OPINIÓN | Acapulco: mar de sangre

¿Por qué no cesa la violencia en Acapulco? ¿Será que la delincuencia organizada tiene más poder que las instituciones del Estado? ¿Estaremos ante un escenario atroz donde los intereses mafiosos se han impuesto a sangre y fuego por encima del interés superior de la seguridad ciudadana? ¿Habrá intereses políticos atrás de esta ola de violencia? ¿En verdad se está trastocando la estructura delincuencial qué ha capturado a las instituciones gubernamentales? ¿Los cambios de mando de la seguridad pública están implicando un reacomodo entre los grupos delincuenciales? ¿Por qué el fracaso de esta estrategia de seguridad?

De acuerdo con información del periódico El Sur se han registrado 66 asesinatos del 25 de septiembre al 23 de octubre de este año. Diez de las víctimas fueron mujeres y lamentablemente, al siguiente día se dio el asesinato del periodista Gabriel Soriano, después de cubrir el informe regional del gobernador Héctor Astudillo. El viernes 26 de octubre el empresario César Zambrano es asesinado al salir de su domicilio en la avenida principal en la colonia Morelos. El domingo 21 de octubre una persona fue asesinada en pleno centro de Acapulco. En ese mismo día fue hallada una cabeza humana y un cuerpo desmembrado esparcido en tres contenedores de basura. El sábado 22 en la medianoche fue encontrada la cabeza de una persona en la colonia Vicente Guerrero. La cabeza tenía puesta una gorra de policía y se encontraba dentro de una hielera. Estos hechos son parte de la cotidianidad que se padece en el Puerto. Ya no hay forma de contener esta avalancha delincuencial, no hay espacios seguros ni lugares donde la gente pueda transitar tranquilamente. La misma zona turística no esta exenta de estos hechos delictivos. El tejido social esta fracturado al grado que ningún sector de la sociedad confía en las corporaciones policiales ni en la presencia aparatosa del ejército y la marina.

Las autoridades del estado no han hecho una evaluación de fondo sobre la situación de inseguridad y violencia que prevalece en el estado. A pesar de esta crisis severa que nos sigue hundiendo en el pantano de la violencia no vemos medidas drásticas que desactiven esta embestida delincuencial que parece ganar la batalla a todo el aparato de seguridad que se encuentra desplegado en Guerrero. Por parte de la Fiscalía del Estado no existen datos objetivos sobre las investigaciones concluidas, mucho menos se sabe de los responsables de estos homicidios. Estamos lejos de que el ejército y la marina desarticulen a los grupos de la delincuencia organizada, apenas llegamos a saber cuantas organizaciones delincuenciales operan en el Puerto de Acapulco. Son datos muy vagos que dejan mucho que decir, porque parecen no funcionar el trabajo de inteligencia que desde la década de la guerra sucia ha implantado el ejército en el estado ¿De que ha servido esta militarización para afianzar la seguridad y el Estado de Derecho? ¿Por qué no rinden cuentas los cuerpos represivos del Estado? Toda la inversión que se ha concentrado en la compra de tecnología y armamento militar ¿Para que ha servido? ¿Por qué ha mayor militarización hay mayores crímenes y un incremento de los grupos delincuenciales? ¿Por qué las autoridades no asumen de cara a la sociedad esta estrategia fallida y se hacen un balance de las grandes fallas de este modelo de seguridad?

¿Hasta cuando se iniciará una depuración al interior de las instituciones de seguridad y justicia? ¿Por qué se mantienen intocados los cotos de poder? ¿Hay voluntad para desarraigar los intereses delincuenciales que se encuentran dentro de las esferas del poder? ¿En verdad hay un acuerpamiento de las altas autoridades de los tres niveles de gobierno, para revertir esta ola delincuencial  que ha socavado la estructura del poder en el Puerto? ¿Cuánto tiempo tiene que  pasar para poner un alto a esta tragedia?

La situación de Acapulco es la radiografía de un estado que hasta ha perdido el control de las instituciones. Las autoridades sobrellevan el barco  en medio de una tormenta donde los tripulantes están rebasados y descoordinados, no toman en cuenta a la población, en lugar de verla como aliada, siempre toman distancia para no perder el poder, mucho menos de ceder espacios donde se mantienen intereses facciosos.

Las victimas de esta violencia muchas de ellas han tenido que soportar en silencia esta tragedia, muchas más son presas del pánico y no encuentran en las autoridades el respaldo para brindarles seguridad y garantizarles justicia. Las secuelas de esta violencia son inconmensurables no solo por las pérdidas económicas y la descomposición social sino por el alto número pérdidas humanas, la destrucción de centenas de familias y la ruptura de proyectos de vida de las nuevas generaciones. Para que sus hijos e hijas puedan ir a la escuela, los padres y madres  de familia se han visto obligados a que los militares resguarden las instituciones educativas. Recientemente el comandante de la novena región militar informó que al diariamente vigilan doscientas cincuenta escuelas en el Puerto de Acapulco. El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, denunció que desde lunes 15 al jueves 18 de octubre que en varias escuelas, hombres desconocidos intentaron secuestrar a varias jóvenes. No solo los estudiantes de nivel medio superior y superior están al acecho sino también miles de jóvenes que sobreviven en las colonias pobres de Acapulco donde son cooptados por los grupos de la delincuencia organizada. Es muy grave el problema que enfrenta la ciudad más importante del estado, no solo porque no está brindando seguridad a la población, sino por que los niños y los jóvenes están creciendo en un ambiente contaminado por la criminalidad. Esta situación de guerra donde las noticias principales son las ejecuciones en la vía pública, las escenas cruentas de los cuerpos desmembrados, las desapariciones y secuestros de jóvenes deja en el imaginario popular que solo se puede vivir ejerciendo la violencia.

¿Cómo generar una cultura de respeto a la vida, a la dignidad de las personas? ¿De ser constructores y constructoras de la paz y de valorar el Estado de Derecho? ¿Cómo pensar en un modelo educativo en medio de esta crisis de seguridad? ¿Cómo rescatar a los niños y jóvenes de esta monstruosidad que los desgarra en sus mismas colonias donde ya no hay la buena vecindad y más bien las casas están marcadas por cruces y las banquetas manchadas de sangre?

Ante esta complejidad de la violencia las autoridades deben de entender que el problema de la seguridad no se centra solo en el uso de la fuerza, mucho menos en acrecentar la violencia con mayor número de efectivos policiacos y militares, que reproducen el mismo patrón de criminalidad por la corrupción e impunidad que impera. Es una tarea de la sociedad en su conjunto del involucramiento de muchos actores de la sociedad civil y de la incorporación de nuevos paradigmas de la seguridad centrada en el ciudadano y la ciudadana, con una perspectiva de derechos humanos. Es un gran desafío porque se tiene que trabajar desde la base comunitaria en la periferia con programas que revaloren e incorporen a los jóvenes en trabajos que los dignifiquen, que desarrollen su creatividad, que promuevan la cultura, las artes, el deporte, las nuevas tecnologías, la comunicación personalizada y una educación humanista.

La ambición desmedida de transformar Acapulco en un centro turístico de renombre internacional quedo trunca porque se impusieron intereses de la economía criminal que fueron contaminando los negocios locales y a la misma clase política por porteña. Se cayó en la irresponsabilidad de dejar hacer negocios lícitos e ilícitos a cualquier personaje externo, utilizando las instituciones para beneficio de particulares. Se expulsó a varias familias del casco central de Acapulco para modernizar el puerto, se le confinó a la periferia para dejarlos sobrevivir a su suerte. Se despojó a las familias de ejidatarios de lugares paradisiacos para construir el Acapulco Diamante y zanjar la brecha entre la población mayoritariamente pobre de Acapulco con una élite económica rica vinculada con grupos empresariales que son realmente los dueños de las playas exclusivas para turismo internacional.

Estas acciones represivas de las autoridades del estado cumplieron su cometido, de expulsar de este paraíso a los verdaderos dueños y dueñas de las bellezas naturales de Acapulco. Pusieron en bandeja de plata este patrimonio natural a los políticos del centro y a sus amigos los empresarios, para que decidieran que tipo de inversiones se realizarían en uno de los enclaves más hermosos del país. La ambición de la ganancia crasa transformó a Acapulco en un centro de placer, que atrajo no solo a turistas internacionales sino también a personajes siniestros que encontraron el lugar más idóneo para que también se transformara en centro de operaciones del narcotráfico, donde se asentaron los carteles más poderosos del país y establecieron vínculos con carteles Sudamericanos.

Acapulco, con su bahía hermosa perdió el encanto cuando los políticos dejaron que este puerto se transformara en una de las plazas más codiciadas del narcotráfico. Los paseos de las familias acapulqueñas cedieron sus espacios a personajes que llegaron no solo para divertirse sino para realizar negocios ilícitos y a pelear con armas de fuego el control territorial. Aprovecharon la complicidad de las autoridades, de los cuerpos policiacos y del mismo ejército para afianzar su presencia en los lugares estratégicos para el negocio de las drogas. Esta permisividad de las autoridades y la permeabilidad de las instituciones ha hecho de Acapulco un puerto violento donde hoy contemplamos no al hermoso mar del pacifico sino a un mar de sangre.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan