- La sociedad civil guerrerense exige que Enrique Peña Nieto vete la Ley de Seguridad Interior
- Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada.
Chilpancingo, Guerrero, a 20 de diciembre de 2017. El pasado 15 de diciembre de 2017 después de una sesión de más de 15 horas la Cámara de Senadores aprobó el proyecto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, en una discusión que careció de un debate profundo, transparente y honesto sobre las implicaciones de una legislación de esta naturaleza y sin que se realizaran cambios significativos.
Las voces de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de cientos de organizaciones nacionales y cientos de miles de personas no fueron escuchadas.
Para un estado que ha sufrido los embates del ejército durante años, el avance de esta ley representa la legitimación de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas y que tribunales internacionales han condenado. La desaparición forzada de Rosendo Radilla en un retén militar en Atoyac, la ejecución extrajudicial de 11 campesinos indígenas en El Charco, la tortura a los campesinos ecologistas en Ajuchitán, la tortura sexual de las mujeres indígenas me’ phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa son algunos de los ejemplos de que las fuerzas armadas no son aptas para las tareas de seguridad pública y por el contrario, su despliegue representa una amenaza clara a los derechos humanos.
El falso discurso de seguridad con el que se está promoviendo esta ley no tiene sustento. Las cifras del estado de Guerrero demuestran que la militarización no ha logrado disminuir los delitos ni acabar con la delincuencia organizada. Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo, Chilapa y Coyuca de Benítez, las cinco ciudades más peligrosas del estado, cuentan con un gran número de militares; sin embargo, la violencia ha hecho que muchos de estos territorios sean intransitables. Las miles de víctimas de la violencia claman por el fin de la impunidad y el clima de permisividad en favor de los perpetradores.
Por ello, ante la falta de responsabilidad expresada por el Congreso mexicano en la aprobación de esta ley exigimos a Enrique Peña Nieto que en su facultad de veto señalada en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de promulgarla y se abra un proceso de diálogo adecuado con la sociedad para crear una legislación que permita hacer frente a la situación de inseguridad del país apuntalando sus causas más profundas, el fortalecimiento de las policías y del sistema de justicia, así como la progresiva retirada de las fuerzas armadas de la seguridad pública.
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad