NOTA INFORMATIVA | Comunidad indígena gana amparo; quieren una escuela

Fecha | Martes 10 de julio de 2012

Medio | El Universal

Autor  | Silvia Otero

Un juez federal admitió un recurso de amparo que interpuso la comunidad indígena Me’phaa de Buena Vista, del municipio de Atlixtac, Guerrero, para demandar el derecho a la educación básica para sus niños, ya que alrededor de 30 menores no tienen acceso a la instrucción preescolar.
En un hecho sin precedente, el amparo fue admitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 893/2012, lo que podría poner fin a una década de lucha de esta comunidad ante la omisión de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan detalló que «en la Comunidad de Buena Vista se presentan las condiciones que hacen de la Montaña de Guerrero una de las regiones con mayor rezago educativo del país». Indicaron que los niños y las niñas deben caminar más de 6
kilómetros diarios para recibir educación preescolar; «esto trae como consecuencia que en la actualidad cerca de 30 niños y niñas de entre 3 y 6 años no accedan a la educación inicial, como es su derecho».
En los últimos 10 años la comunidad de Buena Vista «ha presentado infructuosamente múltiples solicitudes ante la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero para demandar la fundación de un Centro de Educación Preescolar Indígena». No obstante, la dependencia «ha ignorado estas solicitudes de manera reiterada, a pesar de que la propia comunidad ya cuenta con el terreno en el que podría establecerse el Centro Educativo y sin considerar que los habitantes de Buena Vista ya construyeron con sus propios recursos y trabajo comunitario un recinto para albergar el preescolar», explicó la organización. La comunidad de Buena Vista resolvió exigir el derecho a la educación a través de una demanda de amparo, que se presentó el pasado 21 de junio. El Centro Tlachinollan destacó que «en un hecho histórico» el 29 de junio el Juez Primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, admitió la demanda de amparo.
Se detalló que la demanda «es de gran trascendencia, no sólo porque constituye el último recurso legal con que cuentan los niños y las niñas de esta comunidad para acceder a la educación, sino también porque pone a prueba las recientes reformas en materia de amparo y derechos humanos para exigir judicialmente los derechos sociales de las comunidades indígenas en México».
El caso de Buena Vista «también es emblemático de la recurrente violación del derecho a la educación en la Montaña de Guerrero», destacó la organización que indicó que el juez «ahora tiene la oportunidad histórica de emitir una sentencia que marque un hito en la tutela del derecho a la educación, una vez que se desahogue el juicio».