Justicia fallida

Ayotzinapa, Guerrero a 3 de agosto del año 2024.- Las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, les saludamos fraternalmente y les decimos que seguimos dignamente exigiendo verdad y justicia por nuestros hijos.

No nos detendremos en el diagnóstico del contexto nacional ya expuesto en ocasiones anteriores, baste decir que la clase política actual pretende erigirse en la nueva hegemonía. Vuelve el presidencialismo vertical y la construcción de un partido político de estado dominante que se ha aliado con las élites económicas y los militares, por lo que difícilmente habrá cambios estructurales. La violencia galopante con su estela de miles de desaparecidos y asesinados seguirá, por que las mafias locales y regionales persisten con la complicidad de gobiernos, policías y militares.

Los dirigentes políticos discursivamente se colocan en el centro de la lucha, Morena se pretende erigir como impulsores de las luchas de izquierda llamando conservadores a aquellos caminan por una ruta de lucha independiente y desde abajo. Organizaciones populares campesinas, sindicales, estudiantiles y de la sociedad civil son llamados intermediarios, siendo blanco de ataques y vituperios del poder presidencial.

Ninguna lucha de izquierda que se emprende de manera independiente y desde abajo es válida, para la nueva élite política, todos son conservadores. Para ellos la única forma de participación válida es dentro de las coordenadas de Morena y a través del sufragio.

Nada más alejado de la realidad, la participación política comicial es escabrosa y tiene bases con arenas movedizas. Las elecciones locales se ganan con dinero, terreno fértil para los grupos delictivos que se enquistan en las estructuras del estado. En esta contienda electoral ganaron. En Guerrero más de cinco Ayuntamientos serán gobernados por grupos de la delincuencia organizada. En este entramado delictivo la participación electoral pierde fuerza y legitimidad y a largo plazo tendrá consecuencias funestas para la democracia.

Por lo demás la violencia en el país sigue galopante. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra sucia y el caso Ayotzinapa no se esclarecieron en este gobierno por el manto de protección al ejército mexicano. Un ejército que siempre ha estado del lado de los oligarcas, los Jerarcas militares tiene una visión clasista y elitista, más preocupados por realizar tareas de contrainsurgencia y contener las luchas de izquierda que velar por la seguridad nacional.

En nuestro caso, este gobierno no pudo dar verdad y justicia. A la fecha no sabemos el paradero de nuestros hijos. Las investigaciones avanzaron hasta el año 2022.

Cuando se procesó a 20 militares y se exigió una investigación contra ellos empezaron las tensiones con el presidente. La Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) fueron desmantelados y sus titulares renunciaron en medio de las presiones y hostigamiento militar, prueba de ello es que el propio Alejandro Encinas ha sido citado para ser interrogado por los militares ante el silencio del presidente.

Las líneas de investigación relacionadas con: los 17 estudiantes sacados de barandilla municipal; los estudiantes que fueron ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo guerreros unidos, las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé permanecen sin impulso ni avances.

El presidente se ha empecinado en generar un falso de debate de un supuesto intervencionismo extranjero y de las organizaciones de derechos humanos que han obstaculizado el caso, como una mera justificación de su fracaso en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Podemos vaticinar que no habrá novedades y avances del caso, en el tiempo que le resta al presidente, lo único que veremos en las mañaneras serán los vituperios contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Vidulfo Rosales. Nada de verdad y justicia habrá, nada de nuestros hijos.

Las pruebas contra el ejército existen: 1) Tenemos prueba de que un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, existen documentos militares que aprobó los cursos y exámenes como agente de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014, 2) militares dieron seguimiento a nuestros hijos desde que llegaron a Iguala hasta su desaparición, 3) intervinieron llamadas de los perpetradores como la de los 17 estudiantes que están siendo trasladados de barandilla municipal, 4) varios datos de prueba establecen que mandos militares del 27 batallón tenían vínculos delictivos con el grupo delictivo guerreros unidos y  5) que un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27 batallón y entregados al grupo delictivo guerreros unidos.

Estas pruebas no dejan lugar a dudas que los militares tenían vínculos con el grupo delictivo responsable de cientos de desaparecidos en Iguala, supieron del movimiento de los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición y participaron en la detención de los jóvenes, en tal virtud, corresponde al gobierno probar la plena participación del ejército y no invertir la carga de la prueba a las madres y padres de los 43.

Por lo tanto, gobierne quien gobierne seguiremos exigiendo verdad y justicia y dar con el paradero de nuestros hijos.

Atentamente.

Madres y padres de los 43.