Externan su preocupación ante posible negación de los derechos de las víctimas y desconocimiento de las obligaciones internacionales de México.
15 de agosto de 2012.- Las organizaciones nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos este posicionamiento, instamos públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que proteja los derechos de las víctimas al resolver el amparo en revisión 133/2012, relativo al caso de Bonfilio Rubio Villegas.
Durante años, hemos seguido con atención la lucha que decididamente han librado los familiares de este joven indígena naua de la Montaña de Guerrero, ejecutado extrajudicialmente por soldados mexicanos en junio de 2009, para exigir que autoridades civiles juzguen a los responsables de este crimen.
Por ello, celebramos que en diciembre pasado un Juez Federal ordenara la remisión del expediente al fuero civil. De igual modo, recibimos con desconcierto la noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional, actuando en representación del Presidente Calderón había impugnado dicha decisión histórica, a unos días de que anunció públicamente el traslado a instancias civiles de los casos vinculados con violaciones a derechos humanos.
En su momento, señalamos que este hecho ejemplificaba que pese al discurso oficial el Ejecutivo Federal seguía tolerando la aplicación de un fuero militar expansivo e hicimos votos para que al llegar este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal mexicano confirmara la valiente sentencia del Juez de Distrito.
Nuestra confianza en la Suprema Corte mexicana fue confirmada mediante las decisiones adoptadas en los conflictos competenciales discutidos en los últimos días, respecto de los cuales una mayoría de Ministros y Ministras determinó que los expedientes debían turnarse al fuero civil.
No obstante, hemos constatado con preocupación que en algunos integrantes del Pleno han surgido reticencias ante la posibilidad de confirmar ese criterio en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, en el que se ha cuestionado el derecho de las víctimas a acudir al juicio de amparo e incluso se ha puesto en entredicho que el padre y el hermano del joven naua sean víctimas en el caso.
Al respecto, recordamos que de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos surge el derecho de las víctimas, entendidas éstas como los pasivos directos y sus familiares, a contar con un recurso efectivo y adecuado para impugnar la ilegal extensión del fuero militar, como lo recordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y el caso de los Campesinos Ecologistas (Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera).
Asimismo, recordamos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la discusión del amparo en revisión 133/2012 ocurre después de que México ha reformado el marco constitucional de los derechos humanos y del juicio de amparo, y cuando también han sido dictadas cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que versan, entre otros aspectos, sobre la necesidad de restringir el fuero militar. Este nuevo entorno normativo no puede soslayarse al analizar el amparo promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas.
La SCJN tiene ante sí la posibilidad de acotar el fuero militar, reconociendo en un caso como el que involucra a la familia Rubio los derechos de las víctimas, en un contexto donde los abusos castrenses crecen día a día. Esperamos que el Más Alto Tribunal mexicano esté a la altura de esta circunstancia y que en la discusión que continuará este jueves proteja los derechos de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas.
Asociadas por lo Justo (JASS); Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Tlachinollan); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS); Fundar Centro Análisis e Investigación (FUNDAR); Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG); Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República.