Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Como lo decía Armando Bartra, “la mala muerte se encarniza con los guerrerenses rasos. Y más si son insumisos y alebrestados. En Guerrero quien alza la voz no llega a viejo, organizarse es dañino para la salud y la de líder honesto es profesión de alto riesgo”.
El caso de las ejecuciones de Jorge Alexis y Gabriel, fue el preludio de un gobierno indolente que encubrió a perpetradores y permitió la persecución, asesinato y desaparición de defensores de derechos humanos. Fueron tres años de desgobierno, de poner a las instituciones públicas al servicio de los grupos caciquiles y de establecer alianzas con organizaciones criminales. Nos hundimos en la violencia y la desfachatez de un gobernador que dejó en manos de familiares las riendas del Estado.
Fue un caso tan grave que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos lo atrajo para realizar una investigación especial por violaciones graves a los Derechos Humanos de los estudiantes.
En este operativo intervinieron 71 elementos pertenecientes a la Policía Federal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal; 50 policías pertenecientes a la división de Fuerzas Federales, y 11 a la división de Seguridad Regional; 73 elementos adscritos a la Policía Ministerial de la entonces procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero; y 34 a la Policía Estatal Preventiva. Es decir, 168 elementos policiales, de los cuales 91 portaban armas de fuego. Una acción desproporcionada que contrastó con la protesta de los estudiantes a quienes se les quiso fabricar el delito de portación de armas de fuego. Queda constancia que el uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas sociales es una práctica sistemática de los gobiernos caciquiles, que sin miramiento alguno asesinan, desaparecen y torturan a estudiantes, maestros, y líderes sociales.
En Guerrero hay una deuda histórica que no ha sido saldada desde la Guerra Sucia, por eso, estos hechos infames deben de investigarse a fondo para poder transitar a un Estado donde prevalezca el respeto a los Derechos Humanos y el combate frontal a la impunidad, que garanticen verdad, justicia y reparación integral del daño.
Las familias de Jorge Alexis y Gabriel llevan ocho años buscando que se cumpla su derecho a la verdad, es decir su derecho a saber quiénes ordenaron reprimir con balas la manifestación en la autopista del Sol, pero también quiénes tuvieron conocimiento de los hechos y no hicieron nada para impedirlo, y finalmente quiénes manipularon las pruebas para encubrir a los responsables.
El derecho a la justicia significa que sean enjuiciados y condenados con sentencias ejemplares los autores materiales e intelectuales de los hechos, en un juicio que garantice el derecho de las víctimas y de los imputados y sentencie a los autores con base a pruebas irrefutables de su responsabilidad.
El derecho a la reparación incluye, pero no se limita a una indemnización económica a las familias de los estudiantes ejecutados. En su sentido pleno, implica que el Estado tome las medidas para garantizar que las graves violaciones a los derechos humanos no se repitan en un futuro, es decir, cambie las condiciones que provocaron la comisión de las graves violaciones.
En este sentido, la CNDH sentó un precedente importante al dejar claro que las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos no se limitan a abstenerse de reprimir las expresiones de inconformidad de la población, sino que también debe atender los reclamos sociales que las originan. La Normal Rural de Ayotzinapa es una institución histórica que ha buscado garantizar el derecho a la educación de la población indígena y campesina con la formación maestros rurales provenientes de estas comunidades. Reconoció el contexto adverso en el cual se encuentra la Normal de Ayotzinapa, que carece de recursos y que siempre ha sido criminalizada. Reiteró que se trata de una lucha legítima por la que los estudiantes se ven obligados a ejercer la protesta para exigir el incremento de la matrícula, o por lo menos el respeto al número de los estudiantes de nuevo ingreso; becas para todos los estudiantes, mejoramiento de las instalaciones y respeto a su proyecto educativo.
A ocho años de la recomendación de la CNDH, las investigaciones se encuentran estancadas y más bien se sigue encubriendo a los responsables materiales e intelectuales. Por lo mismo, el clima de impunidad es lo que impera en nuestra entidad, y es lo que sigue permitiendo la consumación de graves violaciones a los Derechos Humanos, como la desaparición y asesinato de defensores como recientemente sucedió con el caso del compañero Arnulfo Cerón Soriano.
La trágica noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, se escribió con sangre por un gobierno gansteril que se coludió con la delincuencia organizada, actuando de la misma forma las corporaciones policíacas como delincuentes. Atacaron a los jóvenes usando su poder destructor para demostrar que la violencia es la forma más efectiva para imponer el orden de un gobierno violador de los Derechos Humanos. Llegaron al extremo de desaparecer a 43 estudiantes porque sabían que contaban con la protección de las más altas autoridades civiles y militares.
Cuando el Estado se convierte en un asesino de su propia población, ¿cómo romper el doble círculo de la impunidad? Para los crímenes comunes, la impunidad es cercana al 100% y los centenares de miles de víctimas de la crisis de inseguridad actual tienen que padecer a diario la indolencia de las instituciones. Pero cuando el criminal a investigar es el propio Estado, la problemática se vuelve más inextricable aún.
Como sociedad, es urgente implementar mecanismos extraordinarios para asegurar el derecho a estas víctimas a la verdad, a la justicia, y a la reparación del daño. Por ello es importante que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se cumpla a cabalidad, para que este gobierno demuestre su compromiso con los estudiantes ejecutados. Las investigaciones tienen que avanzar para dar con los responsables materiales e intelectuales, la Fiscalía no puede ser cómplice de estos crímenes letales. Los colectivos de víctimas son una luz de esperanza en esta noche donde impera la violencia, solo ellos y ellas han podido increpar al poder, cimbrarlo desde las estructuras podridas donde se encuentran intereses delincuenciales y han sabido levantar la voz para derrumbar el muro de la impunidad.
Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, son el emblema de la dignidad de los estudiantes de Ayotzinapa, el símbolo de la resistencia y la memoria que nos mueve para exigir verdad, justicia y reparación del daño.
