Medio | El Sur
Fecha | Jueves 23 de febrero de 2012
Autor | Redacción
La prestigiada organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la detención del dirigente indígena Maximino García Catarino y por la desaparición de los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle.
En un comunicado, exigió que finalice el uso del sistema de administración de justicia para perseguir a defensores de derechos humanos.
La preocupación la hizo expresa en una carta pública dirigida a Alejandro Poiré, secretario de Gobernación, donde recuerda que el 20 de febrero se cumplieron tres años del día en que los defensores de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron hallados muertos.
Ambos dirigentes “trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas me’phaa y na savi”. En esta carta la organización internacional recuerda que a tres años de “tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad” asimismo Amnistía Internacional da cuenta que paralelo a ello se encuentran estudiando el caso de abuso en contra de Maximino García Catarino, otro de los líderes de esta misma organización.
Amnistía Internacional hace énfasis en que los abusos que siguen enfrentando los defensores y las defensoras de derechos humanos en México continúan siendo graves, frecuentes e impunes; en donde están siendo víctimas de asesinato e intento de asesinato, amenazas, intimidación y criminalización.
En el recuento de los abusos que enfrentan las y los defensores en México, se hace mención de varios de los casos acontecidos en el estado de Guerrero, como el de Maximino García Catarino, líder indígena y miembro de la OFPM, quien “se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los Libres, Guerrero desde el 20 de enero de 2012 bajo cargos de homicidio que tiene grandes similitudes con el proceso infundado contra otro defensor de la región, Raúl Hernández, quien fue encarcelado durante dos años y adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia”.
Amnistía Internacional menciona que está también analizando el caso de Maximino García Catarino en el que la Organización ha observado una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, de ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales, que ha documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos en México.
Ante ello, manifiesta que los detalles mismos de cada caso permiten pensar que el verdadero motivo por el cual el defensor indígena se encuentra detenido es por la defensa de los derechos humanos de su comunidad. Por lo tanto, de confirmar esta situación, Amnistía internacional lo reconocerá como preso de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.
La carta dirigida a Alejandro Poiré, menciona la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista coordinadora y presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, secuestrados el 7 de diciembre de 2011; y menciona que a raíz de su búsqueda que han iniciado, las hijas de los ambientalistas han sido objeto de intimidaciones.
Amnistía Internacional recuerda al secretario de Gobernación que “proteger la vida, la integridad y los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado mexicano establecida en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos”.