El encuentro con la Canciller de Alemania
La invitación que recibimos del embajador de Alemania en México Viktor Elbling, de reunirnos con la canciller Ángela Merkel en el marco de su visita oficial a nuestro país, fue una grata sorpresa. Difícilmente imaginaríamos que dentro de la agenda del estado Alemán contemplarían un espacio para entablar un diálogo directo entre la canciller y miembros de la sociedad civil. En un sistema verdaderamente democrático estos intercambios de opinión entre sociedad y gobierno, deberían ser prácticas cotidianas, como expresión tácita de la normalidad democrática.
En México esta relación es inexistente, por el contrario, hay un abismo que nos coloca en polos contrapuestos. No hay la apertura ni la disposición de las autoridades para construir puentes que nos acerquen y permitan transitar a un diálogo franco y respetuoso. Tampoco hay el interés de abrir canales de interlocución, porque los funcionarios públicos identifican a los ciudadanos y ciudadanas como los enemigos a vencer, como la gran amenaza a la estabilidad política. Los partidos políticos y los gobernantes solo requieren una población que vaya a las urnas a emitir su voto, pero no toleran que existan ciudadanos y ciudadanas que demanden sus derechos y que ejerzan sus libertades.
Se les cataloga como actores nefastos porque sin ningún rubor increpan a la autoridad, la critican y de forma recurrente cuestionan su forma de gobernar. Esta visión negativa que predomina entre la clase política (que no está dispuesta a aceptar que los gobernados deterioren su imagen), ha causado graves retrocesos en nuestro sistema democrático. Los saldos son desastrosos, porque se ha fortalecido el ejercicio autoritario del poder. Persiste un despotismo que ha privilegiado el uso permanente de la fuerza para reprimir protestas que son producto de la cerrazón política. Hay una concentración del poder en el ejecutivo que en los hechos ha supeditado al poder legislativo y judicial, que cumplen a pie juntillas los dictados del jefe supremo. Se vulnera el estado de derecho con el uso faccioso del poder y la aplicación de la ley se circunscribe al ámbito de los intereses económicos y políticos de las elites. Se llega a establecer alianzas funestas con las organizaciones criminales, que se transforman en la correa de transmisión para hacer del ejercicio del poder un negocio redondo, que vuelve lícito lo ilícito.
Lo peor de nuestro sistema es que a los ciudadanos y ciudadanas, así como a toda la gama de organizaciones sociales y civiles, no se nos reconoce como actores legítimos, que tenemos un lugar relevante dentro de la vida democrática. No se nos valora como protagonistas que buscan mejorar nuestro sistema democrático, que nuestro interés legítimo es impulsar el cambio en beneficio de las mayorías silenciadas. Esta visión de la realidad es imprescindible, por lo mismo, debe tomarse muy en cuenta, no la pueden soslayar, mucho menos ignorar ni descalificar. El poder de los ciudadanos y ciudadanas, es para generar una sinergia política que destierre vicios y libere a las instituciones de los intereses mezquinos y mafiosos de los grupos políticos que se han instalado en el poder para pisotear los derechos fundamentales de la población.
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Este encuentro con la canciller fue aleccionador. La apertura para dialogar, la disposición para escuchar, el interés genuino por entender la realidad mexicana desde nuestra perspectiva como miembros de la sociedad civil, el intercambio de puntos de vista y la preocupación por el momento crítico que vive nuestro país, nos dio la pauta para entrar en confianza y hablar con franqueza. Escuchar en su saludo que le alegraba encontrarse con nosotros, y expresar con mucha claridad que para ella en todas sus visitas de estado siempre prioriza reunirse con ciudadanos y ciudadanas que defienden los derechos humanos, que trabajan como periodistas y que luchan al lado de las mujeres y de las víctimas de la violencia, fue algo que no escuchamos normalmente entre los gobernantes. Son expresiones que no son comunes entre la clase política. La plática de una hora compartiendo el desayuno nos dio una muestra de que si es posible entablar un diálogo plural y horizontal con las autoridades que a la postre redunda en mayor legitimidad y reafirman, en el caso de la canciller Ángela Merkel, su liderazgo mundial y su prestigio internacional.
En este marco de la visita, la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, una red de organismos no gubernamentales (Ongs) alemanas que trabajan el tema de los derechos humanos en México, y la Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por más de 80 organizaciones mexicanas, de la que es miembro Tlachinollan, hicieron pública una carta dirigida a la Canciller Federal alemana Angela Merkel solicitándole que durante su visita, aborde frente al gobierno mexicano la alarmante crisis de derechos humanos y la convierta en un eje central para el desarrollo y el futuro de las relaciones bilaterales entre estos dos países. Por la importancia de este documento firmado por Ongs alemanas y mexicanas, que fija posturas claras y plantea propuestas concretas, que fueron comentadas directamente, reproducimos el contenido de esta misiva.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 200,000 personas han sido asesinadas entre el 2006 y el 2017. Durante el mismo periodo fueron asesinados 126 periodistas y en los últimos 10 años han desaparecido más de 30,000 personas
Instituciones internacionales y regionales tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ven a la impunidad como la principal causa de la violencia estructural en México: sólo el 1 – 2 % de los crímenes violentos son aclarados. Las razones principales son los deficientes procedimientos de investigación y el involucramiento de agentes del Estado, sobre todo de las fuerzas de seguridad, en violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones alemanas y mexicanas, esperamos que la Canciller Federal alemana apoye iniciativas internacionales que combatan las causas estructurales de la crisis de derechos humanos en México. Entre éstas se encuentran la instauración de un “Consejo Asesor contra la Impunidad” tal como lo recomendó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a fin de asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país. Reconociendo el importante papel que la Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado en la asistencia a los Estados en la planificación, creación y puesta en funcionamiento de mecanismos de justicia y en el fomento del Estado de Derecho, consideramos fundamental que el Consejo Asesor esté integrado por personas expertas nacionales e internacionales y que su establecimiento se realice a través de un acuerdo de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU en el cual se prevean mecanismos para la participación de la sociedad civil.
Además creemos que es fundamental que la transición de la Procuraduría General de la República hacia una Fiscalía independiente no solo consista en cambios superficiales, sino en una transformación estructural sustentable que culmine en una institución autónoma. No sobra mencionar que en su último encuentro con el titular del Ejecutivo mexicano en abril del 2016, la Canciller Federal alemana ya expresó su voluntad por brindar apoyo a México en materia de investigación criminal y en la lucha comprometida por la defensa y promoción de los derechos humanos, incluso en casos específicos de graves violaciones de derechos humanos.
Así mismo esperamos de la Canciller Federal de Alemania una clara postura de apoyo con relación a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México, teniendo en cuenta los numerosos ataques que tristemente en este año alcanzaron nuevamente un punto culminante con el asesinato de la activista Miriam Rodríguez, quién se dedicaba al esclarecimiento de casos de personas desaparecidas, y del periodista Javier Valdez, quién por años descubrió las conexiones entre el Estado y el crimen organizado.
Por otro lado, solicitamos a la Canciller, llame a las cerca de dos mil empresas alemanas basadas en México, a adoptar una política de derechos humanos y procedimientos de debida diligencia, que abarque la responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar los efectos adversos causados por sus actividades.
En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno alemán, para que en el proceso de renovación del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México – instrumento que regula las relaciones comerciales y políticas entre la UE y México – se incluyan cláusulas efectivas para el respeto y promoción de los derechos humanos, y se prevean mecanismos de cooperación para combatir la impunidad y corrupción en México.
La canciller también escuchó la grave situación que vivimos en Guerrero a causa de la violencia y la inseguridad, pero sobre todo porque enfrentamos una guerra que no puede simplificarse diciendo que es entre las organizaciones criminales y el gobierno, sino lo que es peor, la delincuencia organizada ha permeado las instituciones gubernamentales. La línea divisoria entre las dos partes se ha desdibujado, por eso es más riesgoso defender los derechos humanos y ejercer el trabajo periodístico. El movimiento de las víctimas, liderado por los padres y madres de los 43 estudiantes son un referente nacional por su exigencia de justicia y verdad. Ha faltado voluntad política de las autoridades para atender las líneas de investigación trazadas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) y siguen empecinadas en mantener la versión histórica. La lucha de los papás y mamás es con toda su fuerza para que no se llegue al tercer aniversario sin saber de su paradero, sobre todo, para que el gobierno de Enrique Peña Nieto cumpla con su compromiso de dar con la verdad de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala, “tope donde tope”.