Las autoridades no protegen a las mujeres indígenas de la Montaña

La violencia contra las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero no cesa. Los programas estatales y federales para proteger a las mujeres y niñas no son eficientes. Lo inaudito es que las autoridades municipales en lugar de apoyarlas permiten a los agresores consumar sus fechorías, dejándolas en total indefensión.

La violencia intrafamiliar es el pan de cada día. Las mujeres no sólo tienen que soportar los golpes, sino el daño psicoemocional, económica y vituperios. Los gritos de auxilio lejos de ser esperanzadores se convierten en un infierno cuando deciden denunciar ante el ministerio público porque no creen en su palabra, las discriminan y las revictimizan.

Las autoridades no castigan a los agresores, por eso la violencia contra las mujeres continúa y los feminicidios se siguen reeditando. En la noche del pasado 17 de noviembre de 2025 asesinaron a Juana de 40 años en la comunidad nahua de Tehuizcojtla, municipio de Copanatoyac. La policía municipal y pobladores realizaron recorridos para detener a Antonio Morales, esposo de Juana, pero huyó.

La violencia machista está enraizada en las comunidades. Ante vastos problemas que enfrentan las mujeres y niñas sólo hay un Centro de Justicia de las Mujeres en Tlapa con enormes retos, y con incertidumbre salarial para las trabajadoras. En Ayutla de los Libres está el Centro Comunitario Gú’wa Kúma: la Casa de los Saberes con parecidos problemas.

El mismo día del feminicidio de Juana las trabajadoras del Centro de Justicia pararon labores de manera indefinida para demandar el pago de sus honorarios a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al secretario de finanzas Raymundo Segura Estrada. Habían soportado siete meses, pero llegaron al límite sin saber qué hacer. Lo único que les quedó fue la protesta para que sus voces fueran escuchadas.

La mañana de este 21 de noviembre, después de cuatro días de paro laboral indefinido, terminó la protesta porque les depositaron los pagos de los meses adeudados. En conferencia de prensa señalaron: “Este cumplimiento tardío confirma, una vez más, la falta de responsabilidad administrativa y de reacción oportuna ante obligaciones laborales que jamás debieron incumplirse. Ningún programa dedicado a la atención, protección y acompañamiento de mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de violencia debería operar bajo escenarios de incertidumbre económica para su personal”.

Consideraron que la violencia económica e institucional que sufrieron queda como un daño más allá del depósito. Su preocupación es que se vuelva a repetir para los meses de noviembre y diciembre. Por eso exigieron a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda y al secretario de finanzas Raymundo Segura Estrada que se garantice por escrito la puntualidad de los pagos, que se establezca un mecanismo claro, estable que asegure la continuidad presupuestal para los programas de atención a las mujeres y niñas, víctimas de violencia, y una audiencia con la ejecutiva estatal para fortalecer la capacidad operativa del Centro de Justicia.