El Charco: 27 años de impunidad

El Charco, municipio de Ñuu Savi, Guerrero 6 de junio de 2025.- El 7 de este mes se cumple un año más de la masacre de El Charco perpetrada por militares adscritos a la 27 zona militar de Acapulco.   

En la madrugada arribaron a la comunidad cientos de soldados. Cercaron la comunidad de El Charco y pueblos aledaños y dispararon contra indígenas Na Savi que pernoctaban en la escuela primaria indígena “Caritino Maldonado Pérez”. En ese lugar tenía ocasión una reunión de autoridades y miembros de varias comunidades. Analizaban temas de salud, educación y un programa de alfabetización. Los despertó el grito del general Alfredo Oropeza Garnica: “Salgan, perros muertos de hambre”. El imperativo del jefe militar fue seguido de los estruendos de más de 280 municiones y al menos dos granadas de fragmentación. Los indígenas que intentaban huir o alzaban la mano en señal de rendición fueron ejecutados con el tiro de gracia. Los testigos refieren que a muchos los llevaron detenidos a la cancha, los pusieron boca abajo y les dispararon en la cabeza.

El saldo fue de 10 indígenas Na Savi y un estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM) asesinados, cinco heridos graves, entre ellos un niño, 22 detenidos y torturados entre los que se encontraban 4 niños y una estudiante universitaria.

A la fecha este artero crimen se encuentra en la impunidad. Las únicas causas penales que se abrieron fueron contra los indígenas de El Charco. Los acusaron de rebelión, conspiración, terrorismo, acopio y portación de armas, la mayoría fueron sentenciados, pero no se abrió ninguna investigación por los 11 asesinatos, lesiones graves, detenciones arbitrarias y tortura contra los indígenas Na Savi de El Charco.

Por lo menos cuatro sobrevivientes al salir de prisión fueron asesinados en condiciones que no se han investigado. Después de la masacre el ejército mexicano mantuvo una fuerte presencia en la zona, cometiendo varias violaciones a los derechos humanos aplicando una estrategia de guerra preventiva o de baja intensidad. Las violaciones de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega forman parte de estas incursiones de contrainsurgencia llevada a cabo por militares. Esta represión y acoso militar disuadió y destruyó la organización autogestiva que estaban forjando las comunidades Ñuu Savi. A la fecha se encuentran en pobreza y marginación, no existen hospitales, la mayoría de las escuelas son multigrado, los caminos están en pésimas condiciones, en tiempos de lluvias se ven obligados a caminar varios kilómetros cargando sobre la espalda sus productos para llevarlos a vender a Ayutla.

Al día de hoy, no hay verdad, justicia ni reparación del daño integral a las víctimas, mucho menos reparaciones colectivas a las comunidades cuyo proceso organizativo fue cercenado por las balas y posterior hostigamiento militar.

El caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero en este organismo los trámites son tardados, máxime que a la fecha está debilitado por la embestida de varios gobiernos de las Américas, por lo que el horizonte de la justicia se avizora lejos aún.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum en días pasados hizo mención al caso, en el marco de las disputas partidistas con el expresidente Ernesto Zedillo, no se ha reunido con las víctimas ni se ha revisado el caso para que se inicien las investigaciones y se sancione a los responsables. Por esta razón 33 indígenas entre viudas y sobrevivientes han solicitado una reunión a la presidenta para expresarle la necesidad de justicia para las víctimas.

Por todo lo anterior, las víctimas de El Charco y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigen:

Que se realicen investigaciones exhaustivas y prontas castigando a los militares que perpetraron los asesinatos, lesiones y tortura contra los indígenas Na Savi de El Charco aquel 7 de junio de 1998.

De igual forma se procese a las autoridades del más alto nivel como el entonces secretario de la defensa nacional y presidente de la república que dieron la orden de asesinar y torturar a los indígenas Na Savi de El Charco.

Se repare el daño de manera integral a las víctimas y se otorguen reparaciones colectivas a las comunidades de El Charco y las que se vieron afectadas por el sitio y hostigamiento militar.

 

Atentamente

¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¡Los masacrados serán vengados!

Viudas y sobrevivientes de El Charco

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan