¿Quiénes en verdad reconocen y respetan la labor de las y los periodistas en Guerrero? ¿En quiénes confían las personas que no tienen voz y que claman atención a sus necesidades básicas o que luchan por la justicia? ¿Qué personas son las que en verdad están al lado de la gente que sufre y padece los estragos de un sistema que los aplasta? ¿Quién le da rostro a los que nadie ve y escucha o a las mujeres que son mancilladas en su dignidad sólo por ser mujeres? ¿Quién puede decirnos lo que realmente pasa más allá de nuestro entorno comunitario y mostrar la realidad sin maquillajes y sin la lente del poder? ¿Quién tiene el valor de salir a las calles para documentar la violencia y mostrar los estragos de un sistema político que se ha coludido con la delincuencia?
¡Cuánta dignidad hay en las y los periodistas que en medio de la precariedad laboral y la embestida gubernamental se mantienen fieles a la verdad! Se han entregado para defender las causas de los demás, para hacer visible lo que las autoridades no quieren que se sepa, para desafiar a las fuerzas represivas del Estado y romper el cerco informativo.
Sorteando muchos peligros, han tenido que poner el físico y exponer su seguridad por ese deber supremo de comunicar lo que sucede, en lugares donde no existe respeto a la ley ni a la vida. Gracias a las y los periodistas sabemos lo que pasa en nuestro estado; los conflictos que protagoniza la población y la violencia que nos atrapa en sus redes delincuenciales. Nos muestra a un poder impúdico, cínico, que no habla con la verdad y que propicia la corrupción.
Sin contar con respaldo legal y reconocimiento gubernamental, su pluma es el único instrumento de defensa. Su prestigio a cuestas y su honorabilidad radica en la forma de documentar los hechos. La libreta y la grabadora en mano son sus escudos y su defensa, sus armas para enfrentar al poder y desafiar a quienes tienen permiso de matar. Han podido avanzar por senderos intransitables. Se han visto obligados a protestar ante tanta indolencia de las autoridades. Son ahora un frente que lucha contra la corrupción y la impunidad tan acendradas en las estructuras gubernamentales.
La indignación de la comunidad de periodistas ha colocado al poder contra la pared. Ya no se puede tolerar que se sigan asesinando a colegas que han entregado su vida por mantener informada a la sociedad, sin que la autoridad investigue y castigue a los responsables. Es inadmisible que se reproduzca la práctica funesta de encubrir a los perpetradores, de no tocar a los grupos de poder quienes no permiten que se les denuncie ni se les llame a cuentas. No podemos consentir que los que están atizando la violencia y lucrando con negocios ilícitos sean los que decidan el destino de las y los periodistas que cada mañana escriben los acontecimientos que más preocupan a la sociedad.
Ante la ausencia de investigaciones sobre los crímenes contra periodistas y los escandalosos niveles de impunidad que asfixian a nuestra sociedad, un nutrido grupo de comunicadores decidieron clausurar simbólicamente la Fiscalía para Delitos contra Periodistas (FEADLE) de la PGR, el pasado 15 de junio, a un mes del asesinato de Javier Valdés en Sinaloa. En esa protesta afloró el reclamo y la indignación porque no hay realmente un compromiso del gobierno para hacer investigaciones serias que ayuden a detener esta embestida contra las y los periodistas que son la voz de una sociedad libre.
De acuerdo con Artículo 19 «desde el 2000 a la fecha han sido asesinados alrededor de 100 periodistas, 24 se encuentran desaparecidos y se han registrado más de 420 agresiones tan sólo en el 2016. Es decir, la violencia se intensifica, se vuelve más desinhibida, más cínica porque no existen consecuencias».
Esta realidad atroz, es una amenaza grave a la misma sociedad, porque al agredir a una/un periodista se atenta también con el derecho sagrado a la información. El periodista Temoris Grecko expresó que»la sociedad necesita ojos y oídos para saber lo que el poder no quiere que se sepa».
En la protesta estuvieron periodistas de Guerrero como Ezequiel Flores, Sergio Ocampo, Margena de la O, Vania Pigeonutt, Juan Angulo, quienes también expresaron los graves riesgos que enfrentan para ejercer su trabajo en el estado. Lo que han denunciado es que las autoridades no han mostrado ningún interés para desactivar los riesgos y proteger su trabajo.
La colusión que han desentrañado entre actores estores y no estatales, como la delincuencia organizada, los coloca en el límite de su seguridad. El dilema al que se han enfrentado es la autocensura, el silencio o la claudicación, ante una autoridad que prefiere proteger los intereses macrodelincuenciales en lugar de garantizar la libertad de prensa. Pesa más el poder y los grupos delictivos que el ejercicio periodístico, que da cuenta de la descomposición institucional que enfrentamos en Guerrero.
La denuncia que hizo Ezequiel Flores en esta jornada de protesta fue contundente «En Guerrero han sido asesinados siete periodistas de 2003 a 2017, dos de ellos en los últimos dos años y dos compañeros se encuentran desaparecidos. Hablar de Guerrero en la historia moderna, es hablar antes y después de Ayotzinapa. Antes de Ayotzinapa vivíamos en un régimen de terror, de impunidad y de violencia y cuando se dio la tragedia de la masacre y desaparición de los 43 normalistas, en lo personal como quizá muchos ciudadanos, pensé que Guerrero había tocado fondo, pero a casi tres años de los hechos los reporteros y ciudadanos podemos decir que la situación está peor que antes, es decir, después de que se exhibieron los nexos de la delincuencia con autoridades de los tres niveles y el Ejército en Guerrero no han cambiado las cosas. El nivel de violencia, de impunidad y de corrupción gubernamental va a la alza».
Ante la falta de investigaciones profesionales que arrojen resultados veraces sobre los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos contra periodistas, el propio gremio ha tenido que construir la Agenda de las y los periodistas como un ejercicio de deliberación colectiva para saber cómo se puede enfrentar la violencia ante un clima de impunidad y en medio de un ambiente contaminado por la complicidad de varios actores estatales con la delincuencia organizada. Se trata de una iniciativa a la que se han adherido más de 50 organizaciones no gubernamentales cuya idea central es construir colectivamente una agenda común. Esta agenda tiene varios públicos, uno de ellos es el propio Estado, pero también la sociedad. Lo más relevante es que se trata de una agenda que busca cohesionar al propio gremio.
Es importante reconocer la enorme contribución que han realizado las y los periodistas, quienes a costa de su propia vida y con el fin excelso de desentrañar la verdad han abonado para que en Guerrero se combata la corrupción y la impunidad. Su compromiso demuestra que su labor ha sido determinante en diversos casos que han ayudado abrir nuevas líneas de investigación y a señalar a actores gubernamentales. El ejercicio periodístico en su esencia increpa a quienes con su poder ocultan la verdad. Su contribución profesional realizada con gran disciplina y apego a una ética profesional, los lleva a cruzar el umbral de la verdad oficial o lo que para los grupos dominantes califican como “lo políticamente correcto”. Han sido las y los periodistas quienes han abierto los resquicios en este muro infranqueable de la impunidad. Gracias a su tesón y al coraje civil, que es fiel a su conciencia, han podido desmantelar las versiones oficiales sobre graves violaciones a los derechos humanos.
En Guerrero sobran ejemplos, como el caso Aguas Blancas, cuyo video oficial fue editado para encubrir la atrocidad del poder caciquil. Ahí está también la masacre de El Charco donde el poder impune del ejército se parapetó en la escuela primaria Caritino Maldonado para ejecutar a 11 indígenas de la región de Ayutla. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala es paradigmático, por la secuencia de hechos que se consumaron con la aquiescencia y complicidad de todas las corporaciones policiacas, el Ejército mexicano y las autoridades estatales y municipales.
Buena parte de la información que documentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la obtuvo de periodistas locales, quienes estuvieron en el lugar de los hechos y registraron videográficamente la llegada de Tomás Zerón al río San Juan. Existen muchos materiales inéditos del gremio periodístico que dan cuenta de cómo actuaron las corporaciones policiales ante las desapariciones de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El peor enemigo para las y los periodistas, así como para las y los defensores de derechos humanos es el clima de impunidad que propician las mismas autoridades del estado, quienes manejan de manera facciosa la aplicación de la ley y privilegian los cotos de poder caciquil y la protección de los intereses macroeconómicos, en detrimento de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. No hay voluntad política para investigar, y la idea precaria que persiste entre las autoridades, de entender el poder como parte de su patrimonio, impide el avance hacia un estado donde la ley esté por encima del poder político, y la verdad sea la piedra de toque de nuestro sistema democrático.
Estamos aún lejos de que los gobernantes respeten el ejercicio periodístico y sobre todo que se comprometan a brindarles seguridad a quienes entregan su vida para que en Guerrero exista una sociedad mejor informada. Sólo las y los periodistas acuerpados como gremio, podrán construir una agenda que en verdad vele por su vida y su seguridad, que atienda realmente sus demandas más sentidas. Solo el dolor y la indignación que los une les dará la fuerza para arribar a la justicia y honrar la memoria de sus compañeras y compañeros caídos. Nuestro abrazo y solidaridad por su trabajo realizado al ras del suelo.
Pd. : Los ataques infundados por parte del delegado de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI) en Guerrero, Lenin Carbajal, es una forma burda para desprestigiar el trabajo que como Tlachinollan realizamos en la Montaña a lo largo de 23 años. Las campañas pagadas para difamarnos están diseñadas para alentar la agresión contra las y los defensores. La intención perversa es tergiversar nuestro trabajo y confundir a la población presentándonos como un político más, acostumbrado a tranzar con los recursos públicos. El plan fue emitir mentiras para ser blanco de ataques. Los pueblos de la Montaña saben muy bien quiénes son los que en verdad defraudan y traicionan a las familias indígenas, quienes son víctimas sempiternas de la discriminación y el racismo de los gobernantes.