Esta es la tercera de doce biografías de defensoras y defensores del sistema de seguridad y justicia indígena del estado de Guerrero; doce entregas enmarcadas en la campaña «12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad».
Día 3. Samuel Ramírez Gálvez. Policía Comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, de la Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Samuel Ramírez Gálvez es un joven indígena Na Savi con apenas dieciocho años de edad, originario de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc., El cuarto de seis hermanos, se dedica junto a su familia a las tareas del campo en la parcela familiar, donde cuentan con un pequeño huerto de café y plátano. Como la mayoría de los jóvenes en la Montaña y particularmente en Metlatónoc, Samuel no culminó sus estudios básicos.
Samuel, quien habla poco español, fue nombrado policía comunitario de la comunidad de Zitlaltepec el 10 de agosto de 2013, uno de los pocos jóvenes que han sido nombrados con este cargo a tan corta edad. Su compromiso ante el trabajo comunitario se origina en una familia activamente vinculada con su pueblo. Durante la misma Asamblea comunitaria en la que Samuel fue elegido como policía comunitaria, Beatriz Gálvez Macario, su madre, fue elegida como Coordinadora de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, la primera mujer elegida para este cargo la historia de esta Casa Justicia. Doña Beatriz había desempeñado previamente el rol de Consejera de la Casa de Justicia durante dos años y es una de las mujeres de la CRAC activamente involucrada por más de una década, en la promoción de los derechos humanos de las mujeres del ejido de Zitlaltepec.
Samuel ha crecido junto a la CRAC-PC durante sus dieciocho años de vida, así ha sido formado en un sistema de respeto a los usos y costumbres y a los sistemas normativos de los pueblos indígenas desde su comunidad. En el estado de Guerrero, la CRAC – PC es un ente colectivo de los pueblos originarios, cuyo modelo de justicia sigue siendo efectivo y exitoso; los caminos y pueblos donde impera el sistema de justicia de la CRAC hoy en día son seguros; allí se puede caminar y dormir tranquilamente, aún cuando el funcionamiento de la Policía Comunitaria ha sido objeto de persecución y denostación permanente por parte de las autoridades durante toda su historia. La CRAC, cuenta con un reglamento que ha condensado los sistemas normativos de los pueblos indígenas que se encuentran en el territorio comunitario, sin asfixiar el dinamismo propio del derecho consuetudinario que por su propia naturaleza es oral y casuístico. Este reglamento es el marco de actuación de la Policía Comunitaria y sus Coordinadores.
Samuel fue detenido junto a otros 12 policías comunitarios de Zitlaltepec el 6 de octubre del presente año en Cochoapa El Grande, Guerrero. Se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Chilpancingo acusado del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, dentro de la causa penal 61/2013 que instruye el Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo, Guerrero. Los otros once policías comunitarios junto a los que fue detenido, fueron liberados bajo caución el 15 de octubre de 2013.
La dimensión de los operativos mixtos con los que se han llevado a cabo las detenciones de los defensores de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y su expedito encarcelamiento, contrasta notablemente con la ineficiencia con las que las autoridades guerrerenses conducen las investigaciones iniciadas por delitos cometidos contra las y los luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Por ejemplo mientras nadie ha sido sancionado por la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas en febrero de 2009 – entre los muchos otros casos de agresiones y asesinatos de activistas, defensoras y defensores – indígenas del mismo pueblo Na Savi son criminalizados. Tal es el caso de Arturo Campos Herrera, quien el día de ayer arbitrariamente y sin ninguna justificación después de haber sido detenido un día antes, fue trasladado a un penal federal de alta seguridad por el Gobierno del estado de Guerrero, con la complacencia de la Federación, con el claro objetivo de obstaculizar su defensa y de debilitar y amedrentar un sistemas de justicia comunitaria, con legitimidad en su arraigo en la comunidad y en los marcos normativos estatales, nacionales e internacionales.
«12 Días por la Defensa de Nuestra Vida y Nuestra Libertad»