¡Justicia para Bonfilio¡

En memoria de

Javier Balderas Castillo,

                                                                                                                           compañero de lucha.

Un gran defensor del territorio

 

Este viernes 13 la maestra Verónica González González, familiar de Bonfilio Rubio Villegas, que fue ejecutado por el Ejército Mexicano en el 2009, dio su testimonio a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 195° periodo ordinario de sesiones en la ciudad de Guatemala. En esta audiencia estuvo presente una delegación del Estado Mexicano presidida por el embajador ante la OEA Alejandro Encinas.

La modalidad adoptada en la audiencia consistió en llamar a declarar en primer lugar a la maestra Verónica, hablante del Tu’un Savi , para que rindiera su testimonio acerca de la ejecución de Bonfilio Rubio. Posteriormente se ofrecieron los alegatos por parte de la defensa de la víctima y en tercer lugar tuvo su participación la representación del Estado mexicano en voz del embajador Encinas. Cada parte pudo interrogar a la familiar de Bonfilio para ampliar o clarificar sus respuestas. La sesión cerró con la participación de las comisionadas y comisionados que realizaron algunas preguntas al estado Mexicano, a la representación de la víctima y a la maestra Verónica. Esta audiencia fue solicitada  con  anticipación para que la Comisión pudiera revisar y seleccionar los casos que se presentarían en este período de sesiones. Afortunadamente la Comisión tomó en cuenta la solicitud que enviamos el 25 de diciembre, en plena navidad.

En términos generales valoramos que la audiencia fue buena sobre todo porque las comisionadas y comisionados mostraron mucho interés en la declaración de la maestra Verónica. Las preguntas que hicieron fueron claves porque nos dieron la pauta sobre la percepción que tienen del caso. Lo que quedó claro entre los asistentes es que las actuaciones de las autoridades mexicanas fueron deficientes porque en todo momento buscaron encubrir a los militares responsables.

Hubo detalles significativos después de la audiencia cuando varias comisionadas se acercaron para saludar, abrazar y felicitar a la maestra Verónica. Estaban impactadas por la fuerza de su testimonio. Algo que se comentó de manera recurrente fue la postura digna de la maestra: “Qué dignidad de mujer” decían.

El Estado Mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad, sin embargo, su postura dejó mucho que decir, porque al final de cuentas tratan de justificar las deplorables actuaciones de las autoridades civiles y militares que se confabularon para dejar en estado de indefensión a las víctimas. Por eso su planteamiento de llegar a un acuerdo de solución amistosa (ASA) quedó en al aire, porque falta definir muy bien los alcances de este acuerdo que implica entrar al fondo de los temas torales como el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Por eso como defensa plateamos que cualquier intento de diálogo debe pasar por reconocer las violaciones cometidas por el ejército y el procesamiento a los responsables. Vimos también que el Estado no mostró interés en negociar esperó hasta que les notificaron la audiencia, lo más grave fue que sus observaciones las hicieron en el último momento, violando los plazos de la Comisión.

En su declaración, Verónica González señaló que Bonfilio Rubio Villegas era un hombre indígena náhuatl de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, Guerrero, trabajador, tranquilo y alegre, que apoyaba económicamente a sus padres y había construido su propia casa. Expuso que el 20 de junio de 2009, cuando viajaba en autobús rumbo a la Ciudad de México para posteriormente irse a trabajar a los Estados Unidos, el vehículo fue interceptado en un retén militar en el crucero de Santa Cruz, antes de llegar a Huamutitlán. Tras una revisión a los pasajeros, los militares habrían intentado que el chofer dejara a uno de ellos, pero el conductor se negó. Cuando el autobús reanudó su marcha, a aproximadamente 100 metros comenzaron los disparos contra la unidad, aun cuando se trataba de un autobús de pasajeros. Ya cerca de Huamuxtitlán, la gente se dio cuenta que Bonfilio había muerto a causa de los disparos.

La maestra originaria de Tlaxco, municipio de Xalpatláhuac también relató que la familia no fue informada por las autoridades de lo ocurrido y que solo se enteró dos días después por un tercero. Al acudir a reclamar el cuerpo, primero se les negó información y posteriormente se les indicó que había sido trasladado a Chilpancingo. Expuso que el cuerpo fue entregado tarde, en malas condiciones y dentro de una bolsa sellada, por lo que la familia no pudo realizar las prácticas funerarias indígenas conforme a su costumbre, como vestirlo, verle el rostro por última vez y despedirlo conforme a su ritual. Señaló además que militares los se acercaron a la familia para ofrecerles un cheque por 160 mil pesos a cambio de que aceptaran el ofrecimiento y dejaran el caso, pero su propuesta fue rechazada.

En cuanto al impacto del caso, Verónica insistió en que la pérdida destruyó a la familia y que nunca pudieron recuperarse. Indicó que José su esposo esposo falleció el 21 de febrero de 2021 y que posteriormente murió el padre de Bonfilio, don Secundino Rubio, y que recientemente el 14 de febrero de 2026 falleció su madre, Margarita del Carmen. Denunció además que la familia no ha tenido acceso real a la investigación, porque permaneció en el fuero militar durante largo tiempo, y únicamente se procesó a un militar, quien posteriormente fue liberado.

Manifestó también que no tuvo contacto con las autoridades para efectos de la reparación del daño, hasta fechas muy recientes. Reiteró que lo único que la familia espera es justicia, sanción a los responsables, reconocimiento público de responsabilidad por parte del Estado y garantías de no repetición, especialmente respecto de los pueblos indígenas.

Por nuestra parte como defensa de las víctimas sostuvimos que el caso no constituye un hecho aislado, sino un ejemplo extremo de los efectos de la militarización de la seguridad pública y de la actuación de retenes militares sobre la población civil, particularmente en contextos indígenas como Guerrero. Señalamos que el caso evidencia la discriminación, el racismo y el aprovechamiento de las necesidades económicas de la familia. Así como negligencias y omisiones en la investigación. Subrayamos que el fuero militar impidió una investigación adecuada, que la declinación de competencia a favor de la jurisdicción militar fue contraria a la jurisprudencia interamericana, además de que no fue comunicado oportunamente a la familia.

Reiteramos que hubo deficiencias graves en la investigación, incluida la falta de esclarecimiento de cuál militar realizó el disparo, la ausencia de recuperación adecuada de evidencia y la exclusión de la familia del proceso. También argumentamos que los hechos constituyeron una ejecución extrajudicial y no un homicidio culposo, y que el uso de la fuerza no superó el test de finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad. También alegamos violación al derecho a la libre circulación por la instalación y operación del retén militar.

Por su parte el Estado Mexicano planteo una propuesta de solución amistosa y formuló un reconocimiento parcial de responsabilidad. En términos generales, reconoció responsabilidad por la violación del derecho a la vida de Bonfilio Rubio Villegas, por violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial de su familia derivadas de la tramitación del caso en la jurisdicción militar cuando debió ventilarse en el fuero civil, así como por afectaciones vinculadas al derecho a la libertad personal en relación con la detención de Fausto Saavedra. Sin embargo, mantuvo que dicho reconocimiento era parcial y no pleno, y propuso revisar en 30 días las investigaciones para determinar qué personas podrían actualmente ser sujetas a investigación. También manifestó su disposición para discutir medidas de reparación integral, garantías de no repetición y una disculpa pública.

La Primera Vicepresidenta de la Comisión Andrea Pochak preguntó por el alcance de la solución amistosa, en particular si esta podía incluir medidas de justicia, avances concretos en la investigación y sanción de los responsables, incluyendo no solo a los autores directos de la ejecución, sino también a quienes la permitieron y a quienes intentaron sobornar a la familia, así como medidas de no repetición relacionadas con el uso de fuerzas armadas, retenes y límites de la jurisdicción militar. También preguntó si el reconocimiento parcial de responsabilidad podía ampliarse.

La comisionada Gloria Monique de Mees pidió a la parte peticionaria que precisara qué medidas deberían adoptarse para reparar los daños. La comisionada Marion Bethel preguntó al Estado qué significaba exactamente la responsabilidad parcial y si ello incluía principios como los expuestos por la representación de las víctimas, además de medidas como de atención psicológica. La comisionada Rosa María Payá Acevedo pidió abundar sobre las medidas específicas que esperan que tome el Estado, la posibilidad de revisar la actuación de agentes y las garantías de no repetición. El comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana preguntó al Estado por su posición jurídica respecto de los recursos internos y a la parte peticionaria sobre su postura frente al ofrecimiento amistoso.

En respuesta, reconocimos el gesto del Estado, pero sostuvimos que, después de 17 años de desgaste emocional y económico, no existen condiciones para una solución amistosa en el corto plazo. Señalamos que cualquier diálogo tendría que partir de un reconocimiento total de responsabilidad, del reconocimiento activo de la actuación de las fuerzas militares, de una propuesta concreta de procesamiento y enjuiciamiento de los responsables y de la discusión de medidas de no repetición. En cuanto a la reparación, pedimos reparaciones individuales y comunitarias, medidas de salud, económicas y psicológicas, así como una medida estructural vinculada al reconocimiento y revisión de la situación de militarización, con criterios claros sobre el uso de la fuerza y la participación de las fuerzas armadas en temas de circulación y seguridad.

El Estado respondió que el reconocimiento formulado era parcial y no pleno, pues considera que la valoración sobre estándares de uso de la fuerza corresponde al análisis del caso. Señaló que los recursos judiciales están agotados, pero propuso revisar nuevamente el desarrollo del proceso y las investigaciones sobre los involucrados para identificar posibles sujetos de investigación. Finalmente, manifestó disposición para adoptar medidas de reparación integral a las víctimas, garantías de no repetición y una disculpa pública en los términos que requieran las víctimas. Esta audiencia mostró la casta de las mujeres indígenas de la Montaña que saben plantarse con argumentos ante las autoridades el gran problema es que en nuestro país los gobernantes siguen sin atender los justos reclamos de los pueblos indígenas, le apuestan al olvido para que impere la impunidad.