A las y los damnificados de Acapulco, Costa Grande, Centro, Costa Chica, Sierra y Región Norte.
El pueblo guerrerense resistirá.
El embate de Manuel e Ingrid azotó con violencia a todo el país y ha dejado los estragos más graves en Guerrero, como si nuestra entidad suriana no enfrentara cotidianamente suficientes flagelos.
Los saldos de esta contingencia ambiental en Guerrero son todavía incuantificables. El número de muertes provocadas por las inclemencias meteorológicas es difícil de determinar, pues hay comunidades que siguen incomunicadas. El conteo de mujeres y hombres lesionados se sigue incrementando. Derechos humanos como la vivienda y la alimentación se ven hoy amenazados para la mayoría, ante la urgente necesidad de que personas y pueblos sean reubicados y frente al desabasto de productos básicos que empiezan a enfrentar prácticamente todas las regiones. Más allá de las estadísticas, el sufrimiento y las penurias de miles de guerrerenses rebasa cualquier intento de contabilizar las pérdidas.
La devastación de Acapulco y el horror inenarrable que enfrentaron las y los pobladores de La Pintada, Municipio de Atoyac, pueden ser catalogados ya como una de las peores catástrofes que ha enfrentado en su historia el Estado de Guerrero.
En la Montaña, esa región olvidada que conforman 19 municipios y más de 650 comunidades indígenas, el panorama es desolador. Cuando comenzaron las lluvias, nadie imaginaba la senda de destrucción que dejarían a su paso. No hubo un solo aviso sobre lo que se avecinaba que permitiera tomar precauciones. Simplemente, la lluvia inició y se prolongó como si fuera interminable, con una furia devastadora nunca antes vista.
En Tlapa, cabecera de ese ayuntamiento y centro político de la región, la alarma creció cuando hacia el sábado 15 se cayó la red de telefonía e internet y se colapsaron las vías de comunicación que conectan la ciudad con Puebla y Chilpancingo por los derrumbes en el camino a Chilapa y la inundación que padeció Huamuxtitlán. En los días subsecuentes, poco a poco se terminó el combustible; se cerraron los servicios bancarios; y, al crecer la incertidumbre, comenzaron las compras de pánico que generaron desabasto de alimentos. La situación sólo comenzaría a normalizarse hacia el viernes 20 de septiembre, aunque aún hoy la recuperación es lenta.
Pero las afectaciones generadas en la cabecera municipal fueron empequeñecidas conforme comenzó a llegar a Tlachinollan información sobre lo que había ocurrido en las comunidades de la Montaña. Mientras que el gobierno y los grandes medios de comunicación guardaban silencio sobre la devastación de la región, poco a poco Comisarios y Principales empezaron a llegar a Tlapa, después de caminar días enteros, con los pies agrietados y el lodo hasta la rodilla, para entregar el reporte de muertos y lesionados o la relación de los daños en viviendas, redes de agua, parcelas y caminos. Los mismos Comisarios y Principales trajeron a Tlapa la información sobre otras comunidades vecinas a las suyas, que permanecían incomunicadas o desplazadas.
Ese primer levantamiento de datos, depositado en frágiles papeles sellados por las autoridades comunitarias, resultó fundamental pues entre las autoridades prevaleció en los primeros días del desastre un ominoso y discriminador silencio respecto del desastre que dejaron las lluvias en las comunidades en la Montaña. Frente a la pasividad estatal, el primer recuento se generó desde las propias comunidades, mediante los Comisarios, pero también por medio de jóvenes indígenas que han reconquistado las redes sociales para las comunidades y que desde los sitios a donde la migración les ha llevado se siguen sintiendo parte de la colectividad en la que tienen su identidad y su raíz.
Por estas vías, se comenzó a saber que las lluvias habían dejado a su paso muertes de mujeres, hombres, niños y niñas en comunidades como El Tejocote, Tapayoltepec y Tilapa, Municipio de Malinaltepec; Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán; San Marcos anexo de Ziltaltepec, Municipio de Metlatonoc; y, El Chirimoyo, Municpio de Acatepec. El conteo de los fallecimientos en la Montaña, que asciende ya a más de treinta personas, debe considerar todavía preliminar pues el colapso de carreteras y caminos mantiene en la incomunicación a pueblos ubicados en los lugares más recónditos de Acatepec, Metlatonoc y Cochoapa.
Los daños materiales son también inconmensurables. Parcelas y escuelas han sido devastadas. En Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, la crecida del río arrasó con más de medio pueblo. Las carreteras que unen a Tlapa con Marquelia, Metlatonoc y Acatepec, se encuentran dañadas en largos tramos, dejando a la Montaña sin sus tres principales arterias de comunicación. En los precarios caminos comunitarios, la situación es similar, de suerte que hay comunidades que hasta el día de hoy permanecen parcialmente incomunicadas como San Miguel Amoltepec, en el municipio de Cochoapa, la colonia Juquila de Huehuetepec, Municpio de Atlamajalcingo del Monte, y Zontecomapa, en el municipio de Acatepec.
Pero ninguna autoridad de alto nivel de los gobiernos federales y estatales llegó a la Montaña los primeros días del desastre. Con las autoridades volcadas en el traslado de turistas acapulqueños, la penuria de las comunidades indígenas de la Montaña fue, en los hechos, relegada a segundo plano. Para los pueblos Na Savi, Naua, Me’phaa y Ñaancue Ñomndaa no hubo puentes aéreos ni despliegue de Secretarios de Estado. El cerco comenzó a romperse hasta que, con la valiosa información allegada por las autoridades tradicionales de los pueblos, se empezó a difundir lo que ocurría en la región a partir del 18 de septiembre.
La respuesta tardía de las autoridades frente al drama de las comunidades indígenas de la Montaña revela la cara discriminadora del Estado mexicano, profundamente arraigada estructuralmente en las instituciones y en la clase política. Para los de arriba, los pueblos indios son siempre secundarios y prescindibles. Desde esta visión, si las comunidades sufren muertes y destrucción por las lluvias, es porque son víctimas propiciatorias: las comunidades, piensan, son responsables por vivir en lugares escarpados o cerca de los ríos, como si más de quinientos años de exclusión y colonialismo no explicaran porque los pueblos originarios han debido remontarse a zonas de refugio para defender el derecho a ser quienes son.
No obstante, si bien el trato discriminatorio contra los pueblos indígenas presente siempre un sesgo particular, la respuesta diferenciada del Estado frente a los daños que dejan las tormentas no es muy distinta en otros contextos. Invariablemente, la respuesta para los de abajo es siempre más lenta y más aviesa. Lo saben las campesinas y campesinos del Acapulco rural, de territorios como los Bienes Comunales de Cacahuatepec donde tiene su bastión el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, que vieron con impotencia como ante la emergencia se postergaban sus necesidades. Lo saben, también, los hombres y mujeres de la Costa Grande o de la Sierra, que han sentido con desesperación como pasan los días sin que haya un registro de sus desgracias.
Es que desastres como los que hoy enfrenta Guerrero nunca son tan «naturales» en sus consecuencias. La respuesta de las autoridades no es «natural»; por el contrario, reproduce la desigualdad estructural que atraviesa a toda la institucionalidad de un Estado frente al que no todos somos ciudadanos y ciudadanas de primera. La invisibilización de los daños que las tormentas habían dejado en la Montaña tras los primeros días de la catástrofe, demuestra hasta que punto esa visión está enquistada en la clase política que detenta el poder.
Para los pueblos Na Savi, Naua y Me’phaa esa indiferencia gubernamental no resultó novedosa sino que, antes bien, era previsible. Por eso, así como los ríos se han desbordado en la región, también la solidaridad comunitaria se ha desbordado. Mientras la burocracia se mueve con su habitual lentitud, la gente se reconoce en medio de una catástrofe común y se organiza a una velocidad acelerada. En la Montaña, con el dinero que los migrantes mandan desde el norte, las y los jóvenes compran los víveres que ríos de compañeros y compañeros trasladan a granel hasta las comunidades, caminando paso a paso el fango la Montaña devastada. Aquí, docentes que hace apenas unos meses eran fustigados por la opinión pública y eran tachados de revoltosos, han tomado pico y pala para abrir camino. Los ejemplos de solidaridad son abundantes: un maestro de Alacatlatzala que vive en una pequeña casa de adobe a la orilla de la carretera Tlapa, contaba hace unos días como desde que las lluvias iniciaron no ha dejado de recibir en su casa, ofreciendo lo poco que tiene, a esos peregrinos de la desgracia que pasan por ese camino acarreando víveres de Tlapa hacia las comunidades. Personas como él son, hoy, los portadores de la esperanza; quienes traen la luz que disipa esta borrasca, como la disipa la solidaridad nacional e internacional con Guerrero, que tanto debemos agradecer.
Pero, como siempre sucede, la solidaridad debe organizarse. Por eso, el domingo 22 de septiembre, en La Ciénega, Municipio de Malinaltepec, se constituyó el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero. Este movimiento, donde confluyen Comisarios y autoridades tradicionales de la Montaña, buscar garantizar que las autoridades adopten las medidas urgentes que la crisis humanitaria de la región demanda, pero también lucha porque la voz de las comunidades no quede excluida de la respuesta que el Estado brindará a la tragedia. Esta pretensión no es menor: en la Montaña, las comunidades son la verdadera base del tejido social, mientras que las más de las veces los ayuntamientos sólo han servido para dividir a los pueblos originarios y disminuir sus fuerzas. Peor aún: frente a los estragos de Manuel, hemos comenzado a documentar múltiples quejas de Comisarios que denuncian que los Presidentes de sus municipios los marginan de los apoyos emergentes aduciendo que no les apoyaron en las pasadas elecciones. Es claro, pues, que si las comunidades son marginadas de los espacios de toma de decisión, no sólo se dejarán de tomar las decisiones más pertinentes por no escuchar la voz de quienes desde su sabiduría ancestral conocen como nadie más su territorio, sino que también se abrirán las puertas para la corrupción. No olvidemos que en Guerrero hemos constatado hasta extenuarnos que la liberación de fondos por emergencias termina sin llegar a donde verdaderamente se necesita, atorada en el embudo de corrupción de los políticos y caciques locales.
La participación de las comunidades en las tareas que vienen es una apuesta democratizadora y debería extenderse a todo el Estado. La participación del pueblo en la atención a la emergencia que vive Guerrero no puede limitarse a aportar víveres; eso es, desde luego, fundamental y pone de relieve la profunda solidaridad de los mexicanos y las mexicanas. Pero a estas alturas, sólo desde una lógica autoritaria puede considerarse que ante una emergencia de estas magnitudes es prescindible la perspectiva de la sociedad civil y la de los propios afectados. Los llamados a la unidad frente a la tragedia no deben traducirse en la postración pasiva de la sociedad, pues eso equivaldría a usar la tragedia para apaciguar la legítima inconformidad que hoy campea entre todos los sectores excluidos de Guerrero. Por el contrario, la participación ciudadana y comunitaria tras el paso de Manuel hará retumbar su voz en demanda de sus derechos cuando se requiera, consciente de que estos desastres son todo menos naturales. No nos engañemos: lejos estamos del mundo idílico de las televisoras, donde la sola presencia del Presidente y el Gobernador desata porras con matracas en medio de una escenografía increíble; las y los damnificados de todo el estado, que han palpado en sus manos lo que significa ser desposeído de todo y atendido por nadie, saben que esa no es la realidad.
Por lo pronto, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña comienza a caminar en esa ruta. Tras constituirse el domingo, el lunes 23 de septiembre sostuvo una primera reunión con representantes gubernamentales, encabezada por la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. El encuentro fue ríspido; no podía ser de otra manera pues las autoridades comunitarias de la Montaña resintieron el desdén oficial que siguió al azote de Manuel en la Montaña. Sin embargo, la Secretaria escuchó con atención el muestreo preliminar desde la gente que hicieron el Consejo y Tlachinollan y reconoció la importancia de la participación de las comunidades damnificadas, dejando a su colaborador Javier Guerrero como enlace permanente en la región. Con él, el Consejo sostendrá una reunión de trabajo este mismo sábado. Las puertas están abiertas para que la intervención gubernamental en la Montaña recoja las voces de las y los afectados y se oriente hacia la participación comunitaria, en genuina lógica de interculturalidad.
Al margen de lo anterior, las tareas que hay que acometer son inmensas. En lo urgente, ubicar los campamentos de desplazados y las comunidades incomunicadas que enfrentan el más grave desabasto y definir la manera de acudir inmediatamente a ellas con alimento y medicina. En el corto plazo, concluir el recuento de los daños a través de mecanismos participativos y restablecer la infraestructura de los caminos principales para que la ayuda fluya. En el mediano plazo, garantizar el abasto de maíz en la Montaña para evitar la hambruna que hoy es una amenaza real para cientos de comunidades que perdieron su siembra y desarrollar los planes de reubicación de las comunidades que así lo demanden.
Bajo el agua y olvidada, la Montaña resiste como resisten también los hombres valerosos y las mujeres dignas de Acapulco, Costa Grande, Centro, Costa Chica, Sierra y Región Norte. Ni la desidia gubernamental ni ninguna lluvia doblegaran el impetuoso acero del pueblo guerrerense, que sacando fuerzas de su temple secular sabrá levantarse.