La batalla por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano

Autoridades comunitarias y representantes de la comunidad de Pueblo Hidalgo, del municipio de San Luis Acatlán; San Cristóbal, del municipio de Tlacoachistlahuaca; Huixtepec, del municipio de Ometepec; Chimalapa, del municipio de Igualapa y Huehuetán, del municipio de Azoyú, realizaron una asamblea comunitaria el 9 de octubre del 2023 para generar un movimiento social de exigencia para que los reconozcan como nuevos municipios por usos y costumbres, pero el Congreso de Guerrero les ha negado sus derechos como pueblos indígenas y afromexicano.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha sido pasiva ante las demandas de los pueblos indígenas y afromexicano. El argumento siempre ha sido que el poder legislativo tiene autonomía, normativamente es real, pero no en los hechos de la vida política cotidiana. Falta más que voluntad política para que las autoridades estatales y federales prioricen una agenda de los pueblos indígenas y afromexicano. Son derechos conquistados que no quieren reconocer. Prefieren que las comunidades indígenas sigan sumidas en el olvido, sin beneficios y sin el derecho de autogobernarse bajo sus sistemas normativos.

Las cinco comunidades han solicitado que les reconozcan como nuevos municipios por usos y costumbres, pero el Congreso de Guerrero les ha negado ese derecho a pesar de que ya están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en los tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

El Congreso no ha dado respuesta a las solicitudes de las comunidades. La lucha por el reconocimiento de los nuevos municipios escaló a los Tribunales. Huehuetán, San Cristóbal, Chimalapa y Pueblo Hidalgo ganaron en los amparos, sólo falta el de Huixtepec. Es una demanda histórica que data de hace más de 10 años. Esperan que el Congreso les reconozca sus derechos porque aseguran que los pueblos indígenas ya habitaban el territorio mexicano desde antes de la colonización, son dueños de estas tierras y conservan sus estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Los pueblos afromexicanos también tienen sus propias estructuras comunitarias.

Los pueblos indígenas y afromexicanos tienen derecho de aplicar sus propios sistemas normativos; elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades o representantes en el ejercicio propio de gobierno; tienen derecho a la libre determinación y autonomía. Es decir, “podemos decidir la forma en cómo queremos gobernar y dirigir nuestro futuro”. Sin embargo, el Congreso se niega rotundamente, contrariando las leyes establecidas.

En la lucha que la comunidad de Pueblo Hidalgo ha estado impulsando para que el Congreso le reconozca como municipio por usos y costumbres hay un proceso judicial porque no han tenido una sola respuesta. El día 21 de octubre de 2022 se presentó una solicitud al Congreso para que se reconozca a Pueblo Hidalgo como un municipio indígena que se gobierne con sus sistemas normativos propios. Sin embargo, el Congreso no respondió y dejó pasar el tiempo. Las autoridades y el comité gestor desesperados presentaron otra solicitud el 13 de diciembre de 2022 en la que se dice: “señores diputados y diputadas, la comunidad de Pueblo Hidalgo presentó una solicitud el 21 de octubre en la que se está pidiendo que se nos reconozca como municipio indígena y no hemos tenido ninguna respuesta”, parafraseó el abogado del Centro de Derecho Humanos de la Montaña Tlachinollan, Isidoro Vicario, en la asamblea.

Pasó el tiempo y hasta el 19 de enero de 2023 el Congreso informó cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para la creación de un nuevo municipio, que están en la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado de Guerrero. Entre los requisitos está que la comunidad debe tener 25 mil habitantes, escuelas superiores y otros servicios. La respuesta del Congreso fue desviada porque “como comunidades no estamos preguntando sobre los requisitos, más bien, el planteamiento es que se nos reconozca como municipios”. La solicitud sigue en trámite porque fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos de Gobernación.

Al no tener una respuesta se acudió a una instancia federal donde se presentó un amparo con un juez de distrito en Chilpancingo. El amparo con el número 580/2023 la presentó la comunidad de Pueblo Hidalgo el 12 de mayo de 2023 en el juzgado séptimo contra la negativa del Congreso de dar una respuesta a la solicitud. El 15 de mayo se admite la demanda de amparo contra el Congreso, y el juez después de hacerse todos los trámites correspondientes, le pide a los diputados y diputadas que informen sobre lo que está solicitando la comunidad. El Congreso informó al juez que el acto reclamado que está pidiendo Pueblo Hidalgo no es real, no existe, es más, que no tiene sentido el amparo y que mejor se sobresee, es decir, que se cierre el expediente porque ya les habían contestado desde el 19 de enero de 2023. Ante esta postura, el 12 de junio los abogados de Tlachinollan respondieron que lo que dice el Congreso no es cierto, y que lo único que el Congreso informó era cuáles eran los requisitos y que estaba en trámite, pero las autoridades de Pueblo Hidalgo solicitan que se les reconozca como municipio indígena.

El 15 de junio se tenía contemplada una audiencia, pero no se llevó a cabo; se pospuso para el 23 de junio sin que se pudiera realizar, sino hasta el 17 de julio. La batalla por sus derechos continúa porque el 2 de agosto salió un acuerdo donde el juez de Chilpancingo señala que la demanda de amparo de Pueblo Hidalgo no la va a resolver, más bien, la remitió al juzgado quinto de distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con sede en Acapulco.

Los amparos de la comunidad de Huehuetán y de San Cristóbal los resolvió favorablemente el juzgado primero. Pueblo Hidalgo, Chimalapa y Huixtepec no corrieron con la misma suerte porque el juzgado séptimo los remitió a Acapulco. Fue hasta el 31 de agosto que se resolvieron los amparos a favor de Pueblo Hidalgo y Chimalapa para que el Congreso dé una respuesta concreta a su petición. Sin embargo, el Congreso no está de acuerdo con que se hayan ganado los amparos, así que interpuso un recurso de revisión.

La presidenta de la mesa directiva del Congreso impugnó la resolución el día 29 de septiembre y se fue a recurso de revisión. El 2 de octubre la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso también impugnó contra la resolución del amparo y presentó otro recurso de revisión porque no está de acuerdo que Pueblo Hidalgo haya ganado. Las autoridades comunitarias se dieron cuenta de que los diputados y diputadas no quieren reconocerlos como municipio indígena. Las comunidades solicitantes no saben si el recurso de revisión recaerá en el primer Tribunal colegiado o en el segundo.

Ante esta negativa del Congreso, las autoridades comunitarias acordaron realizar una gran movilización en Chilpancingo. Señalaron que desde la creación de los partidos políticos los pueblos indígenas y afromexicanos han sido utilizados por los caciques y políticos para llegar al poder. “Los cacicazgos y la cúpula del poder hicieron partidos para engañarnos, para que seamos pisoteados y para que nos recuerden únicamente en las elecciones porque después de las campañas se olvidan de los pobres y los indígenas”, comentó Leonardo García Basilio, presidente del comité gestor de Chimalapa.

Las comunidades indígenas y afromexicanas hacen un llamado a la gobernadora de Guerrero para que intervenga y se coordine con los diputados y diputadas con el fin de que sus derechos no queden en las planas de la constitución mexicana o en los tratados internacionales. “No se vale que a cada rato estén impugnando nuestros amparos. El pueblo se va a levantar y nadie lo va a poder parar hasta que nos den una respuesta y hasta que reconozcan nuestros derechos”, sentenciaron en su asamblea. Estas batallas por los derechos ya conquistados de los pueblos indígenas y afromexicano seguirá contra las diputadas y diputados racistas, farsantes y decrépitos.