No olvidemos a quienes desde la infancia cargan el pesado yugo de la discriminación. Su vida al ras de la tierra, pasa desapercibida por nuestra vista.

NOTA INFORMATIVA| Pide Tlachinollan y 76 ONG’s a SCJN resolver los derechos humanos de los asuntos relacionados con el fuero militar

Medio | Prensa Libre Guerrero

Fecha | Miércoles 13 de junio de 2012

Autor | Nereida Catalán

Chilpancingo, Gro., 12 de Junio del 2012. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan respaldado por las organizaciones civiles de derechos humanos del país exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agilizar la discusión de los más de 28 asuntos relacionados con el fuero militar, donde continua pendiente el caso de Bonfilio Rubio Villegas, quien era indígena nahua y fue ejecutado extrajudicialmente en 2009 por elementos del Ejercito cuando iba a bordo de un autobús que paso por un reten en Humuxtitlán.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG’S) dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos solicitaron que a todos los asuntos relacionados con el fuero militar sean resueltos conforme a las obligaciones que se desprenden de los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado y ratificado, en línea con la reciente reforma constitucional en la materia.

Por ello, este martes a través de un comunicado enviado por las 76 organizaciones civiles de derechos humanos del país y en el que participa Tlachinollan piden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie la discusión, para no generar incertidumbre jurídica y en virtud del interés público que reviste dicha deliberación por entrañar el cumplimiento de una obligación internacional que el estado mexicano ha evadido a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Las ONG’s pretenden hacer justicia para el caso del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas que murió por los disparos que ocasionaron los elementos del 93 Batallon de Infanteria, tras dispararle a la parte trasera de un autobús comercial que se dirigía a la Ciudad de México proveniente de Tlapa y se detuvo en un reten militar ubicado en Huamuxtitlán en el 2009, caso que quedó radicado bajo el numero 133/2012.

Las organizaciones recordaron que en la eminente discusión judicial sobre el fuero militar deben ponerse al centro los derechos de las víctimas y no la razón de estado o el cálculo político ante la coyuntura electora, por lo que urgieron sean analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El comunicado señala que la Suprema Corte de Justicia está frente a un momento histórico, pues ha establecido criterios que siendo desafiados por las Fuerzas Armadas hoy puede reforzar en casos como el de Bonfilio Rubio Villegas y Jethro Ramsés Sánchez Santana, vecino del Estado de Morelos quien también fue ejecutado, tutelando así́ los derechos de las víctimas y los familiares de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega, Rosendo Cantú́ y Montiel Flores y Cabrera García. Con ello la SCJN, en línea con lo que ya ha resuelto y atendiendo las obligaciones que le surgen de las sentencias, contribuirá a que el fuero militar no siga siendo un fuero personal, de suerte que subsista para preservar la disciplina militar como le es propio y de modo que se restablezcan los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, hoy tan necesarios.

Las organizaciones que firman el comunicado la integran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”(Guerrero); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., (Monterrey, Nuevo León); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua). Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez (Ciudad Juárez Chihuahua);Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; EQUIS Justicia para las Mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Litiga OLE, México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos y Todas” conformada por 71 organizaciones en 22 estados de la República y Servicios para la Asesoría y la Paz, A.C.

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