La algarabía morenista

Toda nuestra solidaridad con nuestro amigo Ernesto Ledezma y demás compañeras integrantes de la flotilla Global Sumud, detenidas por el ejército de Israel por llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Saludamos con beneplácito a la compañera Felícitas Martínez por el premio Martha Sánchez Néstor, ganado a pulso con muchos sacrificios y sufrimientos.

Con un aire triunfalista celebraban los dirigentes morenistas de Guerrero el acarreo de amplios contingentes que llegaron de todas las regiones para mostrar el músculo y su poder de convocatoria. Se ufanaban de ser el contingente más grande que, con mucha algarabía, entraba a la plancha del Zócalo. Tienen muy claro que hay que preparar las condiciones para las próximas elecciones y por lo mismo, hay que afinar la maquinaria electorera. Los políticos que se dejaron ver en la primera línea del contingente guerrerenses son los que están apuntados para ocupar otros cargos en la próxima contienda electoral. No dan paso sin huarache, si se han subido al tren de la 4T es para estar dentro del presupuesto y ser palomeados por sus dirigencias.

Para los gastos del acarreo no hay límites, los autobuses llegan a todos los municipios para acarrear a la gente. Todos los funcionarios tienen su cuota obligatoria, se trata de normas no escritas que se deben acatar al pie de la letra. El escenario opuesto es la gente que lucha por sobrevivir, a la que dicen servir, pero que en los hechos no la apoyan para comprar sus medicamentos, las madres de familia que deambulan en las calles haciendo milagros para comprar lo mínimo para alimentar a sus hijos, las personas mayores que arrastran las enfermedades ante la falta de médicos y de una atención digna en los hospitales, resignándose a sobrellevar sus males. El drama de la violencia que afecta al pueblo de Guerrero parece no preocupar a los dirigentes morenistas porque están bien protegidos con la Guardia Nacional y por los pactos que han establecido con la delincuencia.

En el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum no figuraron las demandas de miles de familias que buscan verdad y justicia, ni el derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos. Tampoco los derechos de las familias jornaleras que padecen la discriminación sistemática, ni la violencia contra las mujeres indígenas, los feminicidios, las desapariciones, los matrimonios forzados y el maltrato infantil que están invisibilizados y no forman parte de las estadísticas oficiales.

En su discurso inicial afirmó que el país “transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía, fruto de una lucha de décadas… Entre 1982 y 2018, durante seis sexenios y 36 años, México vivió bajo la oscura noche del neoliberalismo, quienes gobernaban no tenían convicciones más allá del dinero y del mercado. Gobernaban para unos cuantos, mientras millones quedaban en el abandono. Por esa razón, en 2008 la pobreza alcanzó al 45 por ciento de la población mexicana. Ese fue el rostro de la injusticia, de la corrupción y de los privilegios. Esa es la realidad que decidimos cambiar, a diferencia de ese 45 por ciento, la población en pobreza hoy es el 29 por ciento”.

La presidenta sintetizó que entre 2018 y 2024, “13.5 millones de personas salieron de la pobreza. La reducción de la pobreza vino acompañada de la disminución en las desigualdades. En 2008 el ingreso del 10 por ciento más rico era 27 veces más que del 10 por ciento más pobre. En el 2024 esta brecha se redujo de 27 a 14 veces. Con el neoliberalismo llegamos a ser uno de los países más desiguales del mundo, ahora somos el segundo país menos desigual del continente, solamente después de Canadá”.

Las familias indígenas de la Montaña aún no ven en sus bolsillos los cambios reales sobre la reducción de la pobreza. Cuando bien les va sobreviven con 500 pesos a la semana. No cuentan con trabajo seguro y la mayoría de las mujeres no tienen hogar propio. En los meses de secas cuando arrecia el hambre las familias se van a los campos agrícolas para paliar sus necesidades básicas.

Desarrolló temas como el turismo, la moneda nacional, el desempleo, el número de afiliados al seguro social, los trabajadores de plataformas digitales que deben tener seguro social, mencionó que se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión. La aprobación de 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes entre ellas la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la reforma al artículo 2º de la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; la reforma para la igualdad sustantiva de las mujeres; la reforma de los programas de Bienestar que son ahora derechos sociales. La reforma al artículo 123 para reconocer el derecho a la vivienda de las y los trabajadores; la protección de los maíces nativos y la prohibición de la siembra de maíz transgénico. La no reelección para el 2030, el no injerensismo o intervenciones de gobiernos extranjeros y la reforma a la ley de amparo.

En cuanto al salario mínimo la presidenta señaló que en 36 años no había aumentado, pero que entre 2018 y 2025 subió de 88 pesos diarios a 279 pesos, lo que representa el 135 por ciento en términos reales. En la zona de la frontera norte es de 420 pesos diarios. Además, en este año se están destinando 850 mil millones para el beneficio de 32 millones de familias, es decir, 82.4 por ciento de las familias mexicanas reciben un apoyo de los programas de bienestar de manera directa.

En la Montaña la realidad es otra; el salario mínimo de un trabajador del campo es de 150 pesos en temporadas de siembra. El resto del año tienen que buscar cómo sobrevivir con quelites o saliendo a trabajar a Tlapa, en condiciones sumamente deplorables. Los programas de bienestar no aseguran la subsistencia de las familias indígenas, porque las desigualdades son abismales en la Montaña.

En su informe, la presidenta mencionó que de septiembre de 2024 a septiembre de 2025 se cometieron 27 homicidios diarios menos, lo que representa una reducción del 32 por ciento. Mientras que para Guerrero la disminución fue de 22 por ciento. Claudia Sheinbaum aseguró que se está protegiendo a los jóvenes para garantizar sus derechos humanos y su felicidad, sin embargo, cada día están en mayor peligro porque de manera forzada son incorporados a las filas de la delincuencia. Las ciudades más importantes de Guerrero están catalogadas como inseguras. Los jóvenes en los bares de Chilpancingo han sido testigos de asesinatos, y las mujeres no están exentas de los peligros que corren por parte de la delincuencia.

En esta misma ciudad, el viernes 26 de septiembre el dueño de una pollería del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla fue herido a balazos, horas después murió en el hospital. A las 6 de la mañana del día 27 un repartidor de pollos fue ejecutado en las inmediaciones del mercado. La ola de violencia continuó el domingo 28 cuando una unidad del transporte público de Chilpancingo a Colotlipa, otra que va a Amojileca y un taxi local que se ubicaba en la carretera México-Acapulco fueron incendiados. El lunes 29 una Urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa fue quemada por hombres armados.

La población camina por las calles con temor. El terror ha paralizado la capital del estado, los comerciantes cerraron. Los vendedores ambulantes regresaron sin dinero a sus casas. Las escuelas suspendieron clases y las autoridades municipales mantuvieron las oficinas parcialmente cerradas. Este clima de violencia generó que 35 sitios de transporte público de los municipios de Coyuca de Benítez, Juan R. Escudero, Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapan, Tixtla y Chilapa suspendieran sus viajes a la capital del estado. El miércoles 1 de octubre el transporte público y las escuelas reanudaron sus actividades.

La noche del miércoles, Omar García, de 19 años, originario de Lagunillas, municipio de Tecoanapa y miembro de la UPOEG, fue perseguido y asesinado por un grupo delincuencial. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un puente cerca de Tlalapa. El 2 de octubre una persona resultó herida por impacto de bala cerca del museo La Avispa, en Chilpancingo.

Este fin de semana la violencia se enseñoreó en el estado con dos muertos y cinco heridos. El sábado en la noche José Guadalupe, de 17 años, fue asesinado a balazos en Ometepec afuera de la marisquería El amigo Chava, en la colonia Campo Aéreo. Este domingo, un hombre fue encontrado con torniquete y envuelto en bolsas de plástico en la colonia Libertad de Acapulco. Mientras que en Chilpancingo e Iguala dos personas fueron heridas con arma blanca. En el fraccionamiento El Roble, de Acapulco a las 4 de la tarde fue herida de bala una persona; un hombre y una mujer quedaron heridos en la colonia Renacimiento.

Este mismo domingo fue el funeral del abogado y activista Anselmo Campusano Martínez, quien fue herido el viernes pasado en el centro de Iguala, lamentablemente falleció a las 5 de la mañana en el hospital del ISSSTE. Sus familiares exigieron justicia por la muerte del activista que desde el 2014 acompañó a las víctimas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.

Las cuentas alegres del informe de la presidenta siguen invisibilizando a las víctimas de la violencia. Se ignoró a las madres buscadoras que con mucha valentía denunciaron un centro de adiestramiento del CJNG; descubrieron fosas comunes, crematorios, ropa y calzado de jóvenes que fueron reclutados de manera forzada. La exigencia histórica de verdad y justicia sobre los crímenes del pasado y del presente ha sido relegada de la agenda pública. Las mujeres indígenas que cargan con siglos de olvido y maltrato nunca podrán acceder a las instituciones educativas ni tendrán un modo digno de vivir. Las 5 millones de personas jornaleras seguirán cargando la cruz de la explotación sobre sus espaldas en los surcos de la ignominia. Son mexicanos y mexicanas con historias dolorosas, con rostros sangrantes que no son parte de los contingentes morenistas que con algarabía festejaron el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.