OPINIÓN | Estado de guerra

 

En estos tiempos donde la violencia se

expande por toda nuestra geografía que

nos atrapa por sus encantos, El Sur ha sabido

estar a lado de la gente de a pie que lucha, que resiste

 los estragos de estas políticas depredadoras.

Ha sabido mantenerse a  lado de la sociedad,

en los momentos en donde el poder ha dado manotazos para acallarlo,  

en estos 25 años  ha sido la voz de las víctimas silenciadas,

de los luchadores sociales perseguidos,

de los movimiento sociales criminalizados.

Ha colocado en las primeras planas

a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Es una fuente imprescindible para tomar el pulso

de la violencia y la impunidad que se vive en nuestro estado.

Es un periodismo que con su rigor informativo

ha  conquistado con meritos propios a amplios sectores de la

sociedad guerrerense y  se ha transformado en una lectura obligada

 para la clase política. Es un periódico comprometido

con la verdad  por la que lucha el pueblo de Guerrero.

 

En pleno zócalo de Acapulco este domingo a las 20:45 horas ocurrió una balacera donde una persona murió y dos quedaron heridas. Como siempre sucede las corporaciones policiales y militares tomaron el control del lugar de los hechos, simplemente para dar fe de lo acontecido. Un día antes en el libramiento de Chilpancingo a Tixtla, cerca de Tierras Prietas fueron halladas nueve personas asesinadas, entre ellas un menor, de 17 años, en una camioneta de redilas.  De igual manera la Fiscalía General del Estado y policías estatales tomaron el control del lugar y procedieron a remolcar la unidad para trasladarlos al Servicio Médico Forense que se encuentra saturado por tantos cuerpos  en calidad de desconocidos. En ese mismo día en el municipio de Zihuatanejo fueron ejecutadas tres personas dos de ellos decapitados y el tercero ejecutado en su negocio. En la capital del estado fue ejecutada a balazos otra persona cuando ingresaba a su casa. En el puerto de Acapulco fueron asesinados dos hombres, uno de ellos en la Sabana y otro de ellos en la colonia Las Cruces.

El viernes 4 de mayo en la zona Diamante de Acapulco fue asesinado el director de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) de Cuernavaca en el interior del restaurante 100%Natural. Ese mismo día fue asesinada una mujer que tenía huellas de tortura en la comunidad de la Testaruda por el río de La Sabana. También fue reportado el asesinato de un joven en el poblado de El Salto en el Acapulco rural.

El jueves 3 de mayo, en Tlapa dos mujeres fueron asesinadas, una de ellas fue encontrada maniatada con una soga en el cuello dentro de una bolsa negra. La otra víctima fue herida de bala en el lado derecho del cuello. Este mismo día se reportó el asesinato de un joven agredido a puñaladas. Ese día, también fue asesinado en un restaurante con doce impactos de bala, Elías Damián Rodríguez, secretario particular del alcalde con licencia del municipio de Cuajinicuilapa. Tomando como referencia información hemerográfica el miércoles se reportó el cuerpo de un hombre desmembrado en Atzcala, municipio de Cocula. Además un joven fue asesinado a balazos en Atoyac, uno más en la carretera de Coyuca de Benítez. También un comerciante en Iguala.

De acuerdo con las cifras registradas por el periódico El Sur, el pasado mes de abril acaecieron 183 asesinatos en el estado, sumando 714 en lo que va del 2018, arrojando un promedio de 5.9 asesinatos al día. De las víctimas 20 de ellas son mujeres y 21 son jóvenes y adolescentes de entre 16 y 28 años. El puerto de Acapulco suma 316 asesinatos en los primeros cuatro meses del año, siendo las colonias periféricas las más azotadas por la violencia. En este mes de abril se registraron 78 homicidios. En Zihuatanejo se tiene el reporte de 28 homicidios en este mismo mes, en Chilpancingo 18, en Chilapa 12; en Iguala y Taxco 8; en Eduardo Neri (Zumpango) 6; en Tecpan de Galeana 5; en Ometepec 4, en Coyuca de Benitez 3; en Ayutla 2 y en los otros once municipios se tuvo el reporte de un homicidio por cada municipalidad.

Pareciera ser ocioso hacer este recuento de la violencia, que además se ha tornado trivial porque lamentablemente se ha normalizado la muerte como parte de nuestra cotidianidad. Si continuáramos con este recuento, sobre cómo se ha expandido la violencia en nuestro estado y la manera cruenta como se han dado los homicidios, quedaríamos sumamente afectados por el tamaño de la tragedia y la profundidad de las atrocidades. Aún con estas estadísticas de la muerte las autoridades continúan con la misma rutina para realizar las investigaciones y la misma estrategia para contener la avalancha delincuencial. No hay resultados que demuestren de manera fehaciente la eficacia de sus actuaciones. Por el contrario la población se ha retraído hacia sus propios espacios privados para garantizar su sobrevivencia. Ya no hay espacios públicos donde la gente se sienta segura. Sabe que en cualquier momento se suscitará una balacera o llegará un grupo de individuos armados que atacará a personas para acabar con ellas. A nadie de los ciudadanos y ciudadanas le da confianza ni seguridad la presencia de la policía y los patrullajes ostentosos del Ejército. Saben que no están para atender a la población que vive temerosa para ir a su trabajo y a la escuela, sienten más bien esa aversión e intimidación por su forma de actuar y portar las armas.

En muy pocas ocasiones se han enfrentado con los grupos agresores. Su modus operandi es parapetarse fuera de la escena del crimen y llegar siempre tarde  cuando las personas ya han sido atacadas de manera letal.

Vivimos en un estado de guerra, donde las instituciones están rebasadas y las organizaciones criminales se han apoderado de los espacios públicos y han demostrado tener más valor  y decisión para actuar con armas de alto poder contra una población inerme. Desconocemos cuántos efectivos policiacos y militares están adscritos en nuestro estado y sobre todo en los municipios más violentos. No hay ninguna diferencia en la cantidad que puedan estar desplegados, porque las estadísticas mismas nos dicen que los homicidios van a la alza cada mes que se hace el recuento de los daños. No se ha dado ninguna acción orientada a contener a las fuerzas del crimen organizado. Las mismas corporaciones policiales se mantienen intocadas. Las autoridades estatales y municipales se niegan a dar un golpe de timón para depurar estos cuerpos policiales y desmantelar estas redes que se han infiltrado dentro de las instituciones de seguridad y de justicia que alimentan la criminalidad. Ya no hay costos políticos para ninguna autoridad por todo este ambiente de impunidad y corrupción que se expande a lo largo y ancho de nuestro estado. Ningún gobernante se siente obligado a rendir cuentas, a hacer frente esta situación que lastima a centenas de familias que han sufrido el ataque cruento de la delincuencia organizada. Perder a un ser querido es cortar de tajo la vida y truncar no solo un proyecto personal sino familiar. Es acabar con el precario patrimonio que con muchos esfuerzos logran sostener a la familia. Es clavar una daga en el corazón de los hijos, hermanas y de la esposa o el esposo, es mandar al abismo a niños y jóvenes que difícilmente podrán recuperarse de los impactos psicosociales que les genera esta violencia. Lo peor de todo es que las víctimas son ignoradas por un gobierno insensible, por políticos rapaces que sólo están pensando en su beneficio personal. Las víctimas están lejos de ser el centro de preocupación y del quehacer de quienes tienen la obligación de atender a quienes padecen la pérdida de un ser querido, su desaparición o secuestro. Estamos muy lejos en nuestro estado para que las autoridades comprendan en su justa dimensión lo que representa resarcir estos daños que son múltiples y muy onerosos. Con la indolencia y mezquindad que les caracteriza a muchos funcionarios públicos, la forma de atender y resolver a este sector de la población es revictimizándoles, actuando con esa frialdad burocrática que se vuelve cómplice de las acciones criminales. Ellos mismos se transforman en obstáculos  que se han especializado en apelar a las normas para negar cualquier ayuda o respaldo a quienes están en el límite de la sobrevivencia y al borde de la desesperación.

Se ha trivializado tanto esta situación que nos coloca en una dimensión de crisis humanitaria en la cual todo el aparato gubernamental le ha dado la espalda a una sociedad huérfana de justicia. Una sociedad que lucha a contra pelo de un poder impune. Que ha tenido la capacidad de organizarse de manera independiente, al margen de los intereses facciosos de los particos políticos. Le ha hecho frente al crimen organizado  que aparece como invencible porque está apoyado por agentes del Estado.

Una sociedad que ha tenido la fuerza para desenmascarar este pacto de impunidad con el crimen organizado

Se ha perdido la confianza en las instituciones y se ha roto el Pacto por la vida y los derechos humanos. Es un estado resquebrajado porque lo que menos interesa es la persona y sus derechos, su dignidad y su seguridad, su tranquilidad y su porvenir. Es un estado marcado por la barbarie, que también ha mermado las leyes que lo rigen y sepultado a la misma constitución porque no experimenta ese espíritu republicano que reza en su artículo primero de que “todas las personas gozarán de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección”. Ningún guerrerense en este contexto de  violencia se siente protegido por las autoridades, mucho menos tiene la oportunidad de gozar de los derechos humanos que le permiten crecer y desarrollarse como persona en un ambiente de respeto y seguridad.

Esta situación ha trascendido nuestras fronteras y ha encendido los focos rojos a nivel internacional. Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han volcado sus esfuerzos para recomendar al Estado mexicano de que cumpla con las normas internacionales que ha firmado y que implemente políticas que se orienten a brindar la mayor protección posible a los derechos fundamentales de las personas. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la noche trágica de Iguala junto con las seis personas asesinadas, tres de ellos estudiantes  y varios de sus compañeros  heridos, develó el verdadero rostro del México marcado por la tragedia, la corrupción y la impunidad. Desde aquella fecha que marcó el quiebre de la justicia y el estado de derecho, los ciudadanos y ciudadanas sobre todo los familiares de los desaparecidos, han demandado la implementación de un mecanismo internacional, con la finalidad de que pueda investigar de manera independiente, los crímenes atroces y todos los actos de corrupción relacionados con ello. Es urgente crear este mecanismo para que a través de su asistencia técnica contribuya a abrir caminos orientados a incrementar  los niveles de rendición de cuentas que combatan la impunidad y que rompa con esa estructura de poder que encubre a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y que allane el camino para que haya justicia y verdad en el país, y  en este estado de guerra que hoy padecemos.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan