En el marco del Onceavo Aniversario del nacimiento del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera (CRAADET), sus integrantes, mujeres y hombres de los ejidos y bienes comunales que habitamos los Pueblos Indígenas, Campesinos y Afrodescendientes de la Región Montaña-Costa Chica, hemos venido hasta el centro del estado en Chilpancingo Gro., para manifestarnos y denunciar de forma libre, pacífica y pública, el inconsistente, deleznable y arbitrario marco de actuación por parte de las y los integrantes de la Procuraduría Agraria (PA), del Registro Agrario Nacional (RAN) y del Tribunal Unitario Agrario (TUA), por violentar sistemáticamente nuestros derechos agrarios, así como desconocer y quebrantar nuestros derechos indígenas, afromexicanos, así como de las y los campesinos.
De nada sirve que las tres instancias de la procuraduría dicen ser una institución de servicio social dedicada a la defensa de los derechos de nosotros y nosotras como sujetos agrarios, si de forma sistemática, nosotros debemos reaccionar ante sus arbitrariedades e inconsistencias al rechazar y negar nuestros acuerdos determinados conforme al derecho nacional e internacional, los cuales hacemos valer en los acuerdos que establecemos en nuestras actas de asamblea que el RAN rechaza registrarlas cuando de forma unánime nos oponemos al modelo extractivo minero.
De igual manera violenta el gran esfuerzo que hemos realizado al reformar y actualizar nuestros reglamentos internos en el caso de los ejidos y nuestros estatutos comunales en el caso de los bienes comunales, en donde incorporamos de manera amplia todo el marco de los derechos que tenemos vigentes y que de forma cínica niega el RAN,
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ratificando que el estado mexicano no acaba de respetar nuestros derechos, a pesar de las promesas y esperanzas que este gobierno planteó, pero que siguen lejos de cumplirse, como sucede con la reforma indígena.
Cuando el RAN niega el registro de nuestras actas y de nuestros reglamentos internos o estatutos comunales, de facto no sólo facilita las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extrajeras y transnacionales como las empresas mineras y otras relacionadas al modelo extractivo como las desarrolladoras de medicamentos que desean nuestra biodiversidad, sino también viola de forma fáctica el derecho al ejercicio de nuestra libre determinación y de nuestros procesos autónomos que han sido signados y están descritos tanto en la constitución, como en la misma ley agraria y varios tratados internacionales los cuales, en teoría, el gobierno de México está obligado a cumplir.
Sentencias sin implementar, actas y reglamentos o estatutos rechazados, carentes de contacto político con el procurador, son intentonas permanentes del gobierno para que dejemos de vernos de forma colectiva y pasemos a mirarnos como pequeños propietarios, son actos que violentan el fondo de nuestra forma de vida que se basa en la comunalidad, la solidaridad, el respeto por la naturaleza y el cuidado de todas y todos.
Al negar esos registros, niegan la posibilidad de que realicemos actos legales contra terceros, lo que significa dejarnos en indefensión, al mismo tiempo que nos mandan un mensaje absurdo y racista cuando están dispuestos a imponerse por encima de los acuerdos de nuestras asambleas.
Hacemos público nuestro enojo de lo lejos que estamos de las esperanzas que este gobierno prometió venían cambios verdaderos para las y los indígenas, afrodescendientes y campesinos de México, gobierno que manifestó una y otra vez lo letal del artículo 27 constitucional que desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó para poner al mejor postor la riqueza natural en la que vivimos y entregáramos la tierra al mercado y abandonáramos la forma de vivir en colectivo. Nada de esos cambios verdaderos sucedieron y para colmo tenemos que venir a pelearnos con
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directivos e instituciones que han fallado a su misión y objetivos para la que fueron creados.
Hoy venimos a la capital del estado a entregar un nuevo paquete de actas, reglamentos y estatutos de varios núcleos agrarios, un paquete que básicamente está orientado a protegernos del mercado depredador de las empresas mineras, así como también de quienes quieren nuestros bosques, nuestra biodiversidad y nuestra agua. Lo único que queremos es que respeten nuestros derechos, que no se entrometan con nuestra libre determinación y nuestra autonomía, que dejen hacer nuestro trabajo en defensa de la tierra ya que la procuraduría se ha negado a hacer el trabajo que le corresponde.
Si sus titulares del PA, del RAN y los jueces y Magistrados siguen obstruyendo la procuración de justicia, la promoción de la defensa del territorio la cual es su principal función y continúan tratando de imponernos una visión que no compartimos porque violenta nuestra colectividad, solicitaremos la renuncia de todos ellos y ellas hasta que las instituciones sirvan para lo que deben ser y dejen ser artífices del despojo de la tierra y nuestros cultivos, el territorio y los bienes naturales que tenemos.
Aprovechamos este acto para manifestar nuestra inconformidad contra el RAN porque han pasado más de un año en resolver el estatuto comunal de nuestras hermanas y hermanos de San Miguel del Progreso, quienes también son integrantes del CRAADET. Ellas y ellos entregaron el primer estatuto en el idioma Mè phàà y, a pesar de que el procedimiento dice que en 90 días entregarían la resolución, esta sigue empantanada, olvidada y quizás archivada evidenciando, no sólo el incumplimiento de sus propios procedimientos sino mostrando desdén, discriminación y racismo.
Basta…Las y los integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera (CRAADET),
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denunciamos públicamente las intromisiones y violación recurrente del derecho que nos corresponde por parte de las tres instancias principales; la procuraduría, el RAN y el Tribunal Unitario Agrario. Exigimos respeto y no estorben en la defensa del territorio que ni ellos ni otras instancias hacen en favor de nosotros.
Basta de que el procurador agrario el Lic. Luis Hernández Palacios siga la misma tónica del discurso federal al culpar a los gobiernos anteriores de neoliberalismo, la migración y el envejecimiento de los ejidatarios, que ocasionan según él, las asambleas sean muy débiles así como también exista falta de gobernanza por culpa del crimen organizado.
Le decimos que es su institución quien atenta directamente contra nuestra libre determinación y autonomía al negar el registro e inscripción de nuestros actos que evidentemente nos deja en vulnerabilidad jurídica ante terceros, porque este gobierno tampoco ha terminado con el neoliberalismo, ni la migración, ni menos aún la criminalidad.
Con este acto celebramos como CRAADET once años de presencia y en defensa de nuestro territorio en la Montaña-Costa Chica.
Fraternalmente integrantes comisariados agrarios integrantes del CRAADET Montaña-Costa Chica a 4 de octubre del 2023.