Medio | El Sur
Fecha | Jueves 09 de agosto de 2012
Autor | Zacarías Cervantes
La Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México envió una carta en la que pide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retome los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa de Guerrero, violadas por elementos del ejército en el año 2002, en el marco de la revisión de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares para que sean juzgados en el fuero civil.
Mientras tanto, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en misivas similares, resaltaron su interés en la discusión de los ministros de la SCJN sobre la restricción del fuero militar que comenzó el 6 de agosto, porque se abre la posibilidad de que casos como el del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por militares en Huamuxtitlán sean juzgados por jueces civiles.
En el caso d el pronunciamiento emitido por la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México se exhorta a la SCJN “a sentar jurisprudencia que establezca los límites del fuero militar, tomando en cuenta lo establecido en estándares internacionales en materia de derechos humanos y justicia militar”.
El pronunciamiento de la Alianza de Mujeres insta a “adoptar las medidas apropiadas para garantizar que las fuerzas del Ejército y agentes de la ley que estén presentes o cerca de las comunidades o pueblos indígenas respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas”.
La agrupación manifiesta que los abusos perpetrados por las fuerzas militares son: violencia sexual, torturas, encarcelamiento arbitrario, procesos de desterritorialización, desarraigo, desplazamiento forzoso, los traumas sicosociales, la criminalización, el racismo y la discriminación, el feminicidio, la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes indígenas, la explotación económica, la invisibilidad estadística, la destrucción y degradación de la Madre Tierra, territorios y los recursos naturales, las pocas posibilidades de sanación espiritual necesaria, la impunidad, la destrucción de redes y la pérdida de los lazos sociales y culturales.
Y agrega que en el marco del análisis que realiza la SCJN con relación al fuero militar, exhorta a la Corte que retome los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa del estado de Guerrero, violadas por elementos del ejército en el año 2002.
Recuerda que por estos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano, pero que, sin embargo, dichas sentencias “no se han cumplido cabalmente”.
Agrega que: “tomando en cuenta estos casos concretos, más otros presentados por organismos de derechos humanos como Tlachinollan y demás organizaciones, sienten jurisprudencia, para los límites del fuero militar establecido en estándares internacional en materia de derechos humanos y justicia militar”.
En el contexto de la discusión en la SCJN sobre el fuero militar, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad declaró ayer que es “urgente garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial y restringir el fuero militar”.
Menciona su especial atención al caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de Guerrero, asesinado por elementos del Ejército en 2009, “mediante el cual se demanda la remisión del respectivo expediente a instancias civiles pues a la fecha permanece en un juzgado militar”.
El Movimiento por la Paz recuerda que los familiares de Bonfilio se sumaron a la Caravana del Sur, y que incluso su hermano José participó con su testimonio en el acto realizado el 10 de septiembre de 2011 en Chilpancingo. Y luego alerta que continuar con el fuero militar como está, “constituiría un agravio más de uno de los poderes del Estado contra las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos”.
Otro organismo que celebró que se haya incluido el caso de Rubio Villegas en los expedientes que revisa la SCJN fue la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que considera que la nueva discusión sobre el alcance del fuero militar, “representa una oportunidad histórica para establecer como estándar de protección que las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos castrenses sea investigadas y sancionadas por instancias civiles, como el de Bonfilio Rubio Villegas.
Y, finalmente, la CDHDF destaca la relevancia de que la discusión se lleve a cabo tomando como referencia los más altos estándares de protección de la persona humana, aceptados por el Estado mexicano por medio de su Constitución, los instrumentos internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos de que ha sido parte.