Medio | La Jornada Guerrero
Fecha | Martes 20 de marzo de 2012
Autor | Citlal Giles Sánchez
Chilpancingo, 19 de marzo. A pesar de ser beneficiario de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el dirigente mixteco Maximino García Catarino enfrenta un proceso jurídico “viciado y lleno de irregularidades” que lo mantienen preso en el penal de Ayutla, acusado de un homicidio que no cometió, criticó el coordinador jurídico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Maximino García, quien asumió el cargo de dirigente de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) tras el asesinato de los dirigentes del organismo Raúl Lucas y Manuel Ponce, cuenta también con medidas cautelares, las cuales fueron ignoradas al detenerlo y encarcelarlo por cometer el supuesto delito de homicidio contra Juan Teodoro García.
Sin embargo, desde el día de su encarcelamiento hasta la fecha, los abogados de Tlachinollan han demostrado que los cargos que se le imputan son “fabricados”, además de que todo el proceso está “viciado y lleno de irregularidades”, por lo cual esa organización impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el auto de formal prisión que dictó el juez de Ayutla.
El Tribunal debió emitir una resolución el 15 de marzo y decidir si lo declaraba inocente o ratificaba el auto de formal prisión; sin embargo, pospuso su resolución, y se espera que sea este jueves o viernes cuando se determine la situación jurídica del activista mixteco.
Entrevistado al respecto, Rosales Sierra dijo desconocer por qué los magistrado del TSJ postergaron la resolución, pero confió en que se dicte auto de libertad inmediata a Maximino, porque “el expediente está lleno de inconsistencias, irregularidades y contradicciones entre los supuestos testigos de cargo”.