Medio | Proceso
Fecha | Miércoles 22 de febrero de 2012
Autor | Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. (apro).- La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) exigió al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, atender las denuncias por agresiones a defensores y poner en marcha el mecanismo de protección a los activistas.
En una misiva, el asesor de Programas Regionales de AI, Javier Zúñiga Mejía Borja, emplazó al encargado de la política interna del gobierno de Felipe Calderón a demostrar con hechos que la prioridad de esta administración es la defensa de los derechos humanos, y para ello exigió poner en marcha el mecanismo de protección de defensores comprometido por el Ejecutivo federal en julio pasado.
En la carta fechada en Londres se recuerda que hace tres años fueron descubiertos los cuerpos sin vida de los defensores indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM).
“Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad”, recuerda la organización internacional, luego de señalar que continúan las agresiones a los defensores de derechos humanos.
Amnistía también hace un recuento de casos recientes, entre ellos el ataque artero a Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien fue baleada en diciembre y, en semanas recientes, agredida con arma blanca.
Estos acontecimientos, recordó AI, son atribuibles a que la “la protección otorgada por las autoridades fue totalmente inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia” de esas acciones”, se señala en la carta enviada a Poiré Romero.
Un caso más es la desaparición forzada de Marcial Bautista y Eva Alarcón, dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), también en Guerrero, de quienes no se sabe nada desde que fueron bajados de un autobús de pasajeros el 7 de diciembre anterior.
“Sus hijos continúan en la búsqueda, pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones”, acota Amnistía.
A estos hechos, advierte AI, se suman los casos judiciales contra los defensores indígenas Maximino García Catarino, de la OFPM, encarcelado en Ayutla de los Libres, Guerrero, y José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores del agua en el municipio de Pahuatlán, Puebla.
Luego de señalar que estos tres indígenas serán nombrados “presos de conciencia” por AI, Mejía Borja resalta que, según un análisis de la organización, existe “una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia de principio de presunción de inocencia y evidencias de irregularidades procesales contra defensoras y defensores de derechos humanos en México”.
El mismo patrón, se denuncia en la carta, se observa en los casos de García Catarino, Aniceto Gómez y Agustín Cruz, quienes estarían siendo procesados por “la defensa de los derechos humanos en sus comunidades indígenas”.
Al recordar que “proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado mexicano”, Amnistía pide a Poiré demostrar el compromiso protegiendo a quienes defienden los derechos humanos.
“Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno –se apunta en la misiva—, es imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para las y los defensores de derechos humanos, el cual merezca la confianza de los afectados y realmente brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los derechos humanos”.
La recomendación la hizo la organización a través de su asesor regional a las autoridades judiciales federales y estatales, con el fin de que el gobierno “garantice que se ponga fin al mal uso de administración de justicia, el cual sigue prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos”.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que, en 2011, recibió 29 mil 439 escritos de queja, lo que representa un incremento de 50% respecto del año anterior.
La CNDH detalló, en un comunicado, que el Programa de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima), atendió a 2 mil 425 personas que “sufrieron agravios por parte de la delincuencia y la indolencia de algunos servidores públicos”.