En reunión exigen garantías de seguridad para familias jornaleras de la Montaña

Tlapa, Guerrero, 11 de noviembre de 2025. El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública se reunieron con las autoridades estatales en la casa del jornalero para que se garantice la seguridad de las familias jornaleras, porque desde el 29 de agosto han sufrido asaltos y extorsión por los delincuentes.

La reunión empezó a las 11:30 de la mañana con la incipiente comisión intersecretarial presidida por Abel Bruno Arriaga, secretario del Desarrollo de los Pueblos Indígenas (SEDEPIA) e integrada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar, Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría De Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, representación del Instituto Nacional para los pueblos Indígenas, el inspector regional de la policía estatal; y los presidentes y representantes de los municipios de Tlacoapa, Cualac, Tlalixtaquilla, Huamuxtitlán, Cochoapa El Grande, Xochihuehuetlán, Acatepec, Iliatenco y Metlatónoc.

Uno de los temas nodales fue la presentación de un modelo de atención integral para las personas trabajadoras agrícolas, donde plantearon garantizar las condiciones laborales digna, seguridad en traslados, acceso a la salud y bienestar para los jornaleros y jornaleras.

Después del informe que brindaron algunas dependencias sobre la atención a las familias jornaleras y las reflexiones de la población indígena más pobre, vulnerable y desprotegida que duró tres horas a mano alzada votaron para aprobar el modelo de atención integral para personas trabajadoras agrícolas y se comprometieron a presentarlo a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda; también acordaron trabajar en cuatro mesas para abonar y fortalecer el modelo de atención, pero no definieron la fecha; y SEDEPIA asignará un personal para que apoye en las labores en la casa de jornaleros para iniciar a más tardar el próximo mes.

En los últimos cuatro meses las familias jornaleras han sufrido asaltos por delincuentes en su camino rumbo a los campos agrícolas. No sólo se tienen que enfrentar a las nulas oportunidades de trabajo en sus comunidades, la falta de servicio de salud, la escasa alimentación y vivienda digna, la falta de educación de niñas y niños, la explotación en los campos, sino que también viven el temor ante la violencia.

Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, condensó el sufrimiento de la población jornalera. “Como organismo civil pensamos que es difícil arraigar a las familias jornaleras. La migración tiene que ser una opción de vida, no se puede obligar a la gente a que no salga, ni se le puede expulsar por falta de condiciones de vida. Se tiene que garantizar una migración digna, si la gente va a salir, que sepa que va segura, que las empresas no los engañen, que en el camino no haya incidentes, que haya servicios de salud para las niñas y niños, que las mujeres embarazadas sean respetadas en sus derechos de gestación y que las personas mayores van a tener sus derechos”.

Las familias han tenido que vivir un viacrucis durante generaciones, pero en los últimos años han sido víctimas de asesinatos por el crimen organizado y han sido desaparecidos en los campos agrícolas. El 15 de septiembre de 2025 en la casa del jornalero entraron personas amenazando al contratista y pidieron una cuota de 7 mil 500 pesos. Les han ponchado las llantas y las balas han impactado en los autobuses en el tramo de Xochihuehuetlán a Puebla. El 5 de noviembre les pidieron a los choferes una cuota de 5 mil pesos. Al siguiente día volvieron a asaltar un camión. Los asaltos son dirigidos para quienes no dan la cuota a los delincuentes.

El Fiscal regional de Tlapa señaló que no accionó el 5 de noviembre cuando le reportaron que los conductores de los autobuses que llevaban más de 855 jornaleros y jornaleras a los campos de agrícolas porque no había alguien que señalara a los responsables, a pesar de que hay carpetas de investigación en curso. “No podemos detener a una persona porque tenemos un protocolo”. El inspector de la policía estatal dijo que 26 autobuses “hemos estado resguardando. La policía de Puebla nos pide que nos coordinemos para que los jornaleros se vayan juntos… si alguien me señala a los responsables actúo”.

Margarita del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública narró que en “el ciclo pasado entraron grupos delincuenciales a los campos de la empresa Golden Fields o Buen Año. Se llevaron a un jornalero, lo mataron, y fue muy complicado dar con su paradero y hacer el traslado del cuerpo a su comunidad. Los siguientes días fueron por otras jornaleras y un jornalero, con el mismo modus operandi, los agarraban, se los llevaban y los soltaban. Era una manera de presionar a la empresa”.

“Otro evento es que tres de los autobuses que los llevan del albergue al campo fueron asaltados durante la mañana. Estos tres mayordomos decidieron regresar porque les quitaron celulares y lo que llevaban en ese momento. Lo reportamos con la trabajadora social de la empresa y su respuesta fue darles gafetes a los mayordomos para que la delincuencia los identifique en el camino. Un gafete no iba a prevenir los asaltos, así que cinco mayordomos y varias familias decidieron salirse del campo y retornaron a Guerrero en marzo. Anotaron sus nombres en una lista negra que por ley están penadas y entran como trata laboral. Sus nombres fueron enviados a las empresas que después los iban a contratar en Michoacán y Nayarit, con la indicación de no volverlos a contratar hasta después de cuatro años”, contó Margarita.

Para las familias indígenas la esperanza está en los surcos, pero en los últimos años crece más la incertidumbre por el asedio de los grupos de la delincuencia organizada. El mismo secretario del trabajo y previsión social dijo que se puede dignificar la vida de la población jornalera. “Si bien no podemos generarles espacios laborales en su lugar de origen, al menos que esta migración sea en las mejores condiciones posibles de seguridad, traslado, de recepción, acceso a la salud, a la educación. El 80 por ciento de la gente que migra a los estados del país es indígena. Es un tema que nos apremia para generar un mecanismo más eficiente de atención. El objetivo primordial de esta reunión es coordinarnos con los presidentes municipales, dependencias federales y del estado que nos permita la seguridad del traslado de los jornaleros agrícolas que están siendo sometidos en los últimos años a esquemas de extorsión y explotación”.

La SEDEPIA dijo que recientemente celebró un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para realizar inspecciones en los estados del norte del país y “estamos dotando de insumos mensuales al comedor de la casa de jornaleros”, se apoya con atención y asesoría a la población. Aseguraron que están interesados en saber sobre las extorsiones y asaltos de los autobuses de los jornaleros. Por su parte, Silvia Rivera, secretaria del migrante y asuntos internacionales, señaló que quieren hacer un padrón de migrantes, pero “no hemos podido hacerlo porque hay muchos particulares que se van, muchos enganchadores y no podemos controlarlo. El problema es que muchos no tienen ni identidad, sus documentos. En el campo de melón de Tierra Caliente, de los 4 mil trabajadores, menos de mil estaban dados de alta en el SAT, y por eso no tienen derechos a nada”.

Algunos presidentes municipales se sumaron a los esfuerzos, sin embargo, la mayoría se retiró a mitad de la reunión. Este encuentro de autoridades, el consejo de jornaleros y organizaciones de derechos humanos es un atisbo de esperanza para la población jornalera que no sólo es explotada en los surcos de verduras chinas, jitomate, chile, sino que está a merced de los grupos delincuenciales.