Medio | El Sur
Fecha | Jueves 15 de marzo de 2012
Autor | Zacarías Cervantes
Chilpancingo, A unas horas de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), resuelva el recurso de apelación que presentó el integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Maximino García Catarino, en contra del auto de formal prisión que le dictó el juez de primera Instancia de Ayutla, Inocente Orduño Magallón, Amnistía Internacional (AI) demandó ayer un juicio justo para el activista.
De acuerdo al plazo constitucional, se espera que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia resuelva la apelación hoy jueves 15 de marzo.
El organismo internacional recuerda que el indígena ta savi acudió a la Primera Sala penal del Tribunal para impugnar la decisión de llevarlo a juicio por el cargo de asesinato.
“Amnistía Internacional considera que su detención y su procesamiento pueden ser de motivación política, y corre peligro de ser sometido a un juicio injusto”, advierte el organismo.
Indica que por eso, García Catarino ha apelado contra el auto de formal prisión emitido por el cargo que se le imputa que es el de asesinar a Juan Teodoro García en la comunidad de Ocotlán, y que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero resolverá sobre esta apelación hoy jueves.
“Amnistía Internacional insta al Tribunal a garantizar que Maximino García recibirá un juicio justo y no será privado de la libertad sobre la base de pruebas falsas”, insiste.
Y añade que “cree que el procesamiento de Maximino García puede ser una represalia por su activismo legítimo en favor de su comunidad”.
Agrega en otro párrafo la organización, que ha documentado otros casos de activistas indígenas de Ayutla “que se enfrentan a periodos prolongados de prisión a causa de cargos penales falsos y de la negación de un juicio justo”.
Luego hace un llamado “a las autoridades federales y estatales a garantizar que Maximino García no será procesado en base a motivaciones políticas y se aseguren que el actuar del tribunal sea imparcial, de otra forma no solo estarían violando el derecho de Maximino García a un juicio justo sino están fallando a su deber de respetar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos”.
Asimismo, la organización llama a las autoridades a realizar una investigación “exhaustiva, inmediata e imparcial” sobre el homicidio de Juan Teodoro García.
Advierte que continuará dando seguimiento al caso de Maximino García “y si no es liberado, podría convertirse en el primer preso de conciencia desde que en 2010 Raúl Hernández (el me ́phaa que fue declarado por AI preso de conciencia) fuera liberado”.
Maximino García fue detenido el 21 de enero en su casa ubicada en la comunidad de Juquila, municipio de Ayutla, por agentes de la Policía Ministerial del estado. El indígena aseguró que no le mostraron ninguna orden judicial de detención, y tampoco le dijeron por qué lo detenían.
Después, fue trasladado al penal de Ayutla, pero su comparecencia ante el juez se prolongó hasta el 23 de enero.
El 27 de enero el juez de Primera Instancia de Ayutla resolvió con base sólo a los testigos de cargo el auto de formal prisión para iniciar su procesamiento.
El director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Vidulfo Rosales Sierra denunció que el juez Inocente Orduño Magallón hizo caso omiso de las pruebas que presentó mismas que indicaban que Maximino García no podía haber cometido ese delito.
Dijo que tampoco tomó en cuenta las irregularidades y contradicciones en las pruebas aportadas por la acusación, lo que genera dudas sobre la imparcialidad de dicho juez.