NOTA INFORMATIVA | Muerte materna en campos agrícolas

Tlapa, Guerrero, 23 de abril de 2021. En la mañana del miércoles 21 de abril, Margarita Bartolo Fermín, acudió a la clínica del IMSS de Guasave, Sinaloa, al advertir que tenía un pequeño sangrado. A pesar de que se encontraba a unos días de tener a su cuarta hija, el médico le comentó que no era de cuidado. Como a las 9 de la noche, su esposo Eustaquio Castro la trasladó de urgencia a la misma clínica porque el sangrado era mayor. La metieron al quirófano para operarla, sin embargo, no pudieron controlar la hemorragia. Optaron por trasladarla al hospital de los Mochis, Sinaloa, para tenerla en terapia intensiva. La sangre que había perdido, con la operación de la cesárea, no la pudo recuperar. En la mañana del jueves 22, los médicos le notificaron a Eustaquio que su esposa había muerto.

Margarita, salió hace tres años de la comunidad de Xicotlán, municipio de Chilapa, ante la falta de trabajo y la violencia que han impuesto grupos de la delincuencia organizada, en los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa. Eustaquio no cuenta con tierras para sembrar, ni tiene casa dónde vivir. Llevaba dos temporadas, en el campo agrícola El Gallo, perteneciente a la empresa Sacramento en Guasave, Sinaloa. Vivía en el cuarto 523 en Batamonte donde hoy se encuentra tendida Margarita. Le pagaban 197 pesos por cada tarea que realizaba que consiste en recolectar 30 botes de chile o 12 botes de tomate tipo uva. A la semana lograba recibir un pago de 2 mil pesos, cuando bien le iba, pero regularmente no hay muchas tareas durante la semana. Sobrevive con el poco dinero que han podido juntar. Sus tres niñas no han tenido la oportunidad de estudiar, porque es difícil acudir a la escuela cuando los padres tienen que estar en el campo. Margarita tuvo la oportunidad de estudiar la secundaria, pero ya no logró continuar con sus estudios ante los riesgos que implica salir ir a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, donde la delincuencia organizada ha tomado el control de la seguridad.

En el año de la pandemia, el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, de febrero del 2020 al mes de marzo del presente año, ha registrado la salida de 17 mil 775 personas, que se han enrolado como jornaleros agrícolas, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Baja California, principalmente. 8 mil 768 son mujeres y 9 mil 7 son hombres, de los municipios de Cochoapa el Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatónoc, Copanatoyac y Atlamajalcingo del Monte. En cuanto a su pertenencia a un pueblo indígena el 46% de las familias es Na’Savi, el 26% es Me’phaa, el 21% Naua y el 7% es población que no se adscribe a un pueblo indígena.

La población infantil de 0 a 17 años representa el 42%, los jóvenes y adultos de los 18 a 64 años, asciende al 57%. Los índices de analfabetismo son alarmantes debido a que el 42% de la población no fue a la escuela y solo el 16% reporta que terminó la primaria. Hay un 22% de niños y niñas que no concluyeron estos estudios, y solo el 10%, tuvo la oportunidad de concluir su secundaria. El 4% de jóvenes cuenta con bachillerato, sin embargo, al no encontrar trabajo en su región, han optado por contratarse como jornaleros agrícolas.

Durante este año 162 personas acudieron al campo agrícola El Gallo, donde murió la indígena Naua Margarita Bartolo Fermín. En ese mismo lugar el 23 de septiembre del 2014, murió un niño Naua de dos años, originario de Chiepetepec, municipio de Tlapa, debido a la atención negligente de los médicos de la misma clínica donde fue atendida Margarita. Son los niños y las mujeres indígenas jornaleras, la población más vulnerable que está condenada a sobrevivir en condiciones insalubres dentro de los campos agrícolas. Carecen de servicios médicos, de albergues y de servicios básicos como el agua potable y la luz eléctrica. En un gran número de campos, la explotación laboral es extrema, sin que se hagan efectivas las prestaciones que por ley les corresponden.

En el año 2019, se inscribió en la Ley Federal del Trabajo la obligación para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un salario mínimo profesional para las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta los riesgos inherentes a las labores desarrolladas y las características de las familias jornaleras. Para ello, se realizaron reuniones con la Secretaría del Trabajo, así como la CONASAMI, donde se expusieron las diferentes problemáticas que enfrentan en los campos agrícolas. Se planteó la urgencia de mejorar las condiciones de vida, que se orienten a revertir las múltiples violencias que se viven los campos agrícolas.

Como resultado de estas gestiones el 16 de diciembre del 2020, la CONASAMI aprobó un incremento al salario mínimo de las personas jornaleras del 30 por ciento respecto al salario mínimo vigente, quedando en 160.19 pesos. Para la población jornalera, este pequeño aumento no representa ninguna relevancia, porque en la práctica ganan más trabajando por tareas o a destajo. Es una lucha desigual porque al interior de la CONASAMI, la voz cantante la tienen los empresarios que no están dispuestos a ceder sus ganancias, a cambio de la mejora salarial de los trabajadores.

No solo es la sobreexplotación de la mano de obra indígena, sino la discriminación institucionalizada, la carencia de servicios básicos, la denigración de la vida familiar y el destino funesto de las muertes de niños y niñas, así como las muertes maternas, como la de Margarita Bartolo Fermín.