Fecha | Martes 11 de Junio de 2013
Medio | Periódico correo
Autor | Lourdes Vázquez / Martín Fuentes
GUANAJUATO / SILAO / LEÓN, Guanajuato.- Aunque la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Guanajuato fue informada desde abril pasado sobre la llegada de indígenas mixtecos a los campos de Silao, León, Manuel Doblado, San Francisco y Purísima del Rincón y de que se acordó que la dependencia iniciaría un censo para determinar cuántos son y en qué condiciones trabajan, a la fecha no se ha iniciado el conteo.
Giovanna Bataglia, coordinadora de la Casa Loyola de atención al indígena, aseguró que la llegada de migrantes guerrerenses a los campos de Guanajuato para trabajar en la cosecha de chile, pepino y cebolla fue advertida desde abril pasado, cuando sostuvieron una reunión con Luis Andrés Álvarez, entonces coordinador del gabinete social de la administración de León y quien convocó a personal de Desarrollo Rural, Desarrollo Social, DIF municipal, Educación, Salud, y la delegación de la Sedesol, mientras que del gobierno del estado participó la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).
Refirió que tras dicha reunión se acordó que la Dirección de Desarrollo Rural de León “informaría a las dependencias la llegada de los primeros (jornaleros indígenas) para que Sedesol llegara a los campos y pudiera censar y documentar la realidad”.
Un mes después, la Sedesol incumplió su parte del acuerdo, lamentó Bataglia, quien aseguró que algunos de los indígenas ya tendrían que estar inscritos en programas de apoyo de la misma Sedesol a fin de lograr el reconocimiento del derecho a cobrar un derecho de traslado desde sus comunidades de origen a los centros agrícolas de trabajo, en Guanajuato, sin embargo, “no lo han podido hacer, porque si la Sedesol no censa, en el sistema no aparecen (los jornaleros)”.
Apenas ayer, correo dio a conocer que por lo menos dos mil migrantes guerrerenses han llegado a campos de Silao, León, Manuel Doblado, San Francisco y Purísima del Rincón, para trabajar en la “pisca” de chile, cebolla y pepino sin un contrato de por medio, sin prestaciones sociales, sin seguro médico, todo por hasta 25 pesos por cada costal lleno del producto que deben cargar hasta los camiones para su transportación.
Tienen informe
Battaglia, durante una conferencia de prensa ofrecida en la Universidad Iberoamericana de León, Battaglia denunció que la Sedesol no ha hecho nada, pese a que se trata de una emergencia social, pues los derechos de los indígenas podrían estar siendo vulnerados.
En tanto, indicó que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) recibió, desde hace 10 días, un primer diagnóstico que elaboró Casa Loyola sobre la llegada de los migrantes guerrerenses, por lo que hoy martes sostendrán una reunión a fin de establecer las estrategias a seguir para atender a los indígenas.
STPS anuncia inspecciones
Ángel Flores / Lourdes Vázquez
El 42 por ciento de los indígenas mixtecos que salen de Guerrero para trabajar en campos agrícolas de diversos estados son menores de 15 años, reveló Margarita Nemecio, coordinadora del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, por lo que la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevará a cabo inspecciones a los centros de trabajo a fin de detectar aquellos sitios donde haya explotación infantil.
Según Nemecio, de 2006 a 2012, 40 mil jornaleros guerrerenses migran de un estado a otro; en Guanajuato se emplean como jornaleros agrícolas entre mayo y octubre, por lo que con los datos recogidos por del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, es evidente que los patrones contratan a menores de edad para la “pisca” de chile, cebolla y pepino.
Ángel Arellano, delegado de la STPS, admitió que la explotación infantil en Guanajuato es una realidad, principalmente en León, Silao e Irapuato, aunque también existen casos en el sur de la entidad.
Refirió que durante todo el año se llevan a cabo inspecciones a los centros de trabajo agrícolas para detectar aquéllos donde se emplee mano de obra infantil a fin de sancionar a quienes lo hagan, ya que se trata de una violación a la Ley Federal del Trabajo que se castiga con hasta cinco mil salarios mínimos.
Arellano Espinosa dijo que tan sólo el año pasado, la STPS levantó siete sanciones contra patrones que contrataron a menores de edad.