La violencia en el Acapulco de los pobres

Abel Barrera Hernández

Como a las tres de la mañana, cuando estaba el baile en la cancha del pueblo, alcancé a ver cómo dos policías comunitarios seguían a una persona que corría hacia la comisaría. Antes de que entrara, lo alcanzaron y lo retuvieron. Cuando se lo llevaban, una persona de las que estaban bebiendo dentro de la comisaría, sacó su pistola y les disparó. En ese momento los compañeros de la CRAC corrieron para apoyarlos. Fue cuando se desató la balacera. Era entre la gente de la comisaría y los comunitarios. Todos corrimos a nuestras casas y muy pocos se acercaron a la cancha para saber qué pasó. Supimos que habían asesinado a otras seis personas y que eran del grupo del comisario. Como a las nueve llegaron policías del estado bien armados. Hablaron con el comisario y también con Marco Antonio. Luego llegaron policías ministeriales. En el pueblo varios se fueron al cerro a esconderse porque temían que les hicieran algo.

La presencia de los policías no fue tanto para ayudar a las familias de los asesinados, sino para hacerle frente a los comunitarios. Cuando ya estaban listos los cuerpos para trasladarlos al Semefo, de repente apareció un helicóptero que empezó a volar muy bajito sobre la comandancia de la CRAC. En ese rato llegaron más camionetas con policías, tanto del estado como ministeriales. Todos los que ahí estábamos escuchamos un tiro que salió de un arma de los policías. Fue como una señal, porque la gente del gobierno comenzó a disparar. Ellos eran muchos, llegaron en más de 25 camionetas. Ya nos tenían rodeados y por eso sacaron sus armas. Los policías comunitarios eran pocos, no pasaban de 20. Sus armas no se comparan con las que dispararon los policías del gobierno.

Cuando estaban disparando vimos cómo Crescenciano Everardo, el comandante de la comunitaria, estaba hincado con sus manos en la cabeza. Lo arrastraron y lo golpearon. No sabemos qué pasó, porque ahora nos dicen que está muerto. Eso mismo sucedió con Alexis El Coco y El Monky, que se llama Feliciano. Con tanta balacera no vimos cómo los mataron. Varias compañeras se metieron a la comandancia de la policía comunitaria, donde estaban tirados los cuerpos de Ulises y de Eusebio, los dos policías que asesinaron en la madrugada. Hasta ahí se metieron los del estado que sacaron a empujones a las señoras. Luego entraron a las casas de los compañeros del Cecop. Llegaron gritando: ¿dónde están las armas? Sin pedir permiso esculcaban todo. Querían que les dijéramos dónde estaba Vicente, el hermano de Marco Antonio.

Esto mismo hicieron en Aguacaliente con otros compañeros del Cecop. Ahí llegaron con El Chistorete, Iván Soriano Leal. Un detenido de la comunitaria, a quien le encontraron armas y mariguana dentro del carro en que viajaba con otras tres personas. Él fue quien puso el dedo y les dijo a los policías dónde vivían los del Cecop. Les hizo creer que tenían muchas armas y también droga. Fueron a la casa de Vicente en Aguacaliente, y ahí le dijeron a su suegra que entregara las 300 armas que tenía escondidas. Revisaron hasta en los papeles del baño y en el refrigerador, pero no encontraron nada.

Desarmaron a todos los policías de la CRAC, los arrastraron y les arrancaron su uniforme. A Marco Antonio lo esposaron y lo aventaron a una camioneta. Ahora sabemos que lo llevaron al cerro y ahí lo torturaron. Le taparon la cara para golpearlo con un palo de moringa en las asentaderas, hasta que perdió el conocimiento. Lo obligaron a disparar. Le dijeron que ahora sí se lo van a chingar. Que de ésta no se escapaba, porque ya debe muchas. Como mujeres tenemos miedo de que el comisario cobre venganza, porque anda acompañado de policías del estado y de los ministeriales. También vemos que andan pistoleros que trabajan con Humberto Marín. Él está pagando para que la CRAC desaparezca y también apoya con dinero para que ganen los comisarios que forman parte de su grupo. Todo está podrido, porque el gobierno apoya a los que quieren que se construya la presa. A los del Cecop no nos pueden ver, y a Marco lo quieren matar.

El gobierno anda diciendo que nosotros somos los delincuentes y está inventando que tenemos mucho armamento y que nos dedicamos a vender droga. Que venga a ver cómo vivimos. Nuestra casa no tiene ni siquiera piso de cemento. Nomás vea cómo está la carretera, no parece que sea Acapulco. Aquí ni dios ni el diablo han venido. Trabajamos en el campo y apenas podemos cosechar maíz para ir comiendo en el año. El gobierno no nos apoya para tener trabajo y producir mejor nuestras tierras. De por sí como pobres nos tratan como tontos y flojos y más a los que somos del Cecop. No nos pueden ver porque no permitimos que la Comisión Federal de Electricidad entre a nuestras tierras para construir la presa La Parota.

El gobierno se ha encargado de sembrar odio en nuestros pueblos y no permite que nos organicemos. Desde que se formó la policía comunitaria en la Concepción, ha buscado a otros grupos y personas para provocar un enfrentamiento. Así pasó con la Upoeg y con El Chistorete, que es un ex militar que cuenta con el apoyo del gobierno y de la gente que trabaja con la delincuencia. A él lo protegen los policías y les sirve de informante, por eso lo liberaron. El problema sigue porque el comisario está organizando a la gente para que nos saquen del pueblo. Dice que los del Cecop somos culpables de lo que pasó. Como tienen el apoyo del gobierno, se metieron a la comandancia de la CRAC y tiraron todas las cosas al patio. Con gritos y risas quemaron lo que había para que no haya pruebas de cómo los policías del gobierno mataron a nuestros policías. Por eso también golpearon a varios periodistas y les quitaron su equipo de trabajo, porque saben lo que hicieron. Ya no quieren que entren al pueblo. El día del sepelio los corrieron; les dijeron que, si no quieren que les pase algo, que ya no vuelvan. Dicen que la policía comunitaria ya quedó sepultada junto con sus muertos y que ahora va a estar en el pueblo la policía del estado. Ellos quieren venganza y también quieren la presa La Parota. Nosotros queremos que respeten nuestros territorios, queremos que el gobierno nos deje en paz. Que investigue realmente lo que pasó el domingo en la madrugada y que deje de proteger a sus policías asesinos. Queremos que acabe ya esta pesadilla en el Acapulco donde vivimos los pobres.

*Antropólogo. Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan