Fecha | Miércoles 29 de Febrero de 2012
Medio | MVS
Autor | Rocío Méndez
Este abandono a los pueblos indígenas se profundizó hacia los jornaleros agrícolas Es un desmantelamiento, no dejaron nada, agregó Abel Barrera.
Al migrante, a sus niños y niñas, «el país no los ve, el gobierno no lo atiende porque hablan otras lenguas, porque tienen otra vestimenta, porque tienen otro color de piel»; denunció Abel Barrera, Director del Cebtro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense «Tlachinollan», tras advertir que «lo poquito» que había en políticas públicas de atención a jornaleros agrícolas fue eliminado por el gobierno federal hace cinco años. Lo integró a un todo que llama «grupos vulnerables», donde atiende a todos y a nadie, precisa Barrera.
Este abandono a los pueblos indígenas se profundizó hacia los jornaleros agrícolas Es un desmantelamiento, no dejaron nada, agregó Abel Barrera.
En el Informe «Migrantes Somos y en el Camino Andamos», presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Guerrerense, «Tlachinollan», se reporta que 42 % de los jornaleros son menores de 15 años que enfrentan problemas de seguridad en los campos, falta de capacitación, herramientas, y protección social ante uso de sustancias peligrosas o accidentes, «hay una ausencia de derechos, destaca la Organización Internacional del trabajo que recordó a México que no ha firmado la Convención Internacional que prohíbe el trabajo entre los menores de 15 años.
También hay 312 casos de violaciones a derechos humanos y laborales; en los que, ante la denuncia, los empleadores lograron los llamados «otorgamientos de perdón» para eximir de responsabilidad ante accidentes y muerte en el trabajo. En el caso de lo pequeños migrantes de la montaña guerrerense, se han documentado 7 muertes de niñas y niños en los campos agrícolas.
Por otra parte, ante el reporte de la Secretaría de Educación Pública que dice atender a 89 mil escolares jornaleros agrícolas aunque reconoce que solo son el 20% de esa población que requiere servicios educativos, Barrera señaló que estas acciones «más bien revictimizan y discriminan mas a niñas y niños porque además de que es «raquítico» el acompañamiento, «no hay seguimiento académico de los niños que dejan la escuela en su lugares de origen y en los campos de cultivo ni hay atención bicultural», en los campamentos agrícolas «educar significa enseñar a los niños temas muy básicos para que aprendan español»; tanto los patrones como para las familias, la prioridad es que «el niño trabaje».
Javier Hernández Valencia, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, insistió en las brechas sociales que propician que los jornaleros agrícolas «no solo sean explotados sino también despojados» en esta economía; ese sigue siendo «el gran pendiente» para este país. «México tampoco es un estado fallido, pero si hay una desarticulación profunda» ante las brechas de la desigualdad, puntualizó.
En México 405 mil 712 familias empobrecida están en movimiento permanente por razones de empleo aunque 9 de cada 10 realiza labores en el campo sin contrato formal. El 26% de los mexicanos son migrantes y de ellos, nueve de cada 10 solo se mueven por territorio nacional, alcanzando poco más de 3.5 millones de personas, la mayoría son de origen indígena.