capacidades de inteligencia para combatir la infiltración y corrupción de los narcogobiernos y lograr que las graves violaciones a derechos humanos no queden en la impunidad.

La reconocida trayectoria de Vidulfo Rosales como abogado y de Abel Barrera como director, en la defensa de los derechos humanos, ha sido fundamental en la región para oponerse a la impunidad y el abuso de poder desde hace años. Reprobamos el intento del gobierno federal para desacreditar y hostigar el trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Hace un mes, organizaciones de la sociedad civil denunciábamos a través de un comunicado[2] que las declaraciones del gobernador interino de Guerrero aumentaban los niveles de riesgo de los defensores de derechos humanos en ese estado y descalificaban el trabajo de la organización “Tlachinollan”.

Ahora, exigimos al gobierno que esclarezca la información que se ha dado a conocer y que brinde garantías para que quienes integran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” puedan ejercer con absoluta seguridad y libertad el derecho a defender los derechos humanos.

Article 19

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P.

Centro de Derechos Humanos Fray Juan Gerardi

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)