No olvidemos a quienes desde la infancia cargan el pesado yugo de la discriminación. Su vida al ras de la tierra, pasa desapercibida por nuestra vista.

Nota Informativa | De suma relevancia el informe de la ONU #DobleInjusticia afirman familiares de los 43

Ciudad de México, 16 de marzo de 2018. Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa manifestaron que las revelaciones del informe #DobleInjusticia lanzado presentado ayer por la   Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en México son sumamente relevantes en su proceso de búsqueda de la verdad y lucha por la justicia.

 El Gobierno federal ha intentado minimizar el informe #DobleInjusticia el cual tiene hallazgos inéditos que confirma que su teoría del caso (verdad histórica) no tiene asidero científico. Los hallazgos de tortura son un objeto más que tacha la teoría del basurero de Cocula.

Durante conferencia de prensa familiares de los 43 participaron afirmando que seguirán en su lucha, para Felipe de la Cruz,  Enrique Peña nieto sigue siendo cómplice de este crimen. Cristina Bautista tras saludar en náhuatl reiteró que “el Informe de la ONU confirma lo dicho por los peritos argentinos sobre el basurero, hoy confirma que nos hace falta llegar a la verdad, eso es lo que queremos saber y no las mentiras del gobierno mexicano”, atajó que la gente del gobierno que expulsó a  los expertos independientes se cubre entre entre ellos, “fue el Estado que asesinó a tres normalistas y a los 43 los desapareció, queremos decirle al gobierno mexicano a casi 42 meses que seguimos firmes y tenemos que seguir exigiendo que nos presenten con vida a nuestros hijos”.

La mamá de Benjamín Ascencio Bautista pidió a la CNDH, al Mecanismo Especial de la CIDH y a la  ONU vigilar al gobierno mexicano para llegar  a la verdad de saber donde están sus hijos. “Responsabilizamos al gobierno mexicano por dejar a nuestra compañera Minerva Bello que nos dejó sin saber donde están nuestros hijos por eso debemos seguir en pie de lucha”, atajó.

Mario César González detalló que el  informe de la ONU es una investigación sobre la investigación de la Procuraduría, de un gobierno que nos quiere imponer la verdad bajo tortura, allí están las grandes pruebas, la Marina asesinó a Blas Patiño ahogándolo con una bolsa. Nosotros los 43 padres de familia lo hemos dicho y recalcado que se había torturado a personas.

El padre de familia precisó que  las “Organizaciones internacionales tiene que sacar la verdad de las mentiras de la Procuraduría, este informe nos da más luz y sabiduría de lo que pasó… Los 43 padres de familia no nos vamos a rendir y seguiremos luchando para encontrar a nuestros hijos”.

Mario César quiso dejar claro ante los medios que “no defendemos a ningún delincuente lo que queremos es la verdad, no queremos la verdad bajo tortura porque bajo tortura los declarantes  dicen lo que la Procuraduría quiere escuchar, no estamos a favor de delincuentes pero tampoco aceptamos la tortura”.

Para Melitón Ortega los responsables de tortura están identificados, son los propios funcionarios de la PGR la SEIDO y también la Marina, instituciones que encabezaron esas torturas, ¿quién estaba como titula en la Agencia de Investigación Criminal? Tomás Zerón de Lucio, tenemos la razón, nos la da el informe de la ONU, las instituciones de gobierno son las responsables de tantas mentiras, dijo.

Emiliano Navarrete: “Lo que encontramos en el Gobierno Federal fue una mentira histórica fabricada en un basurero como lo que es su mentira, una basura”.

Representantes de organizaciones que acompañan a familiares de los 43 (Tlachinollan, Centro ProDh puntualizaron a preguntas de reporteros en el tema judicial que existen cuatro causas penales radicadas en el Juzgado primero del Distrito de Matamoros en Tamaulipas lo que vulnera el seguimiento día a día para saber cómo se desarrollan esas causas penales que se refieren a 129 personas que están regadas en el país, por ejemplo en Durango, Tepic, el penal de Puente Grande, el del Altiplano y algunas en Guerrero, esto dificulta el seguimiento puntual del proceso judicial.

Uno de los planteamientos de los padres y madres de los 43 al reunirse con el Consejo de la Judicatura Federal ha sido el establecimiento de un juzgado extraordinario para ventilar específicamente el caso Ayotzinapa que comprende 500 tomos, unas 50 mil hojas lo cual para un juzgado con carga de trabajo recurrente es complicado avanzar.

Epifanio Álvarez, quien fue uno de los padres que acudió a la pasada audiencia en Bogotá del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificó de basura lo que el gobierno ha mostrado, “aquí esta la muestra con el mentado Rana para nosotros no es relevante para nosotros sería importante los tres federales, que investigarán a Iñaki Blanco, a Aguirre a Tenazcalco, este sujeto apunta otra vez al basurero… otra burla, estamos enfadados de recibir tantas mentiras, quisiéramos encontrar la forma para que de una vez ese gobierno quitara esa mentira histórica”.

Mario Patrón, director del Centro Pro señaló que no hay ninguna sola persona acusada por desaparición forzada, todas están por delincuencia organizada y algunas por secuestro pero no desaparición forzada cuya característica esencial es definir que los perpetradores son autoridades o autoridades vinculadas con particulares.  Además apuntó a la relevancia del caso documentado donde la SEMAR asesinó a una persona tras cometer tortura, ante lo cual la postura del gobierno no ha sido la de investigar sino al contrario buscar encubrir a quienes perpetraron estas violaciones a los derechos humanos.

Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisó a un reportero que es vital establecer el grado de responsabilidad de policías municipales de Huitzuco y de policías federales consignados, dilucidar la participación de policías municipales de Huitzuco, Apaxtla, Tepecuacuilco y Taxco, así como determinar el grado de participación del gobierno de Guerrero ya que contrario a lo que han dicho funcionarios hubo participación de Policía Ministerial y Policía Estatal, además de la responsabilidad del Ejército mexicano en los hechos de Iguala.

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