Las nuevas desapariciones forzadas

El jueves 2 de abril el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) solicitó al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, en vista de que ha recibido indicios fundados de que en México se ha cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

Tomando como referencia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED fundó su petición manifestando que ha recibido información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se práctica de forma generalizada o sistemática en el territorio del Estado Mexicano, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado  toda la información pertinente sobre esa situación, determinó llevar la cuestión, con carta de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General.

El documento presentado por el CED fue rechazado y calificado de tendencioso y falto de rigor jurídico por parte de las Autoridades Mexicanas, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Subrayan que no toma en cuenta los avances que se han alcanzado desde 2018 y además el CED excede su mandato al ampliar indebidamente el alcance de la desaparición forzada. “El Gobierno Mexicano no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” El marco utilizado por el Comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. A este diferendo se sumó la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario de Piedra que arremetió contra las organizaciones civiles por manejar información tendenciosa y manipulada. Su postura está lejos de representar a las víctimas al erigirse en vocera de la 4T. Para la Presidenta las desapariciones “han venido descendiendo desde 2018, has prácticamente desaparecer”.

Por su parte, la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, María Dolores González, destacó que le decisión del CED es una oportunidad porque “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación a fin de consolidar una política integral de Estado… y romper con los círculos de colusión, impunidad y desprotección.” Este domingo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una postura contraria de la presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, descalificó el documento del CED y manifestó su respaldo firme a la postura de la Presidenta Claudia Sheibaum que rechazó y descalificó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Lo consideró como un uso político para atacar al gobierno de México.

En su informe el Comité contra la Desaparición Forzada reconoce y acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado Mexicano al grado que ha remitido el marco jurídico e institucional mexicano como ejemplo positivo para otros Estados. No obstante, el Comité también ha tenido que subrayar que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces, y que no han permitido contrarrestar las tendencias continuas, como el aumento constante del número de personas desaparecidas; la falta  de avances efectivos en la búsqueda y la investigación de la mayoría de los casos denunciados; el ocultamiento de la información; la impunidad casi absoluta de los perpetradores; la alarmante crisis forense y la falta de apoyo a los familiares que luchan a diario para buscar a sus seres queridos.

La impunidad que rodea a la desaparición forzada es avasalladora. En su informe, el Comité hace notar que, hasta 2021, solo entre el 2 % y el 6 % de los casos de desaparición han sido judicializados, mientras que solo se habían dictado 36 sentencias por desaparición forzada de personas. Esto trae a la mente el caso de Arnulfo Cerón, en donde se obtuvo una sentencia de primera instancia. Aunque la pena ha sido controversial, es indudable que representa un caso que puede ofrecer una guía para el combate contra la impunidad.

El CED ha reafirmado que el Estado es responsable por la desaparición forzada de personas incluso cuando esta sea cometida por grupos delincuenciales o empresas privadas. Esto es importante dada la situación de macrocriminalidad que existe en Guerrero, en donde la lucha entre facciones de los cárteles y el contubernio entre el crimen organizado, las empresas y los gobiernos suelen difuminar las responsabilidades que tienen cada uno de estos actores. Más allá de delimitar el grado preciso de participación de cada uno de ellos, lo cierto es que el Estado debe no solo abstenerse de que sus agentes desaparezcan personas, sino también evitar que agentes privados lo hagan. Es por esto que la defensa gubernamental de que la desaparición forzada es una especie de fenómeno entre particulares —generalmente entre grupos criminales— y que por eso no hay responsabilidad estatal no es satisfactoria bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

De igual manera, el CED ha reconocido que en muchas ocasiones el impulso de la investigación recae sobre la familia de la persona desaparecida, lo que quiere decir que el Estado está incumpliendo con su obligación de buscar a las personas desaparecidas. Además, existe una seria falta de capacidad financiera y de personal para realizar las investigaciones y diligencias necesarias para localizar a las víctimas.

El CED concluyó que actores no estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad incluso cuando lo hagan sin la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Esto abre la puerta a considerar que, en Guerrero —así como en casi todo el país—, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, más allá de si el Estado participa, apoya o tolera las desapariciones forzadas. Más aún, sabemos que en Guerrero participan —de alguna forma u otra— elementos del Estado en la desaparición de personas, por lo que esta conclusión solo se ve reforzada.

El CED reconoce que existieron desapariciones forzadas durante la segunda mitad del siglo XX —es decir, durante la Guerra Sucia— como un medio de represión política, aunque es enfático en señalar que la crisis —por lo menos en términos numéricos— se da a partir del 2006 con el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico de Felipe Calderón. Para ello, hace notar que, a 2021, el 98 % de las desapariciones se dieron durante el periodo de 2006-2021.

Aunque el CED concede que no hay indicios para suponer que existe una política federal que promueva las desapariciones forzadas, sí señala que hay indicios fundados de que estas se han dado en el marco de ataques a lo largo del tiempo y del territorio nacional, de conformidad con una política estatal ejecutada por “organizaciones” —es decir, grupos delincuenciales— actuando de forma autónoma o, por lo menos, con la aquiescencia de servidores públicos de todos los niveles.

El Comité encuentra que el fenómeno es generalizado por la tendencia al alza de las desapariciones y el descubrimiento de fosas clandestinas y sistemático porque se realiza con base en patrones de conducta bien establecidos.Para el Comité las desapariciones forzadas son un fenómeno sistemático y generalizado en México, y que esto solo es posible con cierto grado de participación del Estado.

El informe del CED tendrá un peso muy importante durante los próximos meses y años. Esto, ya que el comité es una institución con legitimidad a nivel internacional dada su independencia y especialización técnica. Además, muchos de los Estados y órganos de la ONU serán deferentes hacia el criterio del CED debido a que este comité ha tenido, durante años, un acceso privilegiado y balanceado al contexto mexicano. Ha escuchado al Estado, a las organizaciones no gubernamentales, víctimas y colectivos, por lo que existe confianza en que su decisión se da en un marco de equilibrio entre los distintos actores que han aportado información y argumentos

Es importante aclarar que el procedimiento previsto por el artículo 34 no es condenatorio. Esto, porque pareciera que la reacción del Estado mexicano surge de la —errónea— creencia de que el CED está buscando señalar culpables, cuando esto no es así. El procedimiento al que se ha dado paso implica reconocer que la situación de las desapariciones forzadas se ha salido de las manos del Estado examinado y que resulta conveniente —para el Estado, las víctimas, la población y la comunidad internacional— buscar una forma de dar a conocer el asunto a nivel internacional.

Pero eso no es todo, ya que el CED recomendó explícitamente que el asunto sea tratado por la Asamblea General para buscar formas de que los Estados cooperen —técnica y financieramente— con México para atender la crisis. Se busca desvirtuar este informe porque las autoridades Mexicanas consideran que es una forma de obstruir y opacar todos los esfuerzos que se han logrado, que en su mayoría se debe a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, es más bien una gran oportunidad para que la comunidad internacional asista a nuestro país en la atención de problemas que no hemos podido resolver, como las capacidades de investigación penal, de búsqueda de personas y la misma crisis forense.

El Comité pone a consideración de la Asamblea General de la ONU la necesidad de brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. De establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar la asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan. Estaremos en espera de lo que determine la Asamblea General de la ONU: