- Traslado a Guerrero de Marco Antonio Suástegui en cumplimiento a la resolución que ampara al defensor pese a recurso de revisión interpuesto por el gobierno del estado.
- Nueve meses con catorce días después de su traslado ilegal a un penal federal de máxima seguridad, exigimos se garanticen las condiciones para una defensa adecuada de Marco Antonio y el acceso pleno a sus familiares.
- Tlachinollan y el CECOP exigimos al Gobierno del Estado de Guerrero garantizar la seguridad del defensor comunitario en el penal local.
Chilpancingo, Guerrero, 01 de abril de 2015.- En vísperas de que el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo primer circuito en Acapulco, dentro del recurso de revisión 93/2015 emita una nueva resolución ordenando el regreso de Marco Antonio Suástegui Muñoz a un penal de Guerrero, el día de ayer el gobierno del estado de Guerrero trasladó al líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), al Centro de Reinserción Social de La Unión en el Estado de Guerrero.
El traslado del defensor comunitario a Guerrero se da en cumplimiento a la sentencia del 26 de enero de 2015 dictada por la Juez Tercera de Distrito dentro del juicio de amparo 649/2014 interpuesto a favor de Marco Antonio Suástegui Muñoz. En dicha sentencia la Juez determinó ilegal e inconstitucional la orden de traslado del defensor comunitario al penal federal «Noroeste» en Tepic, Nayarit, en razón de que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones particulares que motivaron la decisión de trasladar a Suástegui Muñoz al penal de máxima seguridad, lo que implicó una violación a sus garantías de legalidad, razón por la cual ordenó al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Guerrero su inmediato reingreso al penal de La Unión, Guerrero, como una forma de restituirle sus derechos que le fueron violados.
Sin embargo, el gobierno del estado de Guerrero se empecinó injustificadamente en retrasar el traslado de Marco Antonio a Guerrero, interponiendo un recurso de revisión extratemporal a manos del Director General de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, sobre el cual después se desistió; aún así, el Tribunal Colegiado ya habría admitido la evaluación del mismo. Estas acciones legales extemporáneas, que contrastan con los mensajes públicos del ejecutivo estatal frente al CECOP, son una clara prueba de la falta de voluntad política y el uso arbitrario del sistema jurídico por parte del Gobierno del estado de Guerrero, con el único objetivo de continuar la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos.
Cabe recordar que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del CECOP, fue detenido el 17 de junio de 2014 en Acapulco, Guerrero y trasladado de manera ilegal al Cefereso de Nayarit a raíz de un expediente fabricado en su contra, lo que impidió al líder comunitario tener acceso a una defensa adecuada y permitió al estado construir y consolidar una serie de acusaciones en contra del líder del CECOP, como fue denunciado en su momento. El proceso penal iniciado contra Suástegui Muñoz deriva de su lucha incansable por la defensa del Río Papagayo frente a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, proyecto económica, social y ambientalmente inviable y se suma a los innumerable casos de criminalización en el estado.
Es en este marco, que el gobierno del estado de Guerrero debe garantizar la seguridad de Marco Antonio Suástegui en el penal de La Unión y el pleno acceso de sus familiares y defensa; así como abstenerse de cualquier otra acción que violente su derecho a una defensa adecuada.
De igual forma, el CECOP y Tlachinollan hacen un llamado a la sociedad civil a que se mantenga atenta y dé seguimiento puntual a la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui y sobre todo a que continúen pendientes de la situación de las y los integrantes del CECOP ante una nueva embestida para imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota, hoy bajo el disfraz del Proyecto Nuevo Guerrero, ya incluido en el Plan de Infraestructura de este sexenio a nivel federal.