NOTA INFORMATIVA | El sistema de seguridad y justicia enfrenta la criminalización de las autoridades federales y estatales

Caxitepec, Municipio de Acatepec, Guerrero, 12 de octubre de 2019.- Este día se inició la celebración del veinticuatro aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) con la presencia de 250 comisarios Municipales, Delegados y Comisariados ejidales y Comunales de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco Municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec, Municipio de Metlatónoc y la casa anfitriona de Las Juntas Caxitepec, Municipio de Acatepec. El acto de la inauguración de los foros de análisis y discusión iniciaron a las once de la mañana, con la presencia de algunas autoridades como el Diputado local Alfredo Sánchez Esquivel, Ramiro Salvador Hernández, Presidente Municipal de Acatepec, un representante del Presidente Municipal de San Luis Acatlán y Caritino Maldonado delegado en la región de la Montaña de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Guerrero.

En el marco de los 24 años del surgimiento del sistema de seguridad comunitaria en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, coordinadores de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), se pronunciaron contra la criminalización que sufre la casa de justicia de El Paraíso y San Luis Acatlán por jueces federales.

Denunciaron que la casa de justicia de El Paraíso y de San Luis Acatlán, los Jueces Federales, les están ordenando dejar en libertad a los detenidos ante amparos que están interponiendo. A la Casa de Justicia de El Paraíso los están multando con más de 190 mil pesos y están enfrentando acciones penales por desacato de una orden judicial, corriendo el riesgo inminente de que las fuerzas de seguridad del Estado realicen operativos para liberar a personas que enfrentan procesos por delitos graves.

En su intervención el Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, llamó al Gobierno Federal y Estatal a que cese la criminalización y a las casas de Justicia de la CRAC-PC a tener una mayor articulación y a organizarse para defender sus derechos.

Refirió que desde que nace la policía comunitaria las autoridades estatales y federales se han empeñado a hostigar, criminalizar y encarcelar a las y los indígenas que pertenecen al sistema de justicia de los pueblos de la Montaña y Costa Chica. Hace unos años las autoridades judiciales le  dieron el ultimátum a  la policía  comunitaria, si ustedes portan arman,  los vamos encarcelar,  si  retienen a una persona,  los vamos a encarcelar, sin embargo, las y los coordinadores realizaron asambleas donde las comunidades decidieron seguir brindando seguridad ante la ausencia del Estado. Se organizaron y se hizo una marcha  de más  de cinco mil personas para desafiar al gobierno ya que el mismo gobierno estaba lejos de brindar seguridad y de hacer justicia. La resistencia no las heredaron nuestros abuelos y abuelas. Las comunidades tienen memoria histórica y porque no fue una ocurrencia de crear un sistema de justicia desde las comunidades, pues desde antes de la configuración de México como un  país ya existían los sistemas comunitarios.

Las autoridades comunitarias refirieron que la criminalización que hoy sufren es consecuencia de una Ley que creó el Gobierno de Héctor Astudillo Flores desconociendo las facultades que la CRAC-PC tiene para procurar, administrar e impartir justicia, la reforma aprobada en la legislatura pasada.

Por su parte, al inicio de las actividades del 24 aniversario de la CRAC-PC, Alfredo Sánchez Esquivel, diputado local del distrito 14, integrante del grupo parlamentario de Morena se pronunció a favor del sistema de justicia de la policía comunitaria y respaldó el trabajo de seguridad que realizan las comunidades indígenas y afromexicanas.

Los Pueblos llamaron a las autoridades judiciales y a Alejandro Encinas, secretario de gobernación de derechos humanos a que “no vengan a generar conflictos donde estamos en paz. Desde aquí les decimos, no le piquen al avispero”.

Dijeron “hoy tenemos que mirar el mirar el futuro de la CRAC-PC para la transformación social porque el gobierno del Estado quiere un futuro sin la CRAC-PC. Los pueblos han defendido luchando en las calles, encarando a las autoridades y no de rodillas”.

“Lamentamos que a 24 años de impartición de justicia por parte de la policía comunitaria los gobiernos sigan empeñados en desarticular al sistema de justicia comunitaria, pese a que 7 amparos que reconocen los derechos de los pueblos a impartir su propia justicia, no se diga de los tratados internacionales donde los pueblos originarios tienen derechos a la autonomía y a la autodeterminación. Hay precedentes jurídicos en torno a la justicia comunitaria, pero los jueces no toman en cuenta. No es posible que ahora al guerra se venga contra los pueblos. No es posible que la guardia nacional venga por los compañeros que dan un servicio a los pueblos”.

Se manifestaron por la unidad del proyecto de seguridad y justicia “más allá de nuestras diferencias el enemigo es otro. El poder de arriba es un poder que no tiene ojos y que actúa con brutalidad”.

Por ello acordaron la necesidad de realizar una reunión general de la CRAC-PC para que de ahí se trace un plan de acción de defensa del sistema de justicia comunitaria, así como para presionar al Congreso del Estado de Guerrero para que a la brevedad posible se mande la iniciativa y se apruebe la Constitución y la Ley 701 que reconozca los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y las facultades de la CRAC para procurar, administrar e impartir justicia.

Al final solicitaron que el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación para que a la brevedad posible los reciba y le puedan plantear la criminalización y persecución que sufren.

Las cinco casas de justicia de la policía comunitaria reprobaron y se pronunciaron enérgicamente contra la inseguridad y para exigir la presentación con vida del defensor indígena, Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido el viernes 11 de octubre. Las autoridades aún parcas y sin moverse, rebasadas por las bandas macrodelincuenciales.