No olvidemos a quienes desde la infancia cargan el pesado yugo de la discriminación. Su vida al ras de la tierra, pasa desapercibida por nuestra vista.

OPINIÓN | Algarabía tras la tragedia

¿Cuánto le costó al pueblo de Guerrero el despliegue ostentoso de cientos de policías federales, de elementos del ejército y de la marina, para cuidar las boletas y vigilar la jornada electoral? ¿Qué tipo de democracia se ha implantado en nuestro estado al parapetarse los agentes armados en vías estratégicas, para impedir el libre tránsito de la población? ¿Cómo hablar de un proceso democrático cuando los órganos electorales blindaron sus instalaciones con militares bien apertrechados? ¿Cómo catalogar a funcionarios electorales que trabajaron como informantes de la policía federal y del ejército al señalar a líderes sociales como un peligro para la jornada electoral?

Los operadores de este sistema electorero demostraron quiénes en verdad tienen la fuerza y el poder. Con el uso de los cuerpos de elite de la policía y del ejército mostraron su músculo temerario. Hicieron ver que nadie puede osarse a levantar la voz ni atreverse a cuestionar, mucho menos a impedir los comicios. Como si se tratara de una declaración de guerra, el aparato gubernamental desplegó su poder en los lugares donde consideraban que se mancillaba la sacrosanta democracia electoral.

Lo paradójico es que en este tipo de democracia representativa todo puede ser permisible, siempre y cuando no cuestiones al sistema de representación política: puede haber gobernantes que trabajan con la delincuencia sin que haya ningún riesgo de ser investigados; no tiene por qué causar escándalo que las o los candidatos obtengan financiamiento del crimen organizado; tampoco hay problemas de que las candidaturas tengan precio y se vendan al mejor postor, mucho menos debe de sorprender a nadie que los partidos tengan estructuras bien afianzadas para hacer efectiva e invisible la compra del voto. El manejo de los recursos públicos y la utilización política de los programas son las mejores armas de los grupos en el poder para afianzar las clientelas depauperadas. Los partidos mismos funcionan al modo de las mafias porque están hechos para defender sus intereses facciosos al costo que sea. Por eso no es de extrañar que cuando está en peligro el triunfo de sus candidatos, aparezcan grupos de choque dispuestos a golpear a quienes consideran que son una amenaza.

Para una sociedad que está harta de las acciones delincuenciales de los partidos y de sus candidatos, es imposible pensar que con los procesos electorales pueda gestarse un cambio dentro del sistema de representación política. El modelo vigente es para mantener en la cúspide a pequeños grupúsculos que se alternan los cargos. Su poder se torna omnipotente porque tienen bajo su mando a todo el aparato represor. Esta pirámide impuesta por las elites políticas reproduce por sí misma la desigualdad y la exclusión social. Los cargos de representación popular se reciclan en los procesos electorales para legitimarse y afianzar un sistema inequitativo, con la alharaca de que es la democracia que la sociedad mexicana quiere.

Hoy constatamos la algarabía de los que ganaron, los institutos electorales se aprestan para cumplir con el ritual de entregar la constancia de mayoría a los candidatos que sacaron más votos. Los funcionarios electorales seguramente se sienten satisfechos de haber cumplido con tan ardua labor, podrán decir que se la rifaron y que hasta pusieron en riesgo su vida. Los candidatos ganadores se entronizarán como los nuevos reyes que empezarán a desplazar a los gobernantes en turno, para solo esperar que llegue la hora de tomar las riendas y tener a su disposición las arcas públicas. Este trance que transfigura al personaje ganador es la esencia de la democracia electorera, de tomar el poder y el dinero en sus manos y de usarlo a su libre arbitrio, lo demás pierde relevancia. lo que le haya pasado a la gente en este proceso electoral es intrascendente, porque solo es un voto a favor o en contra ¿Qué importa lo que le haya pasado a la gente que luchó para que se limpiara la elección de candidatos vinculados con el crimen organizado? ¿Quién puede reclamar justicia por la muerte de Antonio Vivar y exigir castigo a los policías federales que fueron los perpetradores de este crimen, si ya la televisión dio su veredicto con el aval de un funcionario del INE, de que formó parte de los incitadores que supuestamente querían linchar a los policías detenidos?

La lucha emblemática de los papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa tratará de ser invisibilizada por los candidatos ganadores, quienes relativizaran su aporte para un cambio de fondo y subestimarán su autoridad moral. Nada detendrá este movimiento que tiene raíz, que está cimentado en la lucha por la justicia y la verdad, que devela la trágica realidad que padecemos como país, y que más allá de coyunturas electorales que son efímeras, lo que realmente es duradero para la sociedad son los ideales que se forjan desde lo más hondo de las personas, donde brota el dolor y el deseo de encontrar a sus hijos, donde nace la rabia y la ira por tanta indolencia gubernamental y donde crece la indignación por tanta autoridad coludido con el crimen organizado.

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