Saludamos con mucha esperanza la apertura del Centro de Apoyo a Víctimas de la Violencia “Minerva Bello” en Chilpancingo
Con motivo del Día internacional de los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos centró su preocupación en el gran número de personas indígenas que se han visto forzadas a desplazarse o a migrar fuera de sus territorios y/o de sus países de origen. Esta situación que se empieza a generalizar por las políticas privatizadoras implementadas en varios países de América ha sido la causa de graves situaciones de violencia y de discriminación.
En nuestro país, el fenómeno de los desplazamientos de familias se ha extendido en varios estados de la república a causa de la imposición de megaproyectos y por el control territorial que ha impuesto el crimen organizado en varias regiones, donde su poder destructivo se ha enseñoreado por encima de los poderes locales. En nuestro estado, en las regiones de Tierra Caliente, zona Norte, centro, parte de la Costa Grande y el puerto de Acapulco se han incrementado los casos de desplazamiento forzado de varias familias que han sufrido no sólo la amenaza de los grupos de la delincuencia organizada, sino que varias de ellas han vivido la tragedia de perder a un ser querido o de enfrentar el viacrucis de su desaparición.
La experiencia que comparten todas estas familias es sumamente dramática. Se encuentran en total indefensión, cargan no sólo con el dolor sino con la estigmatización impuesta por las mismas autoridades encargadas de investigar estas atrocidades al endilgarles la responsabilidad de su tragedia. Es decir, que se ha vuelto común que las familias de las víctimas tengan que soportar además del desprecio y la indiferencia de las autoridades, el escarnio público y el juicio sumario al espetarles abiertamente de que sus familiares desaparecidos con toda seguridad “andaban realizando acciones delincuenciales” como recientemente lo llegó a manifestar el gobernador del estado.
La cultura de la violencia promovida por los mismos funcionarios públicos y su actitud permisiva con las organizaciones delincuenciales que en lugar de desmantelarlas las han robustecido al mantener soterradamente un pacto de impunidad, son factores que han influido en la misma opinión pública y la vox populi al justificar a priori que las personas que son víctimas de desaparición o que han sido asesinadas son catalogadas como parte del entramado delincuencial, por lo mismo, predomina la idea de que las mismas víctimas buscaron su propia muerte.
En esta narrativa que ha sido alentada desde las esferas del poder se busca desviar la atención y focalizar el problema en las mismas víctimas de la violencia. La pretensión perversa es invertir la responsabilidad a la misma población de este Estado de violencia. Deslindándose las autoridades de sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, así como de, investigar y sancionar a quienes delinquen y violentan los derechos humanos.
Por esta razón la Comisión Interamericana (CIDH) urgió a los estados a que implementen políticas públicas que protejan a las comunidades indígenas que han tenido que desplazarse internamente, tomando en cuenta su condición de indígenas y garantizando la capacidad de mantener su identidad étnica durante este proceso.
La situación que viven un número importante de familias indígenas de la zona centro, sobre todo de los municipios de Chilapa, Zitlala y Atlixtac es sumamente preocupante porque el circulo de la muerte que impera en estos municipios es que se desaparece, se mata y se obliga a que las familias que levantan la voz para exigir justicia huyan de sus comunidades ante el riesgo inminente de correr la misma suerte. La estigmatización de su identidad indígena ha hecho que las autoridades dejen en total abandono e indefensión a madres de familia cuya lengua materna es el náhuatl y que por su arraigo en las comunidades rurales desconocen totalmente el funcionamiento de las instituciones y los procedimientos jurídicos para demandar a las autoridades a que realicen la búsqueda e investigaciones de sus seres queridos.
Lo que experimentan es la revictimización y el trato cruel de las autoridades que en su concepción racista de la identidad indígena consideran que estas madres de familia por no dominar el castellano no son merecedoras de un trato digno.
Se ha vuelto una práctica común, negarle información sobre el estado que guardan las carpetas de investigación o averiguaciones previas. Las obligan a trasladarse de sus comunidades sin que les preocupe el desgaste y que además regresen sin ningún avance de sus casos. Las autoridades están muy lejos de entender lo que representa para estas mujeres salir de sus hogares y transitar por caminos dónde pueden ser víctimas de desaparición o de perder la vida.
El drama es sumamente crudo porque no sólo caminan en el desfiladero de la muerte, sino que su entorno familiar es muy crítico. Al perder a sus esposos, las mujeres son despojadas de sus medios de subsistencia como las parcelas, sus animales y hasta su vivienda. Quedan a merced tanto de lo que deciden los hombres de la comunidad como de los grupos de la delincuencia que controlan sus territorios con el poder de sus armas. Los hijos e hijas no sólo son presas del miedo, sino que padecen los estragos del hambre, las enfermedades, la pobreza y son condenados a sobrevivir en el analfabetismo. Las esposas tienen que ingeniárselas en cada madrugada para conseguir maíz para por lo menos darles alguna tortilla a los miembros de su familia.
No tienen otra alternativa que endeudarse ante la indiferencia y mezquindad de las autoridades municipales y estatales. Desde lo más profundo de su espíritu han sacado fuerzas para armarse de valor a costa de su seguridad y su misma vida. Ante el dolor y el sufrimiento han tenido que aprender a levantar la voz como colectivo con la firme intención de no dejarse vencer por el miedo ni claudicar en su afán de justicia. Poco a poco han enlazado sus voces, se han reencontrado como víctimas y han entendido que sólo juntas pueden ser escuchadas.
En nuestro estado ante la indolencia de las autoridades y el ambiente de impunidad que campea en la entidad, han sido en su mayoria las mujeres, las que han tenido que salir de sus casas para dar la batalla en las calles. Han dejado su privacidad para transformarse en sujetos que reclaman sus derechos. Han tenido que hacer público su dolor para avivar la memoria y han aprendido a luchar en cada jornada dónde llevan en su pecho el rostro de sus familiares, son ellas quienes abanderan un movimiento ejemplar. Son portadoras, además de una gran autoridad moral y sin pretenderlo, son el rostro digno y valiente de quienes, a pesar de haber perdido a un ser querido, luchan generosamente para que acabe esta barbarie.
La misma CIDH manifiesta que las personas indígenas han quedado en situaciones sumamente precarias, careciendo de servicios básicos como agua potable, alimentos, acceso a la salud y educación, así como altos niveles de desnutrición. Son afectaciones graves que incluyen violaciones a los derechos a la vida familiar, al principio de unidad familiar, el principio del interés superior de la niñez, el derecho a la integridad personal, la prohibición de tratos crueles inhumanos y degradantes entre otros derechos.
Los desplazamientos forzados y procesos migratorios de comunidades indígenas en nuestro continente, para la CIDH se dan con más frecuencias a causa de conflictos y presiones relacionados con sus tierras y recursos, también por desastre ambientales, por la falta de acceso a los territorios y recursos necesarios para su supervivencia física y cultural. En este contexto la Comisionada Antonia Urrejola, relatora sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de la CIDH afirmó “es de suma importancia que los estados de las Américas garanticen a las comunidades indígenas una vida digna, así como los medios necesarios para proteger y preservar su riqueza cultural y lingüística en todos los procesos de migración y desplazamiento”.
En este sentido la CIDH y la Corte Interamericana han establecido que el desplazamiento forzados de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o de sus integrantes, los puede colocar en una situación especial de vulnerabilidad por la relación intrínseca que tienen con sus tierras y que, por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción cultural y físico de los pueblos indígenas. Así mismo durante el desplazamiento se generan riesgos de privación arbitraria de la libertad; de violencia, trata de personas con fines de explotación sexual o laboral; la privación a servicios básicos de salud y a la educación. Esta situación la viven más crudamente las mujeres y niñas indígenas que se enfrentan con diversas formas de discriminación y que se encuentran en una situación socioeconómica precaria y con familiares a cargo.
La CIDH urge a los Estados a cumplir con las obligaciones establecidas en los principios rectores de los desplazamientos internos, en especial, sus obligaciones de prevenir el desplazamiento interno; de proteger a las personas desplazadas durante y después del desplazamiento, de brindar y facilitar asistencia humanitaria, y buscar soluciones duraderas a través del retorno, reasentamiento y reintegración de los desplazados internos en condiciones de seguridad y dignidad.
Esta lucha la han dado decenas de familias de las comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán y Zitlala apoyadas por el centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quienes desde el 2011 han tenido que dar la batalla ante la indiferencia de las autoridades que no han querido dimensionar el grave problema del desplazamiento forzado que lamentablemente es un fenómeno que se ha extendido pero que la mayoría de las familias prefieren sufrir en silencio este estado de extrema vulnerabilidad.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Foto: Disponible en Internet.