La justicia que no llega

En honor a Hilario, Alicia y Norma Mesino:

padres ejemplares de la OCSS,

hija aguerrida y comprometida

con los derechos humanos.

Familia con temple

que por décadas ha enfrentado

la violencia del estado.

Inclaudicables en su exigencia de justicia.

Fieles a la lucha de los caídos

y defensores de los presos políticos.

Insumisos.

Inquebrantables.

 

Este 28 de junio se cumplieron 30 años de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas. Fue una decisión tomada por el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, asesorado por el general Arturo Acosta Chaparro, para desarticular el movimiento de comunidades serranas y atemorizar a los campesinos que se aglutinaban en la OCSS para enfrentar al poder caciquil, demandar sus derechos básicos y desenmascarar la estrategia contrainsurgente del ejército de militarizar la región, vigilar a las organizaciones, hostigar y desaparecer a miembros de la OCSS, catalogada como radical. En esta protesta demandarían la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, campesino desaparecido el 24 de mayo de 1995.

Las comunidades serranas que participaron en la conformación de la OCSS no han logrado salir del fango del olvido ni han podido vencer el flagelo de la pobreza. Los gobiernos priistas nunca perdonaron su rebeldía ni su osadía por rebelarse contra el mal gobierno y tumbar a un gobernador que se sentía todopoderoso. Le apostaron al cambio de gobierno y confiaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador atendería sus demandas y haría justicia a los campesinos asesinados. Esperaron pacientemente la presencia del presidente a la región, se conformaban que por lo menos enviara alguna señal de que impulsaría la investigación de los 17 campesinos masacrados. El sexenio terminó y constataron que la lucha por la justicia sigue siendo un camino tortuoso con los gobiernos de Morena.

A nivel estatal la gobernadora está distanciada del movimiento social, no le interesa la lucha que libran las organizaciones indígenas y campesinas. Están fuera de su agenda y no son sus interlocutoras por sus posturas críticas e independientes. La OCSS nunca imaginaría que sería más difícil entablar un diálogo con la gobernadora de Morena que con los gobiernos priistas y perredistas.

A pesar de la decepción y el desencanto no hay desánimo mucho menos sentimiento de derrota. Se mantienen en pie de lucha demandando castigo a los autores intelectuales de esta matanza, principalmente el ex gobernador Rubén Figueroa. No hay tregua para exigir la libertad de Antonio Barragán, preso político de la OCSS. La persecución política no para por eso Norma Mesino solicitó a la Comisión Interamericana medidas cautelares por las amenazas que ha sufrido. Le fueron otorgadas, sin embargo, le fueron suspendidas sin que el gobierno federal se haya interesado en evaluar su caso y reconsiderar su situación de riesgo. Por eso consideramos que es urgente que el mecanismo de protección de las personas defensoras de la secretaría de gobernación incorpore y otorgue a Norma las medidas más acordes para que continue con sus actividades como defensora.

Por su parte las viudas de los 17 campesinos demandan reparación integral por las pérdidas de sus familiares y por truncar los proyectos de vida de sus hijos. Los reclamos de la OCSS no han sido escuchados por la presidenta de la república Claudia Sheimbaun, que en una conferencia mañanera del mes de mayo acusó al ex presidente Ernesto Zedillo de ordenar la represión durante su sexenio. Para ilustrar mejor a la audiencia presentó un video con imágenes de la masacre de Aguas Blancas. El comentario de la presidenta fue para responder a sus críticos que la tacharon de autoritaria por llamar a votar por el poder judicial, sin embargo, estos casos no fueron retomados por la presidenta para impulsar las investigaciones y atender a las víctimas. Las compañeras de la OCSS con Norma Mesino al frente ha pedido a la presidenta que retome los casos que citó como Aguas Blancas, El Charco, Acteal, para que no queden en la impunidad.

Mientras tanto en la Sierra nada ha cambiado. Las comunidades siguen en el abandono, la precaria infraestructura está inservible; el precio del café, no ha mejorado, a pesar de ser una de las principales demandas de la organización. Las huertas de café no cuentan con el apoyo gubernamental para levantar la producción. La gente siembra el maíz solo para subsistir porque no tiene precio y no hay venta. Antes había acopio, pero ya lo quitaron.

En los últimos años la deforestación está imparable. Antes estaba pendiente la Profepa, la Semaren, la Semarnat, la Conafor, que eran las que regulaban, castigaban y paraban la tala ilegal de la madera, pero hoy ya no hay control. Lo peor de todo es que los talamontes están entrando a los terrenos de particulares y se están llevando la madera. Las asambleas ejidales perdieron su autoridad, ya no es como antes que quiénes decidían qué hacer eran los pueblos. Ahora el presidente del comisariado es impuesto por personas externas. Ya no se da la aprobación de la asamblea, lo que sí hay son las amenazas. Es como si el mismo estado controlara, pero a través de los grupos que delinquen.

El gobierno de la 4T prometió salud para las viudas y los sobrevivientes de la masacre, pero solo fueron promesas, porque seguimos en las mismas. Los hospitales y los centros de salud son elefantes blancos, porque no hay medicamentos y tampoco atención médica. Las comunidades están abandonadas y desamparadas.

No hemos tenido respuestas sobre nuestros desaparecidos y los responsables materiales e intelectuales tampoco han sido investigados ni castigados. La justicia no llega en Guerrero. No solo para  Aguas Blancas sino para nadie de los que han sido víctimas de otras masacres, desapariciones y ejecuciones. La OCSS tiene muchas familias desplazadas, personas desaparecidas, presos, ejecutados extrajudicialmente y ningún gobierno se ha comprometido a investigar estos crímenes.  El caso de Aguas Blancas sigue abierto, pero los actores intelectuales de alto nivel como Rubén Figueroa y Ernesto Zedillo gozan de total impunidad y de la inmunidad de los gobiernos de hoy.

Como la mayoría de personas lo saben, el gobierno dio dádivas a los familiares de los masacrados, lo hizo mientras sentían la presión política y el riesgo de ser juzgados, pero al final las abandonó a su suerte. Las autoridades las humillaron porque les hacían firmar documentos donde supuestamente manifestaban que ya habían recibido la reparación del daño y que renunciaban a interponer denuncias. Fueron engañados y eso no se vale. Lo peor es que muchos compañeros quedaron mutilados, con lesiones graves, unos no pueden caminar y otros ya no pueden trabajar. Muchas madres de los caídos murieron en la pobreza.

Hicieron creer que con el dinero que les dieron ya se había hecho justicia. Fueron dádivas que la gente aceptó porque no tenía recursos para sobrevivir. Estos daños que causaron son irreparables no solo por los 17 campesinos asesinados, sino por los sobrevivientes y todos sus familiares. También hubo afectaciones comunitarias por los desplazamientos forzados, la persecución de quienes pertenecían a la OCSS y los asesinatos que sucedieron después de la masacre. Más de 25 compañeros fueron asesinados extrajudicialmente. Desaparecieron a Gilberto Romero Vázquez, a Mauro Bahena Maldonado y Benito Bahena Maldonado. Los familiares viven en condiciones de extrema pobreza. Nunca brindaron atención médica ni psicológica como fueron las recomendaciones de la CNDH y de de la Comisión Interamericana.

La viuda Paula Mendoza falleció sin atención médica. Fue una mujer muy combativa, nunca aceptó dádivas. Por su firmeza fue criminalizada y amenazada. Muchas mujeres se aferraron a la vida para ver algún resplandor de justicia, pero murieron con el desprecio de las autoridades y el olvido. Uno de los sobrevivientes, que era líder de la organización, Felipe Ayala, fue ejecutado extrajudicialmente en el camino que va a Aguas Blancas. El hijo de la señora Mónica también fue asesinado en Aguas Blancas, y otros compañeros más.

En la comunidad de Atoyaquillo y Paso Real donde tenía arraigo la OCSS, no hay absolutamente nada, están en pésimas condiciones. Lo único que cambió es la carretera pavimentada que el gobierno hizo de Coyuca de Benítez a Tepetixtla. En los alrededores solo se aprecia el abandono. La gente tiene que trabajar duro para sobrevivir. Como organización, a pesar de ser la más perseguida, con varios compañeros desaparecidos, con presos políticos, mantenemos viva la memoria y seguimos firmes en nuestra exigencia de justicia.

Tenemos un compañero preso que fue víctima de tortura, Antonio Barragán Carrasco, infligida por Eduardo Gallo y Tello, que contó con el apoyo de García Luna. Actuó con total la impunidad y a pesar de que la comisión estatal de derechos humanos ha corroborado que fue torturado, la misma fiscalía acató esa recomendación, sin embargo, las autoridades del estado de Morelos se niegan a liberarlo.

En la Costa Grande estamos viviendo una guerra que no es nuestra. Estamos en un fuego cruzado que afecta a las comunidades, varios compañeros se han ido a Estados Unidos en calidad de desplazados, sin embargo, el presidente Trump está regresando a los migrantes. Nuestro dilema es morir aquí o morir en la frontera. Estamos ante una coyuntura sumamente peligrosa porque tenemos un gobierno que no garantiza el derecho a la seguridad y a vivir dignamente.

Como OCSS exigimos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que haya justicia para todas las víctimas de Aguas Blancas, que reabran los expedientes para que se castiguen a los autores intelectuales, como Ernesto Zedillo y Rubén Figueroa, de este crimen atroz. Emplazamos a la gobernadora de Morelos, para que analice bien el caso del compañero Antonio Barragán para que pueda otorgarle un indulto. Antonio es inocente, fue víctima de tortura y de la persecución política de los gobiernos caciquiles por ser miembro de la OCSS. A 30 años de la masacre de Aguas Blancas la justicia no llega a los pueblos de la Sierra.

Foto: Carlos Alberto Carbajal