Opinión La Ley de la Guardia Nacional Con 953 páginas, la iniciativa presidencial sobre la Ley de la Guardia Nacional cortó de tajo todos los esfuerzos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública y regresar al Ejército a sus cuarteles. La historia cruenta de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el Ejército fue borrada de la nueva narrativa oficial que pregona el humanismo mexicano y consolida a la Guardia Nacional como la cuarta fuerza armada, dependiente de la Defensa. Las luchas históricas de los familiares, colectivos y sobrevivientes, que fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos, quedaron relegadas de la agenda pública en aras de armonizar ocho leyes secundarias alineadas al régimen castrense. La nueva reforma modifica la naturaleza, estructura y atribuciones de la Guardia Nacional. Todo su personal recibirá educación militar, sus contrataciones y ascensos quedarán sujetos a las leyes y reglamentos del Ejército. Además del control efectivo de la Guardia Nacional, la Defensa amplía su presencia en los espacios civiles: contará con facultades para supervisar las operaciones de la Guardia Nacional; podrá evaluar la estrategia nacional de seguridad pública y obtendrá información sensible generada por el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información. Las operaciones encubiertas y el empleo de usuarios simulados en investigación preventiva del delito nos remiten a los años oscuros de la guerra sucia, cuando el Ejército diseñó y aplicó sus planes de contrainsurgencia: utilizó la fuerza letal para aniquilar a las organizaciones guerrilleras, irrumpió en las comunidades y colonias para aterrorizar a la población. La violencia estatal se expandió para dejar un número incuantificable de desaparecidos, ejecutados, torturados y familias desplazadas. La entonces Procuraduría General de la República ignoró por completo las denuncias interpuestas por los familiares de los execrables crímenes del Ejército. La nueva reforma otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar. Es lamentable que se reproduzca una norma invalidada por la Suprema Corte de Justicia, que es regresiva ante las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano. En la óptica militar el ciudadano que ejerce sus derechos y se manifiesta libremente es percibido como enemigo a vencer, un actor incómodo al que hay que vigilar y acallar. A pesar de que el Ministerio Público mantiene el monopolio de las investigaciones, en la práctica la autoridad civil queda supeditada al poder militar, máxime cuando se trata de investigar delitos cometidos por elementos castrenses. La reforma al Código Militar de Procedimientos Penales incorpora a los integrantes de la Guardia Nacional a la jurisdicción penal militar, contraviniendo los estándares internacionales de que la jurisdicción militar debe ser restrictiva, excepcional y que debe aplicarse exclusivamente a delitos de función estrictamente militar. Por su parte, la Corte Interamericana ha planteado en múltiples ocasiones que los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni a miembros de las fuerzas armadas por violaciones a derechos humanos. En México este desacato obstruye el acceso a la justicia a las víctimas y torna infranqueable el muro de la impunidad militar. Los crímenes cometidos por el Ejército son un referente histórico que nos alertan de los peligros de la militarización. La participación de los mandos militares en el diseño de planes de contrainsurgencia, como parte de las políticas de la seguridad interior, causaron daños que persisten. En 1971 el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, declaró que el Ejército “se mantiene siempre alerta a cualquier agitación… resulta muy saludable que las autoridades civiles hagan una limpia de los agitadores que incurren en delitos fuertemente sancionados por la ley… la misión del Ejército es cooperar con las autoridades civiles para la investigación de hechos lamentables” (Comverdad, 2014). El general firmó y dio a conocer a sus órganos internos, con riguroso carácter secreto, las operaciones del Plan Telaraña. En diciembre de 1971 ordenó la localización, captura, hostigamiento o exterminio de gavillas que operan en la región (fondo Sedena). El secretario en el sexenio de Luis Echeverría se encargó de operar los planes de contrainsurgencia contra los opositores políticos, los disidentes al régimen y las organizaciones guerrilleras. Fue responsable de los vuelos de la muerte y de gran número de desaparecidos y ejecutados. Con el expediente manchado, el actual gobierno rindió homenaje al general Hermenegildo por ser un personaje de incuestionable importancia en el desarrollo y modernización de las fuerzas armadas. El informe final del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico de la colección Fue el Estado (vol. 4) ubica a Cuenca como parte de los perpetradores. Firmó el Plan Integridad que buscaba apoyar a las autoridades civiles y a las fuerzas de seguridad pública en el combate a los transgresores del orden para evitar actos de terrorismo, sabotaje, disturbios civiles y acciones armadas en las ciudades y áreas rurales (p. 134). El plan revela cómo el Ejército criminalizó la protesta social. Desde antes de 1965, en el contexto del conflicto electoral en Baja California, el Ejército, al mando del general Cuenca impuso de facto el estado de sitio. Como premio al terror que implantó el PRI le otorgó la senaduría en 1964. Eso mismo sucedió en Nayarit, en las elecciones de 1975, cuando se impuso a bayoneta calada al coronel Rogelio Flores Curiel. En Tamaulipas (1978) el Ejército se encargó de reprimir las protestas impulsadas por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en 1980 las protestas panistas, contra el fraude electoral en el estado de Coahuila, fueron reprimidas por el Ejército. La pérdida de la naturaleza civil de la Guardia Nacional coloca al nuevo instituto armado como una fuerza sin control que desplaza la seguridad ciudadana y refuerza la visión conspirativa del enemigo interno. El nuevo entramado constitucional otorga más poder a los violadores de derechos humanos, que como Cuenca, se les premia para reconstruir el mito de que los militares son los salvadores de la patria. Publicado originalmente en el periodico La Jornada Share This Previous ArticleSin juicio permanecen supuestos secuestradores en la cárcel de Cochoapa el Grande, en la Montaña de Guerrero Next ArticleLos viajes de la muerte 6 julio, 2025
Los crímenes cometidos por el Ejército son un referente histórico que nos alertan de los peligros de la militarización. La participación de los mandos militares en el diseño de planes de contrainsurgencia, como parte de las políticas de la seguridad interior, causaron daños que persisten. En 1971 el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, declaró que el Ejército “se mantiene siempre alerta a cualquier agitación… resulta muy saludable que las autoridades civiles hagan una limpia de los agitadores que incurren en delitos fuertemente sancionados por la ley… la misión del Ejército es cooperar con las autoridades civiles para la investigación de hechos lamentables” (Comverdad, 2014). El general firmó y dio a conocer a sus órganos internos, con riguroso carácter secreto, las operaciones del Plan Telaraña. En diciembre de 1971 ordenó la localización, captura, hostigamiento o exterminio de gavillas que operan en la región (fondo Sedena). El secretario en el sexenio de Luis Echeverría se encargó de operar los planes de contrainsurgencia contra los opositores políticos, los disidentes al régimen y las organizaciones guerrilleras. Fue responsable de los vuelos de la muerte y de gran número de desaparecidos y ejecutados. Con el expediente manchado, el actual gobierno rindió homenaje al general Hermenegildo por ser un personaje de incuestionable importancia en el desarrollo y modernización de las fuerzas armadas. El informe final del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico de la colección Fue el Estado (vol. 4) ubica a Cuenca como parte de los perpetradores. Firmó el Plan Integridad que buscaba apoyar a las autoridades civiles y a las fuerzas de seguridad pública en el combate a los transgresores del orden para evitar actos de terrorismo, sabotaje, disturbios civiles y acciones armadas en las ciudades y áreas rurales (p. 134). El plan revela cómo el Ejército criminalizó la protesta social. Desde antes de 1965, en el contexto del conflicto electoral en Baja California, el Ejército, al mando del general Cuenca impuso de facto el estado de sitio. Como premio al terror que implantó el PRI le otorgó la senaduría en 1964. Eso mismo sucedió en Nayarit, en las elecciones de 1975, cuando se impuso a bayoneta calada al coronel Rogelio Flores Curiel. En Tamaulipas (1978) el Ejército se encargó de reprimir las protestas impulsadas por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y en 1980 las protestas panistas, contra el fraude electoral en el estado de Coahuila, fueron reprimidas por el Ejército. La pérdida de la naturaleza civil de la Guardia Nacional coloca al nuevo instituto armado como una fuerza sin control que desplaza la seguridad ciudadana y refuerza la visión conspirativa del enemigo interno. El nuevo entramado constitucional otorga más poder a los violadores de derechos humanos, que como Cuenca, se les premia para reconstruir el mito de que los militares son los salvadores de la patria.
La Ley de la Guardia Nacional
