Medio | El Universal
Fecha | Lunes 30 de Enero de 2012
Autor | Editorial
Todo conflicto armado causa bajas civiles. El propio presidente Felipe Calderón lo advirtió así al inicio de su sexenio tras dar inicio al combate frontal contra el crimen organizado. Y es precisamente por ello que el Estado debe estar atento a que esas víctimas sean las menos posibles, resarcirles el daño con prontitud y, en caso de existir abusos por parte de las fuerzas del orden, establecer sanciones de manera ejemplar.
Como respuesta a las demandas de justicia de las personas afectadas por la lucha contra el crimen, el gobierno federal creó la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), una institución que prometía ser enlace entre los ciudadanos y el Estado.
El problema es que, de acuerdo con su titular, Sara Irene Herrerías, la institución carece de recursos para cubrir la demanda y le faltan facultades para obligar a los estados a apoyar a quienes lo requieren. Cabe recordar que la mayoría de los delitos en el país son del fuero común ³asaltos, homicidios, extorsiones³ y, por lo tanto, su atención es responsabilidad de las entidades.
A esto hay que sumar la persistencia de denuncias ciudadanas por presuntos abusos de las fuerzas federales y militares. En estas páginas se hace hoy un recuento de dos fallecidos ³Jethro Ramsés y Bonfilio Rubio Villegas³ a manos de soldados, cuyos familiares han luchado durante años para dar castigo a los responsables y conseguir el resarcimiento del daño.
La semana pasada el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, informó al Congreso que durante el año anterior 43 civiles ³sin vínculos con policías o criminales³ murieron en enfrentamientos armados en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
Si bien quizá no todos los casos de fallecimientos de civiles pueden ser atribuidos a malas prácticas de las corporaciones de seguridad, las organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso la ONU no han dejado de manifestar su preocupación por la persistencia de vicios dentro de las corporaciones de seguridad como la tortura y el abuso de los arrestos preventivos. Una política de seguridad sólo es exitosa en la medida en que es capaz de perseguir criminales sin necesidad de recurrir a las prácticas de éstos