Destruir evidencias

En Guerrero es muy común que las autoridades se encarguen de destruir evidencias para obstruir las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos y garantizar impunidad para los perpetradores. La cuenta es interminable y el manto de la impunidad inabarcable, porque cubre todas las atrocidades cometidas por los gobernadores. En la matanza de Aguas Blancas el gobernador Rubén Figueroa ordenó editar los videos que registraron los hechos por parte de los agentes de seguridad del estado. La coartada era que los campesinos habían iniciado la agresión contra los policías. Todo se derrumbó cuando el periodista Ricardo Rocha decidió difundir en cadena nacional la versión original de la matanza.

En lugar de que el presidente Ernesto Zedillo solicitara al Senado de la República la desaparición de poderes en Guerrero y, al mismo tiempo, ordenara a la Procuraduría General de la República que investigara al gobernador por los crímenes cometidos en Aguas Blancas, prefirió transferir su responsabilidad política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para deslindarse del ex gobernador y obligarlo a pedir licencia. Hasta la fecha las viudas y las organizaciones sociales, como la OCSS, mantienen viva la lucha para que haya justicia por este crimen artero.

En los dos períodos de gobierno de Ángel Aguirre Rivero se cometieron crímenes atroces como la masacre de El Charco perpetrada por militares en junio de 1998; las ejecuciones de dos estudiantes normalistas: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, por parte de policías estatales y federales en la autopista del Sol, en diciembre de 2011. Otro crimen deleznable fue el asesinato de 6 personas (3 normalistas) y la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El gobierno timorato de Enrique Peña Nieto, en lugar de intervenir con toda la fuerza de su investidura y de ordenar que se investigaran a profundidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes, solapó a los responsables. Se desentendió del caso y de facto exoneró al gobernador del estado, a los mandos policiacos y militares que se coludieron con los grupos del crimen organizado. Fue omiso y negligente. Dejó que el caso perdiera fuerza y que todo quedara en manos de la procuraduría del estado. Fueron las madres y padres que con su reciedumbre y dignidad, levantaron un movimiento nacional que colocó contra la pared a un presidente de la república frívolo y ausente.

Con la tortura aplicada a los detenidos Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio armaron su verdad histórica. Fabricaron culpables, alteraron pruebas y destruyeron evidencias con la perversidad de encubrir a las autoridades responsables. A nivel estatal solo detuvieron al secretario de seguridad pública Leonardo Octavio Vázquez Pérez por el delito de delincuencia organizada. A más de una década, el miércoles 14 de mayo, fue detenida la exmagistrada Lambertina Galeana acusada por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia por desaparecer las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del palacio de justicia en Iguala. Este caso sigue siendo clave para esclarecer el caso Ayotzinapa.

Rememorando la noche del 26 de septiembre la salida de los autobuses de la central camionera fue caótica porque los policías ya iban persiguiendo a los estudiantes. De los 4 camiones que salieron juntos, 3 avanzaron rumbo al periférico norte porque no sabían dónde estaba la salida para Chilpancingo. Solo un camión, el 1531, tomó la ruta correcta, por periférico sur. De acuerdo con informes de la CNDH, de la COVAJ y el GIEI manejan un numero de 12 a 20 estudiantes que iban en el autobús 1531. La CNDH habla de 17 a 20 normalistas, el GIEI no precisa el número, pero más o menos da una cantidad de 15 a 17.

Cuando el autobús 1531 va a la altura del palacio de justicia los estudiantes son agredidos por policías de Iguala. El palacio de justicia es un punto estratégico porque en ese tramo se pueden regresar a Iguala o salir a Chilpancingo. También está la opción de tomar otro carril o agarrar la ruta para la caseta de Iguala. En ese lugar los interceptaron 4 patrullas, posteriormente llegaron 3 más de la policía municipal de Iguala, también acuden policías federales y policías del estado. El GIEI menciona la presencia de la policía estatal y la policía de Huitzuco.

De acuerdo con las investigaciones hay dos testigos que relatan la llegada de estas corporaciones policiacas. En la escena hay un soldado, un OBI, que a distancia registra los hechos. Los testimonios coinciden de que el autobús 1531 es atacado por los policías; rompen los vidrios, tiran gas lacrimógeno en el interior de la unidad para obligar a que los estudiantes bajen, porque se resistían. Los bajaron violentamente, unos no podían avanzar por su propio pie, por eso los arrastraron y los subieron a las patrullas de la policía de Iguala. Ahí es donde los testigos declararon que un policía dice «jefe, ya no caben». El jefe le contesta «no hay pedo, ahorita llegan los de Huitzuco». Los testigos manifestaron que en efecto llegaron 3 patrullas más y que fueron subidos los estudiantes que ya no cabían en las patrullas. Posteriormente las patrullas de Iguala, como las de Huitzuco, tomaron la ruta de Chilpancingo.

Estos hechos se conocieron por los testimonios de los choferes, porque de ese autobús ningún estudiante sobrevivió. En cambio, del camión 1568 si hay un sobreviviente, fue un estudiante de los que ahí viajaba. Fue herido de un brazo y como iba herido, cuando los tenían tirados en la tienda Aurrerá, frente a donde sucedieron los hechos, este estudiante fue sacado del grupo y se lo llevaron a un hospital para recibir atención médica. El estudiante fue asistido médicamente y él fue testigo. También hubo otro estudiante que se puso mal, porque padecía asma, eso le valió que lo sacaran del lugar y lo llevaran al hospital.

Como testigos pudieron decir cuántos venían, quiénes eran los jóvenes que iban en el autobús 1568. Hay un número exacto de estudiantes que fueron desaparecidos, pero esto se supo gracias a los testigos. En ese autobús se puede establecer de manera clara cómo estuvo la agresión y a dónde fueron llevados los estudiantes. En cambio, en el autobús 1531 ningún estudiante sobrevivió. La única prueba que hay son de los testigos que presenciaron los hechos. Lo que ayudaría a cerrar el círculo para el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes son los videos del palacio de justicia. Ahí había 6 cámaras; 4 con una visión fija, pero que alcanzó a registrar lo que estaba ocurriendo abajo del puente. Pudo captar dónde fueron atacados los estudiantes. Tenían una visibilidad perfecta. También había dos cámaras grandes que tenían mayor potencia y cobertura, la visibilidad y calidad del registro fue mayor. Eran cámaras que tenían una visión completa y que seguramente captaron con detalle lo que sucedió con los estudiantes que viajaban en el autobús 1531.

Las cámaras del palacio de justicia pudieron haber ofrecido elementos claves para saber qué es lo que ahí ocurrió. Con estos registros hasta se podrían ver quiénes eran los policías responsables y hacia dónde estaban llevándose los estudiantes. Por eso se deduce que la destrucción de estas evidencias que registraron la escena del crimen, tuvo el fin perverso de proteger a los perpetradores, de obstruir deliberadamente el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Por su parte la fiscalía general de la república (FGR) citó a declarar al jefe de informática del palacio de justicia y al técnico que operaba estas cámaras. Ellos refieren lo siguiente: «a nosotros nos solicitaron la información y sacamos la que estaba almacenada en ese dispositivo, la entregamos a la presidenta del tribunal y de ahí no sabemos qué ocurrió». La FGR realizó un peritaje al dispositivo y concluyó que hay indicios de que hubo otra persona que extrajo esa información antes de que los técnicos del tribunal lo hicieran. Los peritos refieren que cuando hay un ingreso al dispositivo, deja un registro de la hora en que alguien ingresó. Está acreditado que antes que los técnicos del tribunal accedieran, una persona desconocida ya había tenido acceso a las cámaras para extraer las imágenes claves del 26 de septiembre. El punto que debe dilucidarse es saber quién autorizó el ingreso. Otra circunstancia que manejan los peritos es que el sistema de cámaras de seguridad del palacio de justicia también era manejado de manera remota, por lo tanto, hay probabilidades de que a control remoto pudieran haber extraído los videos. Pero quién lo pudo haber hecho.

Es claro que la presidenta del tribunal y el personal que operaba las cámaras sabían cómo operaba ese sistema de seguridad, sin embargo, obstruyeron la investigación se negaron y se empecinaron en ocultar lo que realmente sucedió. Actualmente el video que tiene la FGR, y que fue entregado por el tribunal superior de justicia, no es visible, está totalmente oscuro. Lo increíble es que las imágenes que aparecen borrosas y oscuras tienen que ver con las horas críticas de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando desaparecieron a los estudiantes. En cambio, las imágenes que se registraron antes y después de los hechos violentos, son nítidas. Todos estos pormenores de la destrucción de las cámaras del palacio de justicia de Iguala el 26 y 27 de septiembre son los que la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa espera que proporcione con veracidad la ex magistrada Lambertina Galeana.