La mayoría de jóvenes, niños y niñas dejaron la escuela para irse a los campos agrícolas de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Durante 15 meses el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado la diáspora de cerca de 15 mil jornaleras y jornaleros, 5 mil 296 son niñas y niños de 1 a 12 años de edad. El día 17 de junio de 2021 se suman 140 jarnaleras y jornaleros al viacrucis y al camino de la explotación, pensado en cambiar sus condiciones de vida porque en sus comunidades siguen en el olvido por las autoridades estatales y federales.
Juan salió de su comunidad, Loma Canoa, a las 4 de la mañana del municipio de Cochoapa el Grande. Viaja con su esposa Gloria y sus 4 hijos, la mayor tiene 11 años de edad. Don Juan estudió hasta el tercer año de primaria, tiene 28 años y su esposa no curso ningún grado escolar. Ambos hablan el Tu´un Savi (lengua de la lluvia).
Recuerda que desde que estaba pequeño salía con sus papás a los campos del norte edel país, principalmente Sinaloa. «Sólo pude estudiar unos meses de cada año, pero mis papás ya no quisieron, decían que iba a perder tiempo, que mejor trabajara con ellos en el corte de jitomate y chile. Antes las niñas y los niños se les permitía trabajar más en el campo, le ayudábamos a mis papás a llenar los botes. Más grande como a los once años ya me pagaban y desde entonces ando chambeando. Ahorita vamos con mi mujer y mis hijos, pero regresamos en diciembre al pueblo».
«Mis papas también se van con nosotros, el ya tiene 59 y mi mama 55 años. Hace unos meses sí se enfermaron de gravedad, empezaron con mucha calentura y gripa, unos dicen que fue esa enfermedad que anda en todas partes del Covid-19. El único programa que recibimos es el de fertilizante porque la vacuna contra el covid-19 ni siquiera supimos de la aplicación. Además de que no estábamos en la Montaña y allá en el campo ni si quiera informaron, pienso que ya no les pondrán a mis papás porque ahora nos vamos de nuevo», cuenta Juan.
Una situación parecida a la de don Juan la padecen varias familia indígenas de la Montaña. Las niñas y los niños dejan la escuela para apoyar a sus padres en los campos, pero también porque las y los maestros se ausentan por días o meses, sobre todo, desde que inició la contingencia sanitaria.
La mayoría de las escuelas que se encuentran en las zonas más pobres de la Montaña las abren cada 15 días o dos días al mes. Pero sólo es para llevarle material de trabajo.
Las maestras de la comunidad de Arroyo Prieto, comunidad cercana a Loma Canoa, cuentan de un rezago educativo de niñas y niños en la escuela más antigua y completa de esa zona. «Los niños ya no saben leer bien como íbamos, varios ya perdieron sus libros y si bien me va hacen las tareas, ha sido difíciles para ellos a un año con esta pandemia poder adaptarse al ritmo de trabajo que recomienda la Secretaria de Educación Pública (SEP), subimos a dejarles actividades cada 15 días y atender algunas inquietudes con los protocolos que se nos sugieren.
«Por ejemplo, al profesor de sexto año, solo viene tres niños de 29. Él piensa que se fueron a trabajar de jornaleros a los campos porque ronda entre los 11 años, a esa edad se considera que ya son buenos para el trabajo. No van a tener clausura, es más no saben si habrá y si seguirán estudiando la secundaria. Seguramente ya no», relata una mestra de la región.
Otro profesor de esta misma comunidad de primer año atiende a 14 estudiantes, cuando va a la comunidad únicamente atiende a 6 infantes, se cree que también han emigrado con sus padres porque cuando las familias migran se va la familia completa y estos son unos de los grados que mayor a abandono escolar hay.
Es una realidad crucial que las familias indígenas de la región más azotada por la pobreza tenga que padecer sistemáticamente la discriminación y el olvido de los gobiernos.
Por su parte, el encargado de la casa del jornalero cuenta que el personal del centro de salud sólo fue a tomar las fotos y se fueron. Nadie del gobierno está viendo por ellos, anteriomente siquiera le tomaban la temperatura. El comedor, tiene una semana que no funciona para dotar de almuerzo y comida a la población jornalera, sobre todo cuando había un acuerdo donde se comprometía el gobierno del estado para dotar de insumos. Ante los resultados de estas elecciones se cree que es porque perdió el candidato del PRI a la gubernatura que dejaron brindar este apoyo alimenticio.
