¿De vuelta a la verdad histórica?

 

Vidulfo Rosales Sierra

A estas alturas queda claro que la mal llamada “verdad histórica” fue una investigación plagada de irregularidades, construida a base de tortura a los detenidos, puestas a disposición con demora injustificada, manipulación de escenarios criminales y siembra de indicios. Este manoseo de toda la evidencia incriminatoria hizo trizas la indagatoria del gobierno de Peña Nieto. Casi todas las pruebas fueron obtenidas de modo inapropiado y por ello los tribunales las declararon ilícitas, excluyéndolas de su valoración.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, realizaron investigaciones de alto rigor técnico científico concluyendo que no existe evidencia científica para afirmar que los estudiantes fueron privados de la vida e incinerados en el basurero de Cocula y que en efecto las investigaciones de la entonces PGR fueron turbias y desaseadas.

Al inicio de su gobierno, AMLO estuvo de acuerdo en que la verdad histórica fue un artificio para desviar el conocimiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero al final de su mandato mantuvo posiciones contradictorias. Cuestionó con virulencia la resolución del Tribunal Colegiado de Reynosa Tamaulipas que resolvió que la verdad histórica fue una investigación irregular de donde se obtuvieron pruebas ilícitas.

Es verdad, este fallo dejó en libertad a muchos detenidos porque eran acusados con prueba obtenida de manera ilícita producto del manoseo de la investigación, pero también es cierto que el gobierno de Peña Nieto tuvo tiempo de ejercitar nuevas acciones penales y evitar que los detenidos fueran liberados. De hecho, el fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez lo hizo, logrando ejercitar acciones penales contra más de la mitad de los liberados. Pero el presidente AMLO invisibilizó estos logros enfilando sus ataques contra el fallo. Culpó a quienes lo promovieron, del fracaso de la nueva investigación cuando en realidad fue la presión militar lo que propició el cambio de postura del presidente. En medio de estas tensiones con los familiares de los 43 y sus abogados terminó su sexenio.

Con la presidenta Claudia Sheinbaum se logró reconstruir el diálogo. En las reuniones ha dicho a las madres y padres de los estudiantes que se cuenta con un nuevo equipo de investigación, que se va usar la tecnología y otras técnicas más científicas prescindiendo de los testigos por su poca fiabilidad y que ya impulsa nuevas líneas de investigación, sin decirnos cuáles.

En realidad, hemos visto que la investigación no termina de tomar rumbo. Las últimas detenciones tienen que ver con personas ligadas a la verdad histórica, como la de Juan Miguel Pantoja alias El Pajarraco. Según la indagatoria esta persona habría llevado en una camioneta de redilas a los estudiantes al basurero de Cocula y allí junto con otros participó en su asesinato e incineración. Esta hipótesis, como lo dijimos, fue hecha trizas por sendos estudios e investigaciones del GIEI, el EAAF y la ONU. En el basurero de Cocula no hubo un fuego de grandes proporciones capaz de quemar 43 cuerpos al aire libre, lo que hubo fue tortura para que los detenidos confesaran esta teoría, manipulación de escenarios criminales y siembra de evidencias para cuadrar “la verdad histórica” de la entonces PGR.

Por si fuera poco, hace algunas semanas la licenciada Elisa Macrina Álvarez Castro magistrada del décimo Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México dijo que no hay elementos para procesar por el delito de desaparición forzada a Blanca Alicia Bernal Castillo ex titular de la Unidad Antisecuestros de la anterior PGR, ya que ella no sabía dónde se encontraban los 43 estudiantes.

Hasta ahí los razonamientos de la magistrada se basan en el material probatorio, con sus matices, pero se puede afirmar que su criterio es objetivo. Pero de pronto disociándose de esta línea de razonamiento y sin estar relacionado con el caso en particular, incursiona en el plano político y afirma que: “Mientras no se encuentre a los estudiantes en lugar diverso al basurero de Cocula no se puede decir que la verdad histórica sea falsa”.

Esta afirmación de la magistrada es temeraria y raya en la irresponsabilidad. En realidad, en el fallo aparece como una mención tangencial, un mero desliz que no está fundado ni motivado. Para realizar tal aseveración la juzgadora tendría que revisar exhaustivamente los seis informes del GIEI, el peritaje del EAAF, el informe sobre injusticia de la ONU e incluso la sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, tendría que basarse en prueba objetiva para descartar que fueron torturados más de 30 detenidos, incluso desestimar el video en el que aparece Tomás Zerón torturando a una persona, desestimar que se manipuló la escena del basurero de Cocula y el Río San Juan y que se plantaron indicios en ese lugar. Por el contrario, la aseveración de la magistrada ocupa unos cuantos párrafos del cuerpo del fallo. Los representantes de las madres y padres ya se ocuparán de interponer los recursos legales contra esa actitud tendenciosa.

Lo preocupante es que tal afirmación no haya merecido la condena de la presidenta y otros funcionarios encargados del caso, como que volver a la “verdad histórica” les viene bien. Ahí no se dice nada del Poder Judicial, allí, la jueza claramente se apartó de su razonamiento probatorio y le dio un sesgo político a su resolución.

La falta de objetivos claros en las investigaciones actuales, el silencio del gobierno ante el fallo de la magistrada Álvarez y las últimas detenciones relacionadas con la verdad histórica, nos hacen pensar que vamos en retroceso.

¿Cómo avalar aquellas declaraciones que fueron arrancadas bajo tortura donde los detenidos fueron obligados a decir lo que la PGR de Murillo Karam quería que dijeran? ¿Cómo avalar que en el basurero de Cocula se hizo una pira para incinerar a estudiantes si se necesitaba grandes cantidades de madera y combustible difícil de reunir en tan poco tiempo? ¿Cómo avalar que 43 cuerpos fueron reducidos a cenizas con un fuego al aire libre cuando esa eficacia de incineración sólo se logra en un área cerrada como un crematorio? ¿Cómo avalar que ocurrió un incendio de grandes proporciones si en el centro de la retícula principal del supuesto fuego se encontraron más de catorce troncos de madera intactos?

En definitiva, la “verdad histórica” fue enterrada en el basurero del gobierno de Peña Nieto que hoy pretenden revivir.

Mientras tanto los documentos militares que pudieran dar un giro distinto a las investigaciones no son entregados a las autoridades civiles porque al Ejército Mexicano no le da la gana. Porque en este país ellos pisotean a su antojo las leyes y la Constitución.

Veremos que dice la presidenta Claudia Sheinbaum en la próxima reunión.

 

Publicado originalmente en El Sur