¡Justicia para Rocío Mesino!
a 12 años de su cobarde asesinato.
Justicia para Melchor Gonzaga, maestro del pueblo nahua
y miembro de la policía comunitaria,
asesinado este 17 de octubre en Olinalá.
Alto a la persecución de la policía comunitaria
Libertad de los cinco presos de la CRAC-PC de Xalpatláhuac
No se cómo le vamos hacer para sacar a nuestros esposos de la cárcel. De por sí la vida es difícil acá en el pueblo porque trabajas mucho pero no tienes dinero. En el campo nos levantamos temprano para hacer el itacate y allá en el cerro almorzamos y comemos. Solo así vamos sacando algo de maíz, frijol y calabaza, pero ahora que no están nuestros esposos ya no pudimos sembrar como cada año, porque no es lo mismo trabajar sola en el barbecho que trabajar varios de la familia. Aparte de la pena que traemos tenemos que atender a nuestros hijos. Todo se nos vino encima. Nuestra vida cambió. Tenemos que pedir dinero prestado para ir a Chilpancingo. Lo más triste es que no podemos hacer nada porque no conocemos las leyes y tampoco hablamos bien el español.
A todos los acusan de muchos delitos como si realmente se tratara de grandes delincuentes. A esos señores el gobierno no les hace nada, no los tocan. En cambio, a nuestros esposos por ser policías comunitarios los traen en la mira. Así pasó con los 5 que detuvieron en febrero; la síndica les había solicitado que trasladaran a una persona al hospital de Tlapa. Fueron los 2 comandantes y 3 policías que estaban de guardia. Nunca se imaginaron que les iban a poner el dedo y que la guardia nacional los iba a detener. Luego se los llevaron a Chilpancingo porque según son delitos federales los que cometieron.
El tiempo se nos ha hecho eterno pero lo que más nos ha hecho sufrir es el mal trato que nos dan todas las autoridades por ser mujeres indígenas: nos ignoran y se burlan cuando nos oyen hablar el nahua. Nadie nos explica cómo está el caso de nuestros esposos y a ellos los maltratan y amenazan. No nos quieren decir que les está pasando adentro de la cárcel, pero notamos que tienen problemas. Ya no sabemos qué hacer porque sentimos el rechazo de las autoridades y los abogados que se acercan no son para ayudarnos solo quieren dinero.
Por eso venimos a Caxitepec para pedirle a los coordinadores y a todos los policías que no dejen solos a nuestros esposos. Así como se organizaron para ir a Chilpancingo a exigir la libertad de su compañero que detuvieron en Ayutla, así queremos que lo hagan por nuestros familiares. Ellos fueron detenidos por cumplir con su deber, por ayudar a un enfermo. Su delito fue salir a Tlapa, por eso ahora los tratan como delincuentes. Eso no es justo, no cabe duda que el mismo gobierno no quiere que haya justicia para los pobres. Nos duele mucho la indiferencia de las autoridades, nos damos cuenta que para ellas nosotras como mujeres indígenas no contamos. No les importa que estén en la cárcel acusados de delitos que no cometieron. No los reconocen como policías comunitarios. Por eso vemos que a pesar de que se cumplen 30 años de la policía comunitaria al gobierno no le importa, porque no le gusta que el pueblo tenga su policía que lo cuide y que sus autoridades apliquen la justicia como lo hacían nuestros abuelos.
A 30 años de lucha sin cuartel la policía comunitaria (CRAC-PC) sigue siendo un actor incómodo para el gobierno estatal. No la reconoce y persiste la línea política de no permitir que se consolide como un sistema de seguridad y justicia entre los pueblos indígenas y afromexicano del estado. Ninguna legislatura se ha comprometido a reformar la ley para darle un estatus jurídico para hacer realidad el pluralismo jurídico que está reconocido en nuestra constitución. Hay consigna de los cuerpos de seguridad del estado, de la guardia nacional y del ejército de obstruir el trabajo de la CRAC-PC, de detenerlos y desarmarlos como hace 30 años. Así lo hicieron con los 5 policías de Xalpatláhuac y con el comisario de Coapinola y consejero de la casa de justicia de El Paraíso. Lo que pretenden es consignarlos por delitos graves como secuestro y portación de armas para atemorizar a los grupos de la policía comunitaria y desalentar la organización comunitaria. A las autoridades no les importa que la policía comunitaria contribuya con la responsabilidad que tiene el estado de garantizar seguridad a los ciudadanos. La CRAC-PC lo ha hecho como parte del mandato que tiene de los pueblos indígenas y con la población en general. Lo ha hecho con eficacia y con recursos de las mismas comunidades. A pesar de este gran esfuerzo, las autoridades de los 3 poderes del estado siguen tratando como enemigos a los policías comunitarios. Los criminaliza y estigmatiza y no respeta su derecho a la libre determinación y su autonomía.
Para los coordinadores de la CRAC un gran aporte de este sistema comunitario es la reeducación que es un paradigma de la justicia comunitaria que emergió en las asambleas regionales, donde florecen las reflexiones colectivas y donde se toman las grandes decisiones. En estos 30 años la CRAC-PC se encamina hacia el reconocimiento de nuestros derechos dentro de la constitución del estado de Guerrero. Peleamos para que se incorporara en el artículo segundo de la constitución federal, pero no lo logramos. Vamos a seguir insistiendo para que en Guerrero se reconozca este sistema de justicia como un modelo que funciona no solo en Guerrero, sino en todo el país, comenta desafiante un consejero de la CRAC-PC.
Actualmente la casa de justicia de Las Juntas-Caxitepec está cercada por los grupos de la delincuencia que pretenden socavar el sistema comunitario. En 1990 la ruta del mercado de Caxitepec hacia Ayutla era muy peligrosa. Atravesaban el crucero de Pascala del Oro, Tres Cruces, la región na savi de La Fátima, La Cortina, hasta llegar a San José la Hacienda y luego al mercado de Ayutla. Los caminos de terracería no permitían el acceso al servicio de transporte, situación que no ha cambiado mucho. Una camioneta de 3 toneladas era la única que llevaba a toda la gente que iba a comerciar sus productos a la Costa Chica.
Era un viaje en el que arriesgaban sus vidas como todas las comunidades de la CRAC. En el camino, no bastaban los tramos que llegaban a desbarrancarse, sino que en la zona mixteca, colindando con San José de la Hacienda, la gente era asaltada. Les quitaban toda su mercancía; los costales de jamaica les eran arrancados a golpes. Les quitaban relojes, playeras, zapatos, dejándolos semidesnudos. El peligro mayor era para las mujeres que terminaban siendo agredidas sexualmente sin que nadie pudiera hacer nada.
La población buscó la manera de protegerse, y se formó una policía rural que vestía ropa de civil en las camionetas, cuidando a los pasajeros para que no les pasara nada y llegaran a Ayutla a vender sus productos.
Anteriormente no había celulares, pero llegaba información remota de que en San Luis Acatlán y en Santa Cruz del Rincón se estaban organizando los pueblos y que habían formando la policía comunitaria. “Soñábamos con tener también nuestro sistema comunitario para cuidar a la población. Nos incorporamos en el 2008 a la CRAC-PC, asistimos a muchas reuniones. La casa de justicia más cercana era Espino Blanco, ahí nos adherimos. Como la distancia todavía era muy larga, empezó el sueño de invitar a otras comunidades para hacer una nueva casa de justicia en Caxitepec. Se hizo una reunión en Espino Blanco, la sede fue en la comunidad de Cuixinipa en el 2017, y se creó la casa de justicia de Caxitepec aprobada por las demás casas. Hoy está conformada por más de 42 comunidades adscritas a esta casa de justicia”, relata el coordinador Agripino Bailón, anfitrión de los festejos del 30 aniversario de la CRAC-PC.
La seguridad mejoró considerablemente, disminuyeron los delitos de robo de ganado, asaltos a mano armada. Hoy la justicia comunitaria se enfrenta a otros delitos como la delincuencia organizada. La policía comunitaria se ha mantenido al margen, pero siempre protegiendo a las comunidades. Las decisiones del sistema comunitario son tomadas en asambleas donde discuten cómo combatir al crimen organizado. Es preocupante que sean los pueblos y no los gobiernos los que tengan que tomar acciones porque en la vía de los hechos la población ha constatado que entre las autoridades hay complicidad, porque mantienen intacta sus organizaciones y más bien les han permitido expandirse territorialmente y enquistarse dentro de las estructuras del estado.
Ante la indolencia de las autoridades, el 17 de octubre en Tres Cruces las comunidades se reunieron para buscar una solución al narcomenudeo y el consumo de droga que se está extendiendo entre los jóvenes. Tomaron decisiones para rescatar a los jóvenes que están cayendo en el consumo de cristal. En la casa de justicia de Caxitepec hay cinco jóvenes de entre 16 y 18 años en proceso de reeducación por posesión venta y consumo de cristal. Ante esta situación los padres de familia se han involucrado con los coordinadores para coadyuvar en la atención de sus hijos que son rehenes de la delincuencia.
Los 30 años de la CRAC se han escrito con sangre por los policías caídos, han padecido persecución y cárcel por los malos gobiernos que no garantizan seguridad ni justicia. A pesar de que la violencia nos ha alcanzado en la Montaña la CRAC-PC es un bastión seguro para los pueblos. Son el ejemplo más claro de cómo el pueblo defiende al pueblo, de cómo se defienden los derechos desde la colectividad, de cómo se resiste la embestida del estado y de la delincuencia y que a pesar de los intentos de querer dividirlos prevalece la unidad en medio de la pluralidad, la coordinación, la lucha conjunta y la gallardía de hombres y mujeres que son como los robles. Resistentes e indoblegables. A pesar de tantas adversidades los pueblos indígenas sueñan con México plural e igualitario, donde la justicia brille para todos. Lo grave es que en Guerrero son los gobernantes los que no quieren que haya justicia para los pobres.