Este domingo 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, desde las 4 de la mañana, decenas de familiares de personas desaparecidas de la guerra sucia salieron de la cabecera municipal de Atoyac de Álvarez a la ciudad de Chilpancingo. La mayoría eran esposas, hijas, hermanas y hermanos de más de 600 personas que han sido reportadas por los diferentes colectivos y familiares como desaparecidas, sin que las autoridades federales hayan avanzado en las investigaciones para dar con los responsables y ubicar el paradero de quienes fueron perseguidos, torturados y vejados por los cuerpos represivos del Estado.
Desde el 2019, integrantes del Colectivo de Esposas e Hijos Desaparecidos de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac se han organizado para protestar en la 35 zona militar de Chilpancingo como parte del compromiso que han asumido de exigir justicia y honrar la memoria de sus seres queridos. Desde el 2021 han conjuntado acciones con la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades, y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables que dirige Estela Arrollo Castro. Ambos colectivos tienen más de 82 familiares desaparecidos, la mayoría del municipio de Atoyac, donde se focalizó la represión por parte del ejército y los cuerpos policiacos con la implementación de los planes de contrainsurgencia.
Para los familiares de desaparecidos esta conmemoración oficial, donde se exalta la labor del ejército, para las víctimas es un agravio y una ofensa porque se busca borrar de la memoria colectiva las graves violaciones de los derechos humanos que cometió el ejército desde 1965 hasta la década de los 90. Lamentablemente los casos de desaparición forzada se siguen consumando hasta la fecha. En nuestro estado impera la impunidad, las autoridades federales se han negado a investigar a los militares y más bien han estigmatizado a los luchadores sociales tratándolos como delincuentes. Han sido las madres, las esposas, las hijas y los hijos de campesinos, indígenas, maestros, maestras y estudiantes quienes se han despojado del miedo para tomar las calles y dar la batalla por la verdad y la justicia.
Para las familias, los militares tienen en sus archivos la información que da cuenta de lo que sucedió en aquellos años, también hay generales que emitieron órdenes para reprimir. Toda la estructura militar se focalizó para combatir a la guerrilla y al mismo tiempo causar terror entre la población. Fueron creados grupos de contrainsurgencia para identificar a las organizaciones sociales que apoyaban a la guerrilla y ubicar a las poblaciones donde tenía presencia e influencia. La orden fue destruir el tejido social, avasallar a la población indefensa, agredir a las mujeres y niños para causar daños profundos en su vida que les impidiera continuar la lucha de sus padres. Desangraron las venas de un pueblo pobre que por centurias ha luchado contra el yugo explotador y los caciques sanguinarios. No han sido derrotados, por el contrario, ha crecido la indignación por tantas atrocidades, ha despertado en las nuevas generaciones la conciencia de que son parte de una historia y de una cultura que florece en la comunidad, que está arraigada en su territorio y que, además, son parte de una civilización que ha trascendido a nivel mundial, pero que los gobiernos represores la han pisoteado.
El valor de las mujeres que llegaron en su mayoría del municipio de Atoyac es inconmensurable, por estas mujeres se han logrado las transformaciones en Guerrero, se han ganado batallas para lograr la independencia y plasmar los derechos de los indígenas y campesinos en la constitución de 1917. Muchas de estas hijas y madres no lograron estudiar el bachillerato ante la imposibilidad de contar con recursos económicos para estudiar en la ciudad. No sólo desaparecieron a sus familiares, sino que las mismas autoridades federales se han encargado de hacer más cruento su sufrimiento al quedar estancadas las investigaciones y negarles por cinco décadas el derecho que les asiste para que el Estado repare todos los daños y agravios que les causaron. Han tenido que pelear para que se les reconozca su calidad de víctima, se han visto obligados a bloquear carreteras para que su protesta trascienda y se atiendan las demandas más básicas como brindar los servicios de salud, educación, dotación de medicamentos, apoyo para la canasta básica, caminos y hasta servicio de internet.
Los familiares de El Quemado han tenido que plantarse en palacio nacional para que la CEAV repare todos los daños. Fue muy doloroso registrar la muerte de la señora Abelina Serafín Serrano, quien falleció el 14 de enero del presente año sin saber del paradero de su esposo Humberto Cabañas Alvarado, quien fue desaparecido por elementos del ejército el 17 de noviembre de 1976. En esta misma fecha murió la señora Andrea Vázquez Baltazar, esposa de Alberto Arrollo Dionicio que también fue desaparecido por el ejército en 1974 en la localidad de Las Parotas, municipio de Atoyac, Guerrero. Las dos familias solicitaron el apoyo del gobierno federal para cubrir los gastos funerarios de doña Abelina y Andrea. Lamentablemente no encontraron una respuesta efectiva y como siempre fue la solidaridad de las familias pobres las que ayudaron a solventar estos gastos. Hasta la fecha quedaron con deudas ante la imposibilidad de juntar todo el dinero para hacer todas las actividades religiosas ante el fallecimiento de sus seres queridos. Esta lucha digna es la que no toma en cuenta la clase política del Estado, más bien, no les interesa porque no hay una identidad con su lucha, mucho menos sienten el dolor que las ha marcado para toda su vida. Es una tragedia que sigue sangrando los corazones de decenas de familias que desde hace 50 años no descansan porque en todo momento buscan a sus seres queridos. Hay una gran distancia, por no decir un abismo, entre las autoridades federales y estatales y las familias de las personas desaparecidas.
Son dos líneas que corren paralelas en nuestro estado, por una parte, está el movimiento de víctimas que lucha por su sobrevivencia y que el mismo tiempo, diariamente, está en el campo de batalla para dar con el paradero de sus familiares desaparecidos. Son las historias dolorosas del Guerrero profundo, las tragedias de las familias que son ignoradas por las autoridades, que sufren el desprecio y el maltrato permanente de quienes ahora ostentan los cargos públicos. En la otra línea paralela están los grupos de poder, las élites políticas y empresariales, los perpetradores, los responsables de las desapariciones forzadas, los torturadores y asesinos. A viarios de ellos se les ha condecorado y más bien se hace tabula rasa de los crímenes que cometieron.
Fue muy sintomático el mensaje que dio la gobernadora Evelyn Salgado a los miembros del ejército mexicano, al referirse como una institución que es un pilar del Estado y que forma parte del orgullo nacional. Expresó que la historia del ejército es como un espejo de la historia de México, porque en sus diferentes etapas ha estado siempre presente defendiendo los intereses de nuestro país, con la absoluta convicción de garantizar nuestra soberanía y nuestras libertades. Reafirmó que el ejército mexicano es el pueblo uniformado. Antes de concluir su mensaje expresó su agradecimiento al ejército por todo el trabajo que realizan diariamente para la construcción de la paz, por el esfuerzo diario de construir infraestructura estratégica, promoviendo el derecho a la salud, procurando la protección civil, garantizando la gobernabilidad y estabilidad de Guerrero.
Para los familiares de personas desaparecidas esta lucha de cinco décadas se ha transformado en un camino lleno de espinas que les ha ocasionado desgastes físicos, psicológicos y económicos. Han resistido heroicamente, sin embargo, su situación actual es sumamente precaria al grado que están al borde de la exasperación, porque no hay confianza en las autoridades, sobre todo, las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.
En la protesta que hicieron este domingo en la 35 zona militar de Chilpancingo constataron que elementos de gobernación del estado actuaron como si fueran parte del régimen caciquil, al desafiar a los familiares que se apostaban en la entrada de las instalaciones militares. Su comportamiento fue agresivo y altanero. Les obstruyeron el paso y encararon a la compañera Estela y Octaviano al espetarles que con ellos se iba hacer la negociación. Los familiares de manera digna pegaron los rostros y los nombres de sus familiares desaparecidos en la barda y el portón de las instalaciones militares. Demostraron su valor, pero, sobre todo, su dignidad, ejerciendo su derecho a la protesta como una manifestación pacífica. Claman justicia y no están dispuestas a claudicar, mucho menos a olvidar. Cuando entregaron el documento a las autoridades del Estado en las puertas del ejército se sorprendieron al ver un grupo de policías antimotines que estaban apostados como primer frente para salir en defensa del ejército, al mismo tiempo circulaban camiones del ejército y la guardia nacional y volaban helicópteros para asegurar que las víctimas no fueran atreverse a dañar las instalaciones o a poner en riesgo la seguridad de los militares. Nunca imaginaron que el gobierno de la 4T en Guerrero se colocara en la fila de los perpetradores y que, además, la gobernadora saliera en su defensa ignorando el clamor de las víctimas, que son las venas abiertas de un pueblo digno que ha peleado en las montañas para alcanzar la independencia y proclamar los sentimientos de la nación. La clase política de Guerrero parece olvidarse de las víctimas y de no mantener viva la memoria de los desaparecidos que forjaron estas transformaciones sociales.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Foto: Óscar Guerrero/Amapola Periodismo