La defensa del territorio en la Costa-Montaña

Toda nuestra solidaridad para las defensoras y defensores del medio ambiente de Tlapa. A casi un año de su lucha por la recuperación de la plazuela, el gobierno del estado los ha criminalizado y el gobierno municipal los ha ignorado, generando un ambiente de ingobernabilidad.

El 6 de octubre de 2012, en la Ciénega, Malinaltepec se formó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) para hacer frente al proyecto de reserva de la biosfera y las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en los territorios comunitarios de la Montaña y Costa Chica. La gran amenaza era el mismo gobierno federal que pretendía controlar el territorio sagrado de los pueblos con la declaratoria presidencial. Los emporios mineros se frotaban las manos para establecer convenios de exploración y explotación con las autoridades agrarias y el mismo gobierno federal.

Las comunidades mè’phàà, na savi, ñancue y el pueblo afromexicano tuvieron conocimiento de los planes truculentos que impulsó el gobierno del estado tratando de cooptar a los comisariados de bienes comunales para que se encargaran de convencer a los comuneros sobre las bondades de la reserva y los beneficios que obtendrían. Utilizaron a los estudiantes de la Universidad Intercultural de la Ciénega para que se encargaran de recabar las firmas y entregar las actas de asambleas en la que supuestamente autorizaban la creación de la reserva de la biosfera.

Los pueblos de la Montaña desbarataron estos planes perversos cuya intención era despojar las reservas acuíferas y boscosas y toda la riqueza biótica que por siglos han preservado las comunidades indígenas.

En las asambleas regionales las comunidades tuvieron información fidedigna sobre el número de hectáreas que abarcaría la reserva de la biosfera y el número de hectáreas que había concesionado el gobierno federal, sin haber consultado a las comunidades. Se trataba de 157 mil 896 hectáreas para la reserva de la biosfera y había alrededor de 250 mil hectáreas concesionadas para la explotación minera.14 se ubicaban en la Montaña y 15 en la Costa Chica.

Con esta información de primera mano las autoridades agrarias se fueron organizando. Realizaron foros internacionales y encuentros nacionales. Conocieron otras luchas en el continente y visitaron la mina de Carrizalillo, para constatar la devastación ecológica que provoca la minería a cielo abierto. Fue un gran referente la lucha emprendida en los tribunales por la comunidad de San Miguel del Progreso (Juba Wajín), que logró la cancelación de las concesiones mineras y obligó a que la Secretaría de Economía se abstuviera de emitir la declaratoria de libertad de terrenos de la comunidad de Jubá Wajín. Esta victoria inobjetable les ha dado armas a las comunidades de la Montaña y Costa Chica para defenderse y acuerparse dentro de su territorio.

Desde sus inicios el CRAADET impulsa reuniones informativas y analiza el contexto en que se hallan inmersas las comunidades. Identifica las amenazas y peligros que se ciernen en la región. Ubica a los actores que atentan contra la seguridad en las comunidades y la tranquilidad en los caminos. Tiene una radiografía del territorio y conoce muy bien cuáles son las concesiones mineras que siguen vigentes. Confiaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador cancelaría esas concesiones y así evitar que la Montaña siga siendo saqueada, sin embargo, no las tocó.

Ante la inacción de las autoridades federales para proteger los territorios sagrados de la Montaña y Costa Chica, los pueblos se han hermanado para cuidar la casa común, el hogar de todos. Por ello han abordado a los presidentes municipales para que se pronuncien contra los proyectos extractivos y nieguen permisos en el territorio que comprende su municipio.

Las comunidades agrarias han discutido y reflexionado sobre la gran importancia de preservar su territorio y de enfrentar juntos las amenazas que se presentan en varios lugares. Previendo los embates del mismo gobierno y actores con poder económico, desde 2012 han elaborado actas, estatutos y reglamentos orientados a regir la organización de sus núcleos agrarios. A pesar de este esfuerzo comunitario, el Registro Agrario Nacional (RAN) se ha empeñado en obstruir la inscripción de sus estatutos comunales. En lugar de incentivar estas iniciativas y de otorgarle un reconocimiento a sus normas internas para contar con instrumentos jurídicos que permitan a las comunidades afianzar la defensa de sus territorios, el RAN se coloca del lado de quienes quieren arrebatar sus riquezas y pisotear sus derechos.

Además de estos bloqueos de las instituciones agrarias, las comunidades enfrentan amenazas a su territorio por parte de actores externos que llegan como vendedores de muebles, refrescos, cervezas y golosinas, sin que tengan ninguna restricción. Se desplazan con total libertad e interactúan con los dueños de pequeñas misceláneas y con los mismos jóvenes. La entrada de vendedores que se desplazan en motocicletas tampoco tiene límites ni controles sobre los productos que venden. Poco a poco las autoridades han detectado que estos vendedores son también una amenaza para los jóvenes y niños, porque además de vender los productos que anuncian, algunos aprovechan esta actividad para vender cristal y fentanilo. Las madres y padres de familia han depositado la confianza en sus hijos y por lo mismo, no han puesto atención en lo que compran y consumen. Las autoridades agrarias han detectado que existe una red de vendedores de droga en la región, sin embargo, no es tan fácil identificar sus contactos a nivel local. Es complicado abordar estos temas públicamente porque hay riesgos de denunciar y por el involucramiento que puede haber entre los mismos asistentes.

Ante estas dificultades y desafíos, las autoridades del CRAADET han recomendado y acordado trabajar con los jóvenes, para cultivar vínculos de confianza e involucrarlos en el cuidado del territorio. Ellos son grandes aliados porque cuentan con más información sobre las redes delincuenciales que se dedican a la extorsión y los secuestros. Ubican a grupos que desaparecen a jóvenes que las violan y las matan. También tienen conocimiento sobre cómo se distribuye la droga entre los estudiantes y qué tanto en las escuelas hay venta y consumo de estas sustancias.

A inicios del año se conoció de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y agentes externos al territorio en Iliatenco. Otra acción delincuencial tuvo que ver con un feminicidio en San Luis Acatlán. También se han detectado casos de jóvenes intoxicados por el consumo de alguna droga atendidos en el hospital de San Luis y en Ometepec. También hay información de jóvenes que se han suicidado.

El CRAADET en el marco del XL foro abordó estos temas que solo se comparten en corto y con sigilo, pero que lamentablemente ya están afectando a las comunidades.

El crimen organizado es también una amenaza latente en la región, a pesar de la Policía Comunitaria. El gran problema es que hay vínculos de autoridades municipales con estos grupos y eso genera temor y desconfianza, porque la población constata que hay contubernio, que los delincuentes gozan de protección y también se erigen en otro poder que empiezan a socavar la organización comunitaria.

Han compartido experiencias que se viven en la región Norte y la Tierra Caliente, donde operan empresas mineras. En esos lugares el control del territorio y de la población lo tienen los grupos delictivos que operan en complicidad con los caciques y gobernantes de los municipios y del mismo gobierno del estado. El poder del crimen está por encima de los ayuntamientos y los cuerpos de seguridad del estado están rebasados y prefieren mejor colocarse de su lado. A nivel federal no hay operativos orientados a desmantelar esta red, porque saben que se ha urdido al interior del mismo aparato gubernamental. Su poder económico les permite negociar con los emporios mineros para tener sus propios dividendos.

Para las comunidades agrarias de la CRAADET son focos rojos las expresiones de violencia en municipios como Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec, Xalpatláhuac, San Luis Acatlán, Marquelia, Copala, Zapotitlán Tablas, Copanatoyac, donde la situación cobra visos de ingobernabilidad. La riqueza en minerales como la plata, el oro y el zinc, son un gran atractivo tanto para los emporios mineros como para los grupos delincuenciales que pueden implementar acciones para someter a las autoridades locales, cooptarlas o amenazarlas. Es un riesgo latente que deben tomar en cuenta para prevenir y estar preparados porque su poder se incrementa y son capaces de todo.

Los pueblos han enfrentado por siglos tanto a las fuerzas del gobierno que los han reprimido y desplazado de sus territorios. También se han atrincherado para defender su territorio. Saben que la lucha es colectiva y con sus propios recursos. Lo fundamental es mantener la cohesión y la organización de base. No permitir que actores externos incidan en la toma de decisiones y mantener siempre sus reservas ante cualquier propuesta económica sea de actores del gobierno o empresariales. Están claros que a través de ellos pueden llegar los grupos de la delincuencia, que son ahora los que realizan los trabajos sucios contra los pueblos y organizaciones que defienden sus derechos y su territorio.

En estos 12 años la lucha del CRAADET es ejemplar porque han actuado sus autoridades con transparencia y tienen una retroalimentación permanente en sus reuniones y foros bimestrales. Comparten los incidentes que suceden en sus comunidades y analizan las acciones a tomar. Las comunidades y sus autoridades saben que la principal encomienda es informar y tomar acciones para cuidar y proteger a la población. Es organizarse para hacer frente a los actores externos y salir a dar la batalla en todos los ámbitos de la lucha para defender su territorio ancestral.