La disputa territorial

Para Jesús Plácido Galindo

luchador incansable del CIPOG-EZ,

a quien le fueron retiradas las medidas cautelares

 por parte del mecanismo de protección

de personas defensoras de la Secretaría de Gobernación,

a solicitud del gobierno del estado

 

El auge de la criminalidad tiene su arraigo en el sistema-mundo que propala la libre circulación de mercancías y enarbola un sistema financiero que lava el dinero de la economía criminal. Las empresas del crimen organizado se integran a escala global al grado que logran unificar su dinero en el mercado financiero internacional. Con su interconexión en todo el orbe diseminan la narcocultura y, donde impera la corrupción, toman por asalto el poder político.

En el plano nacional las bandas criminales que se dedicaban a la siembra, distribución y trasiego de drogas, han incursionado a la economía formal lavando su dinero en las instituciones bancarias y en los negocios inmobiliarios. Su presencia en el territorio nacional se ha expandido y diversificado al punto de tener una gran presencia en las bolsas de valores y en inversiones financieras.

En Guerrero las organizaciones criminales disputan territorios, pelean a muerte las rutas terrestres, incursionan en giros comerciales de mayor demanda, y con su poder económico y bélico establecen alianzas con los grupos políticos y lideres partidistas, para financiar campañas y apoyar candidaturas afines a sus intereses delincuenciales. El fin principal es incidir en las decisiones que se toman en los ayuntamientos.

Las 8 regiones de nuestro estado tienen un supra poder que mueve los hilos de la economía y de la obra pública. Los jefes de las plazas consolidan su poder con una amplia red de emisarios que comandan varios grupos armados que se encargan de someter a la población con el pago de la cuota o la extorsión. Cuentan con personajes idóneos dentro de la administración municipal que facilita las transacciones económicas y la asignación de los recursos públicos a las empresas del crimen que se encargarán de realizar las obras del gobierno municipal. A nivel estado, la mayoría de las concesiones del transporte público están en sus manos. Esta actividad es estratégica para la movilidad de personas y de unidades cuando las circunstancias lo requieran: para ejercer presión a las autoridades, para el bloqueo de carreteras, el trasiego de mercancías ilícitas y para confrontarse con organizaciones sociales que pongan en riesgo sus intereses.

En nuestra entidad no hay excepción a la regla; los 85 municipios están coludidos de una forma o de otra con los grupos de la delincuencia que pululan en las 8 regiones. Establecen pactos secretos a contrapelo de los intereses de la población. De manera facciosa se reparten los cargos públicos que son más redituables. Se concesionan ciertos servicios a cambio de prebendas y protección. Estos acuerdos subrepticios han colapsado nuestro endeble sistema democrático. La porosidad de las instituciones públicas ha propiciado que los intereses delincuenciales se coloquen por encima de los intereses de la sociedad que lucha por la justicia, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas, el manejo transparente de los recursos públicos. Ante este escenario adverso todo se vuelve opaco y peligroso. Ciertos temas no se abordan públicamente y ya no hay garantías para que los ciudadanos y ciudadanas se manifiesten con libertad sin temor a ser fichados por los grupos que delinquen.

El manejo de los fondos públicos federales se maneja con discrecionalidad, los funcionarios aprovechan esta situación porque la mayoría de las personas no sabe cómo obtener información a través de los canales institucionales. El destino final de los fondos llega a manos de quienes manejan las empresas del jefe de la plaza. Sin respetar las reglas de operación se asignan obras públicas, con el argumento que son las idóneas al poseer maquinaria pesada para extraer grava, arena, para construir carreteras y pavimentar calles. En los municipios donde tienen el control total, las leyes y las instituciones han sido remplazadas por las reglas y formas de convivencia que ellos imponen.

Además de este entramado delincuencial que aparentemente funciona sin grandes obstáculos, existe una honda preocupación entre la población  por el gran poder que han adquirido las organizaciones delincuenciales y su gran influencia que tienen en las diferentes regiones, pero sobre todo en comunidades rurales que han estado abandonadas por las autoridades municipales y estatales. Han demostrado una gran capacidad para movilizar tanto autoridades comunitarias como municipales por el arraigo que tienen. La ausencia de los gobiernos estatal y federal le han hechos el gran favor a estos grupos porque ha crecido su legitimidad y ascendencia entre la gente que vive en medio de la precariedad y el miedo.

Se ha llegado al extremo que la población perciba que es un mal menor aliarse con un grupo delictivo porque ya conocen como actúa, su popularidad genera arraigo y mayor aceptación. Ante un escenario hostil aparece como el menos malo y el más condescendiente con las necesidades de la población. Se resignan a aceptarlo porque es de la región, es conocido por mucha gente y sus familiares tienen una gran red de compadrazgo.

En contexto de violencia y ante ausencia de las instituciones de seguridad, la gente que se siente inerme, considera como muy necesario que algún grupo de la delincuencia los proteja, a cambio de que ellos impongan su ley y que asuman el control de la vida económica y política de las comunidades. Es un mal necesario ante la inoperancia de las instituciones y la ausencia de la justicia. No hay manera de asirse de una autoridad que vele por los derechos de la población, ante este desamparo optan por aliarse con quien se ha erigido en el jefe de la plaza.

Ante la ausencia del estado de derecho reaparecen grupos delictivos que se disputan territorios a sangre y fuego. Al interior de las regiones emergen luchas internas lideradas por otro grupo que promete liberar del yugo delincuencial a su contrincante. La población queda atrapada entre dos fuegos, vive en la incertidumbre y el miedo, porque sabe que no puede mantenerse al margen. Tiene que optar por alguien. Una forma de liberarse de ese yugo es buscar apoyo o establecer una alianza con los grupos de autodefensa. Sin embargo, la narrativa que prevalece es que también las autodefensas pertenecen a algún grupo de la delincuencia o que son también la misma delincuencia.

Ante este turbio panorama las comunidades tratan de organizarse de manera autónoma con el riesgo de sufrir una agresión mayor. Se incorporan a la policía comunitaria o al grupo de autodefensa, el problema es que nadie garantiza seguridad. Varias comunidades asumen el riesgo de incorporarse a los grupos comunitarios o de autodefensa para no quedar a la deriva y sin un aliado que las proteja. Ante la falta de alternativas con la ausencia de las autoridades queda una salida peligrosa: la paz narca.

Las autoridades parecen ceder ante esta avalancha delincuencial, han dejado expandirse a los grupos que están en la disputa territorial y no hay un dique que los frene y que los obligue a replegarse. Su silencio tiene varias interpretaciones, sin embargo es más grave su inacción, como que han dejado que las bandas delincuenciales se repartan el territorio, con tal de que no haya más violencia y que lleven la fiesta en paz. Lo inadmisible es que la gobernabilidad en nuestro estado pase por los acuerdos bajo la mesa, por los pactos secretos, las complicidades, la corrupción, la impunidad y la no aplicación del estado de derecho.

Ahora vemos que hay demandas sociales que son enarbolan por los grupos de la delincuencia, ante la desatención a las demandas básicas que plantea la población a las autoridades, los grupos delictivos le dan cabida a sus peticiones y también arman su agenda social. Con el aval de las comunidades que están abandonadas los liderazgos del grupo delincuencial se mezclan con las autoridades locales. Para ser escuchados promueven la movilización a la capital del estado para levantar el perfil de las comunidades y ejercer mayor presión con el fin de obtener mayor presupuesto. Esta estrategia ha dado buenos resultados porque además de arrancar más presupuesto se granjean la amistad de las familias pobres y se materializan sus demandas en obras. Las demandas más sentidas como la construcción de caminos, de tanques de agua, salones de clase, fertilizante tienen el respaldo del grupo delincuencial. Este vacío les permite aparecer como actores políticos que tienen incidencia en las regiones donde no hay dinero ni alimentos para comer. Emergen actores político-delincuenciales que suplantan a las autoridades y a los partidos políticos por estar dentro de los territorios que son parte de sus negocios.

Lo más grave que nos ha pasado es que la delincuencia ha cimbrado las estructuras caducas de un gobierno que solo trae un nuevo discurso, que reproduce los vicios añejos. La corrupción sigue como antes, el nepotismo es calca fiel del cacicazgo ágrafo, la impunidad sigue siendo el lastre que arrastran todos los gobiernos que se coluden con los que cometen delitos y violan los derechos humanos. La violencia en el estado sigue imparable. Predomina la ley de las balas. El más fuerte sobrevive al sofocamiento de la macrocriminalidad. La disputa territorial es parte del botín de esta confrontación armada que no tiene final. La autopista del sol también está dentro de la estrategia de los grupos para obligar a las autoridades a negociar y a plantear su agenda orientada a proteger sus intereses facciosos. La autopista del sol se ha convertido en el termómetro que mide el grado de confrontación que se da entre los grupos de la delincuencia y que pone a prueba a un gobierno que parece estar contra la pared, que solo busca sobrellevar esta espiral de violencia.