OPINIÓN | Contra el hambre y la discriminación

Este lunes 23 de noviembre decenas de familias Indígenas del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) bajarán a Tlapa para emprender una marcha-caravana a la capital del estado contra el hambre, la discriminación y el engaño impuesta por los gobiernos apátridas.

A dos años y dos meses de la tormenta Manuel y del huracán Ingrid las comunidades damnificadas padecen los estragos de la naturaleza pero sobre todo la voracidad de las autoridades y las empresas constructoras que se coludieron para atracar a las familias más pobres del país, quienes siguen viviendo sobre casas derruidas. Con lodo y zacate han tenido que parchar las grietas de sus paredes que están a punto de caerse y sostener con algún morillo su techo de cartón. La tragedia se volvió el gran negocio para políticos y empresarios corruptos. Fue la gran oportunidad para varios patanes del poder que crearon empresas fantasmas para obtener sumas millonarias del Fondo de desastres naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero que manejó más de 37,425 millones de pesos en el 2014 y 30,410 millones en lo que va del 2015 al 2018. Para asegurar que estos fondos quedaran dentro de los círculos más cercanos a las cúpulas del otrora partido de estado, el presidente de la república creo el Consejo Consultivo ciudadano para la restauración de Guerrero, poniendo al magnate Miguel Alemán Velasco, como presidente del consejo, “en representación de la sociedad guerrerense”.

A dos años de la presentación del Plan Nuevo Guerrero en Chilpancingo, los pueblos de la Montaña no ven llegar las obras y acciones orientadas a garantizar el derecho a la alimentación, la salud, la educación, vivienda, agua potable, drenaje, electrificación, caminos y proyectos productivos como lo especifica el segundo eje del Plan. Han sido más bien los Pueblos los que se han organizado para alzar la voz y exigir al gobierno que deje de lucrar con los recursos destinados a la reconstrucción de su vida comunitaria.

Ante la inconsistencia de los registros de la SEDATU acerca del número de viviendas dañadas, el mismo Consejo de damnificados realizó los recorridos comunidad por comunidad para levantar su propio censo sobre las casas destruidas. Contabilizó 4,250 casas que no están registradas por la SEDATU y hasta la fecha no hay seguridad de que estas viviendas cuenten con techo presupuestal para el 2016. Para estos gobiernos condenar a más familias a vivir sobre el lodo les tiene sin cuidado, porque su visión racista les indica que no vale la pena construir en lugares donde la gente no está acostumbrada a tener una casa con los servicios básicos.

Lo más cruento es lo que sufren las familias que se ubican en lugares de alto riesgo y que necesitan ser reubicadas. Son más de 30 comunidades que nunca encontraron respuesta de las autoridades del estado para conseguirles un terreno apropiado para su reubicación. Mientras estaba la presión fuerte ante los medios de comunicación, varias instituciones simularon acciones orientadas a planear su traslado, pero todo quedo en promesas y engaños. Varias comunidades de Malinaltepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande y Acatepec, se han resignado a vivir entre las grietas rogándole a Dios que no se desgaje más la tierra.

Alrededor de 40 escuelas de preescolar y primaria siguen esperando que las empresas concluyan los trabajos. Las niñas y niños tienen que recibir clases bajo enramadas o techos de cartón. Los puentes colgantes que arrastró la corriente de agua no se han podido reparar por falta de material adecuado, mientras tanto, los niños y niñas tienen que rodear los cerros para llegar a la escuela o colgarse de las espaldas del papá o la mamá para cruzar el río.

Las pocas casas de salud que hay en la Montaña no solo carecen de personal médico sino del cuadro básico de medicamentos. Las caravanas de la salud son un gran ardid para no asignar personal médico en las comunidades que lo requieren y para informar que existe una cobertura amplia por el hecho de que lleguen una tarde a la comunidad para solo levantar registros de las mujeres embarazadas y promover la adopción de algún método de control natal. Varias de estas casas quedaron severamente dañadas. El hospital comunitario de Tlacoapa quedó colapsado y hasta la fecha los habitantes no cuentan con un lugar apropiado para la atención médica que es sumamente precaria y escasa. Los trabajos del nuevo hospital están parados y nadie se responsabiliza de monitorear los avances de la obra y exigir su conclusión.

Los recursos millonarios para la construcción de puentes y carreteras han quedado en meros anuncios espectaculares. Los habitantes de los municipios más pobres tienen que resignarse a caminar varias horas por los derrumbes y los tramos intransitables. Se improvisan pasos vehiculares para cruzar los ríos porque a decir de los funcionarios no están dentro de las obras presupuestadas.

Las siembras siniestradas por diferentes fenómenos naturales ni siquiera son registradas por los funcionarios de la SAGARPA ni SDR. Hacen sus reportes a su modo y a las familias que tienen sus parcelas a varias horas del centro poblacional nunca aparecen en el padrón de damnificados. Son los mismos productores los que se han encargado de rehabilitar por dos años sus terrenos para sembrar nuevamente maíz frijol y calabaza. La sequía de este ciclo agrícola completada con los vientos de octubre tumbaron las milpas que aún no jiloteaban. La fiesta de muertos solo fue posible realizarla con el dinero que llegó de los familiares que trabajan en Estados Unidos para comprar velas, pan, flores, incienso, frutas, aguardiente, refrescos y hasta maíz. En los altares ya no se ofrendaron los frutos de esta temporada.

El hambre en la Montaña es un drama creciente ante el deterioro de las tierras y la falta de incentivos para mejorar la producción de básicos. A pesar de las inclemencias de la naturaleza y la ausencia de las instituciones encargadas de atender la problemática de los pequeños productores, las familias se mantienen fieles a su siembra que son parte de su identidad y la fuente de la vida comunitaria. Por eso han exigido a las autoridades un programa extraordinario de dotación de granos básicos para atender el déficit alimentario que persiste entre los pueblos de la Montaña.

El Consejo de comunidades Damnificadas, en febrero de 2014 presentó una propuesta denominada “que llueva maíz en la Montaña” para dotar de granos básicos a las familias que sufrieron los estragos de las tormentas con el fin de atender un derecho básico y apoyar en la reconstrucción comunitaria. Esta propuesta que fue aprobada en marzo de 2014 por el gobierno del estado quedó trunca por falta de fondos. Fue por la presión ejercida de las comunidades del Consejo que la CDI aceptó apoyar esta propuesta realizando cinco entregas a lo largo de año y medio. Este planteamiento ha sido fundamental para cubrir la carencia de alimentos y apoyar en la reconstrucción comunitaria. Los altos índices de desnutrición infantil han llevado a que el mismo instituto nacional de ciencias médicas y nutrición Salvador Zubirán, apoye la implementación de un programa alimentario con la dotación de granos básicos para revertir estas condiciones de sobrevivencia que ha colocado a la niñez de la Montaña en el umbral de la muerte.

La lucha del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña es para poner un alto a esta devastación, sobre todo para contener la depredación del poder político que sigue socavando la vida de las familias indígenas al malversar los fondos destinados a garantizar sus derechos básicos. Este fraude descomunal que han cometido varias autoridades municipales y estatales amafiadas con empresas fantasmas creadas por varios políticos, es lo que ha obligado a que los pueblos de la Montaña se organicen para exigir lo que en justicia les corresponde y para obligar a que cumplan a cabalidad con las obras que no han realizado, las que están en pésimas condiciones, y las que no han concluido. Han decido bajar de sus comunidades para demandar de manera urgente la construcción de las viviendas que la SEDATU no tomó en cuenta como parte de su política discriminatoria y excluyente. Marcharán hasta Chilpancingo para que la SEDESOL y la CDI asuman un mayor compromiso con las familias indígenas que siempre han recibido un trato desigual e inequitativo y en todo momento han regateado recursos como la forma más nefasta de negarle el derecho a reconstruir su vida comunitaria y a contar con una alimentación suficiente y adecuada. Es ineludible atender este déficit alimentario y tomar en cuenta la propuesta del consejo de comunidades damnificadas de dotar de granos básicos a las familias que enfrentan un riesgo alimentario para revertir los índices de desnutrición y alentar las siembras nativas para luchar desde esta trinchera contra el hambre y la discriminación infligida por gobiernos corruptos y racistas.