La opacidad del ejército mexicano a una década del caso Ayotzinapa

Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2024. En el séptimo día de la jornada de lucha por los 43 normalistas desaparecidos, las madres y padres de familia se manifestaron en el Senado de la República contra la fuerza que le han dado al poder militar, porque en estos días aprobará una reforma donde la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Lamentablemente el ejército mexicano ha sido responsable de casos de violaciones graves de derechos humanos y han quedado en la impunidad.

Isidoro Vicario, uno de los abogados de las madres y padres, resaltó que “el movimiento de los 43 quiere dejar constancia (en el Senado) porque es importante que todas las instituciones que tengan información tienen que aportarla para que sepamos la verdad de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014. La desaparición y agresión de los estudiantes no puede quedar en la impunidad”.

“Los padres y madres han reiterado que el ejército mexicano entre sus archivos pudiera ocultar la verdad. Los 800 folios que faltan el ejército no los ha querido entregar, y hoy el Senado de la República va a otorgarle más poder al ejército mexicano. Cómo vamos a poder obligar a los militares si con estas reformas se les da más poder”, reclamó el abogado.

A pesar de que las familias señalaron al 27 batallón de infantería de Iguala de haber participado en la desaparición de sus hijos, la Sedena se niega a entregar la información del posible paradero de los jóvenes. Las autoridades saben que pasó, pero hacen caso omiso a la exigencia de las familias. Al contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido con pundonor al ejército mexicano.

“Como madres no vamos a dejar que sigan engañándonos. Queremos saber la verdad de nuestros hijos, a dónde se los llevaron. Ya se va el presidente y nunca nos dijo la verdad. Siempre nos dijo puras mentiras, pero cuando se iba a recibir de presidente nos decía que nos iba a apoyar, que nos iba a decir dónde están nuestros hijos, pero siempre se hizo tonto. No creo que en el tiempo que estuvo no supo dónde están nuestros hijos, sí sabe, nada más que no quiere decir. Faltan dos días para que sean diez años y este dolor nunca se va a acabar. Esta herida que tenemos en el corazón nunca se va a acabar”, dijo doña Metodia, madre de Luis Ángel Abarca, estudiante desaparecido.

El reclamo de las familias es que al comienzo del mandato de López Obrador parecía haber voluntad para resolver el caso. Se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa, un mecanismo extraordinario de justicia. Sin embargo, “en el momento en que fueron canceladas 16 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano el caso se vino en picada llegando al punto en el que hoy nos encontramos, sin avances en la investigación. Desde el 2022 está esa línea de investigación. Desde el 2022 están los informes militares que dan cuenta de nuestros 17 compañeros y es el día en que no sabemos al respecto y esa línea quedó parada”, aseveró Vidulfo Rosales, abogado de las familias de los 43.

También resaltó que “José Ulises Bernabé era el director de barandillas de donde sacaron a nuestros compañeros. Está en Estados Unidos, un país con el que se tiene un tratado de extradición y no ha sido extraditado. Varios estudiantes fueron ingresados al 27 batallón de infantería y tampoco se investigó. Todas estas líneas de investigación no se han seguido. El gobierno se empeñó en construir una narrativa de que la DEA, los gobiernos extranjeros, las organizaciones de derechos humanos entorpecieron las investigaciones. Es responsabilidad del ejército mexicano. Toda esta información ayudaría a desentrañar lo que pasó con los 17 y otros estudiantes que fueron llevados al 27 Batallón de Infantería, según un testigo. Toda esa información nos remite al ejército mexicano. Hubo presiones desde el interior del gobierno, hay hasta acciones penales contra Alejandro Encinas y el hostigamiento contra Omar Gómez, ambos tuvieron que renunciar a las instituciones que eran la punta de lanza”.

El abogado también mencionó que el domingo pasado se halló un resto óseo, pero “vemos acciones de manipular el proceso de identificación de esos restos. Son acciones desesperadas, manotazos al caso para intentar políticamente tener otra salida y decir que sí dio respuestas este gobierno, que sí dio verdad. Vemos acciones turbias como el gobierno anterior que pretendió dividir a las madres y padres de familia, el gobierno actual empodera algunos personajes que ni siquiera son padres y madres de familia, dándole voz y dinero para intentar fragmentar el movimiento, cosa que no se ha logrado. La unidad de las madres y padres de los 43 permanece intacta. La dignidad de las familias continuará porque el dolor es grande”.

Vidulfo Rosales criticó el “poder militar” del ejército mexicano al pasar la Guardia Nacional a formar parte de la Sedena, cuando “ha sido opaco, no rinde cuentas ante nadie y está por encima de la Constitución. Por eso hacemos el llamado al senado a reflexionar. Sabemos que hay una decisión, pero queremos dejar patente el movimiento de las madres y padres para decir que es peligroso para el país empoderar a una institución que transita en la opacidad; que viola derechos humanos y no rinde cuentas ante nadie. Cuando se le pidió información al ejército relacionada con los 17 estudiantes que fueron sacados de barandillas nunca la rindió. Más de 70 oficios se le mandaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, todos los ignoró, nunca nos contestó, y no se abrieron acciones penales contra el ejército por desacato, por no colaborar con una investigación y por obstruir una investigación penal en curso”.

La esperanza de las madres y padres es que la nueva presidenta “sí nos lleve al paradero de nuestros hijos y que se castiguen a los culpables, que regresen a Tomás Zerón de Lucio y pague las consecuencias porque dice que no participó. Le echan la culpa a Enrique Peña Nieto, pero sabemos que todas las instituciones son culpables. Merecen el castigo que a toda persona que desaparece se le debe de dar. Ellos ya aceptaron que fue un crimen de Estado. Que entreguen los 800 folios”, dijo el padre de familia Bernabé.

Para las familias es difícil llegar a diez años porque nunca imaginaron llegar a una década sin poder encontrar a sus hijos. “Cuando no llega un día te sientes mal. Nosotras llevamos diez años sufriendo, pero una madre nunca se olvida de su hijo. Nunca vamos a dejar de buscar a nuestros hijos”, dijo doña Metodia.